El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta con la propuesta de reforma que establece nuevas reglas para la cancelación y emisión de productos financieros, como tarjetas de crédito.
El documento, que ahora será analizado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, introduce una serie de disposiciones orientadas a fortalecer la transparencia y la protección de los consumidores frente a las entidades financieras y comerciales.
Uno de los puntos centrales de la minuta es la prohibición para que las entidades financieras y comerciales cobren comisiones por servicios, seguros, membresías o beneficios adicionales que no hayan sido autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin el consentimiento expreso del usuario.
Los formularios de contratación no podrán generar ningún cargo o comisión hasta que el cliente haya otorgado su consentimiento explícito, lo que refuerza el principio de que toda obligación financiera debe ser aceptada de manera consciente y voluntaria.
De qué trata la reforma sobre productos financieros
La iniciativa también exige que las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito garanticen la claridad, veracidad y suficiencia de toda la información relativa a costos, cargos y comisiones asociadas a estos productos.
Esta obligación deberá cumplirse conforme a los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario, lo que implica que los consumidores tendrán acceso a datos completos y comprensibles antes de tomar cualquier decisión financiera.
En cuanto al derecho de cancelación, la reforma establece que los usuarios podrán cancelar sus tarjetas a través de mecanismos presenciales, telefónicos y digitales.
Estos canales deberán estar disponibles en aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, mediante un botón visible y de acceso directo, operativo las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año.
Esta disposición busca eliminar obstáculos y facilitar el proceso de terminación de contratos para los usuarios.
La minuta detalla que la cancelación de tarjetas deberá concretarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la solicitud del usuario, sin que se genere ningún costo, cargo, comisión o penalización asociada.
Además, la finalización del contrato deberá quedar formalizada mediante una prueba digital o física que certifique la terminación, también en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
Este procedimiento pretende garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de los consumidores al momento de desvincularse de un producto financiero.
Otra medida relevante es la prohibición de cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos relacionados con las tarjetas, una vez que el usuario haya solicitado la cancelación.
Asimismo, la propuesta estipula que el historial crediticio, el comportamiento de pago o la falta de uso de la tarjeta no podrán tener efectos adversos ni ser reportados a sociedades de información crediticia, lo que protege la reputación financiera de los usuarios tras la cancelación.
Finalmente, la reforma obliga a las entidades financieras a reembolsar cualquier cargo indebido derivado del uso de tarjetas de crédito o débito en un plazo de cinco días hábiles a partir del reporte correspondiente.
