La actualización y especificación de las misiones principales de las fuerzas federales es una tarea que el Ministerio de Seguridad Nacional comenzó en agosto del año pasado y que ahora entró en su etapa de definición. De la que se llamó internamente como Mesa de Reforma en la cartera que dirige Patricia Bullrich surgieron las modificaciones de las leyes orgánicas que precisan las tareas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Los cambios serán oficializados esta semana y se integran con una serie de medidas que entraron en vigencia en las últimas semanas y que también alcanzaron a otro organismo estatal que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional: el reinstaurado Registro Nacional de Armas (Renar), que conserva las facultades de fiscalización y control de la extinta Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
En esta definición de las competencia y capacidades se asignó un peso importante al componente de investigación y, según destacaron funcionarios nacionales, se establecieron las funciones de prevención que tendrán como responsabilidad primaria y secundaria cada fuerza.
El articulado de los anexos que detallan los cambios aún se mantiene bajo hermetismo. Pero dado el contexto de la aceleración de cambios normativos encarado por el gobierno de Javier Milei bajo el paraguas de las facultades delegadas por la llamada la Ley Bases, cuya vigencia expira mañana, es de esperar que alguna de las particularidades de las reformas de las leyes orgánicas de las fuerzas genere repercusiones tanto a favor como en contra.
“Está pensado como un proceso largo, de diez o doce años, que debe ser sostenido en el tiempo y desde la formación, especialmente en relación con la transformación de la Policía Federal con un perfil claramente investigativo“, explicó a LA NACION un funcionario que participó de la mesa de trabajo.
Hacía referencia al decreto 383/2025, dictado a mediados de junio pasado, que formalizó el rediseño de la Federal para enfocarla en la investigación del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, al estilo del FBI norteamericano. Con esa reformulación, el corazón de la PFA pasa a ser el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), de alcance y despliegue nacional.
Ese rediseño, justamente, no estuvo exento de polémica. Se alzaron voces que expresaron preocupación por lo que definieron como “atribuciones discrecionales” para la función de la Federal, en especial, por la posibilidad de realizar requisas sin orden judicial y por los alcances de la facultad concedida normativamente a la fuerza para realizar pesquisas preventivas de redes abiertas, lo que se conoce como ciberpatrullaje.
La oposición cuestiona que el Gobierno encare reformas de esta envergadura esquivando al Congreso. El vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), advirtió que aquel decreto confirmaba “la deriva autoritaria del gobierno de Milei”.
Independencia castrense
“En otros casos también era necesario concretar actualizaciones normativas que de hecho están asimiladas, pero que no se habían colocado en papel. Incluso había que poner en las leyes que la Gendarmería y la Prefectura son independientes de las Fuerzas Armadas”, añadió aquel funcionario al tanto de los cambios que, según se prevé, se anunciarán oficialmente esta semana.
Esa referencia a romper formalmente el vínculo con el área castrense –en lo que hace tiempo era una separación de hecho– tiene que ver con lo mencionado en las leyes que hasta ahora estaban vigente.
“Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad militarizada, dependiente del Comando en Jefe del Ejército”, se leía en el artículo 1° de la norma sancionada en 1971. “La Prefectura Naval Argentina depende del Comando en Jefe de la Armada”, marcaba aún la norma promulgada en 1973. Ahora queda en claro que “la Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza federal de seguridad militarizada, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional”, según consta en la reforma. De similar forma se definirá ahora la línea de mando de la Prefectura, aunque en su caso sin mencionársela como una fuerza militarizada.
Los gendarmes mantendrán el estado militar. La misión primaria de su fuerza será, como es costumbre, la protección de las áreas de frontera, pero con el agregado -que figuraba también en la vieja ley- de poder cumplir funciones en otros ámbitos.
Control de caminos y transporte
Su participación como auxiliar de la Justicia Federal y la prevención de delitos figuran claramente como tareas principales. Entre sus misiones complementarias aparece la habilitación para “participar en el control y prevención del tránsito y de la seguridad vial en todo el territorio nacional, y el control y fiscalización del transporte automotor terrestre nacional e internacional en el marco de sus competencias”.
Algo similar se establece en la reforma de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde se determina uno de los roles adicionales que podrá tener esa fuerza, la más joven de las cinco federales, creada para reemplazar en el control de la aviación civil a la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), que dependía de la Fuerza Aérea Argentina.
Más allá de que mantendrá su ámbito primario de acción, se precisa en la modificación normativa que “a pedido del Poder Ejecutivo Nacional podrá brindar otros servicios relativos a la seguridad interior y también asumir la responsabilidad primaria de la seguridad del transporte”.
Quienes conocen los pormenores de la reforma indican que es una ventana que se deja abierta para futuras necesidades, como por ejemplo un cambio de funciones en la seguridad ferroviaria, que actualmente está en manos de la Federal, fuerza a la que los cambios le imponen enfocar sus recursos en la investigación de delitos complejos.
En la Prefectura, en tanto, se incorpora como función la de policía de prevención de la contaminación proveniente de buques.
Con la lupa en las redes sociales
Al igual que en el caso de la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal Argentina, que se presentó unas semanas antes, la Gendarmería y la Prefectura tendrán como tarea la prevención del delito en el mundo digital –“tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, se las definió en el artículo 6, inciso 11 del decreto 383/2025– una misión que, para quienes la objetan, es un eventual ciberespionaje, una tarea de inteligencia sin control judicial o una suerte de “policía de conciencia y expresión”.
“Es una mala lectura de lo que pueden hacer las fuerzas en ese tema. Hoy es imposible pensar en investigar redes criminales dejando de lado sus movimientos en las redes públicas”, comentó una de la personas que planificaron esta reforma.
Los funcionarios recordaron que esas tareas deberán realizarse dentro de los límites y parámetros establecidos por la Ley de Inteligencia, que prohíbe hacer recolección de todo tipo de información sobre actividades de los ciudadanos en materias sociales, políticas y económicas, siempre y cuando no tengan que ver con un delito.
Puntualizaron que, de hecho, es tarea rutinaria la pesquisa en redes para buscar actividades ilegales, como por ejemplo, la venta ilegal de armas o la comercialización de artículos robados, o para buscar a prófugos de la Justicia. Incluso, son absolutamente necesarias en la persecución de delitos originados directamente en las redes y la web, como ciberestafas o grooming.
El FBI argentino
En aquella reforma de la PFA contenida en el decreto 383/2025 el peso mayor lo lleva la creación del Departamento Federal de Investigaciones. El DFI tendrá un perfil que estará “en línea con los estándares del FBI norteamericano y de las principales fuerzas internacionales”, enfocado en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
El cambio normativo también abarca al Servicio Penitenciario Federal (SPF) con la idea de “jerarquizar el escalafón profesional después de muchos años en los que el personal del SPF sufrió postergaciones”. Se incorporará en ese sentido una escuela para suboficiales.
Para el Ministerio de Seguridad Nacional, el SPF tiene una vital participación en la prevención del delito a partir del aporte que puede hacer por el conocimiento de las bandas criminales.
