El 24 de julio de 2025, la administración del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, notificó oficialmente a Colombia sobre la inminente deportación de cientos de reclusos de nacionalidad colombiana, actualmente distribuidos en distintas cárceles ecuatorianas.
Esta medida, sustentada en resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios del Ministerio del Interior de Ecuador, se enmarca en la declaración de conflicto armado interno emitida en abril de 2024. Según el Gobierno ecuatoriano, el objetivo es proteger la seguridad nacional frente a amenazas de grupos armados, permitiendo la expulsión de extranjeros vinculados a delitos graves sin que hayan cumplido ni la mitad de sus condenas.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
En este escenario, más de 800 presos colombianos serán expulsados de territorio ecuatoriano en los próximos días, una decisión que generó inquietud en las autoridades por la seguridad en la frontera.
Entre los deportados figuran personas condenadas por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro y hurto, entre otros delitos. La ley reformada autoriza la suspensión de la pena de cárcel a cambio de la deportación, siempre que el individuo no regrese a Ecuador durante cuatro décadas. Si lo hace, la policía podrá detenerlo de inmediato y reactivar la condena pendiente.
En uno de los casos documentados por Caracol Radio, el propio condenado aceptó la deportación y no presentó recursos para evitarla. Las autoridades ecuatorianas notificaron a la Embajada de Colombia, la Cancillería, la Defensoría Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de activar la alerta migratoria correspondiente.
El proceso logístico de la deportación generó un problema administrativo y de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana. Los reclusos llegarán en autobús a Ipiales, en el sur de Colombia, y podrían quedar en libertad, ya que los cónsules colombianos en ciudades ecuatorianas como Tulcán, Guayaquil, Guayas y Esmeraldas no han recibido los expedientes necesarios para determinar si los deportados tienen condenas pendientes en Colombia o requieren documentación adicional. Toda la información relevante permanece bajo control exclusivo de la cónsul colombiana en Quito, Paula Andrea Perdomo, quien, según fuentes de la Cancillería, recibió los datos hace más de dos semanas, pero no los ha compartido con sus colegas en otras ciudades.
La gestión de Perdomo fue objeto de críticas, por su presunta inexperiencia en asuntos consulares y migratorios y su cercanía personal con la embajadora colombiana en Ecuador, María Antonia Velasco, exmilitante del M-19 y exsecretaria de Integración de la alcaldía de Gustavo Petro en 2013. Aunque el perfil oficial de Perdomo indica 17 años de experiencia en el sector público y privado, su formación es en ecología y gestión ambiental, y no pertenece a la carrera administrativa.
Por su parte, la Cancillería de Colombia publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando la deportación de los colombianos privados de la libertad.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permite informar a la opinión pública que el Gobierno de Ecuador ha transmitido al Gobierno de Colombia su propósito de dar inicio, en el marco de su ordenamiento jurídico, a un proceso de deportación de colombianos privados de la libertad en diferentes centros penitenciarios en ese país”.
Así mismo, sostuvo que mantiene conversaciones con el vecino país, con el fin de asegurar que el traslado de los connacionales se realice sin ninguna violación a sus derechos.
“En el espíritu de cooperación que caracteriza las relaciones de entre Colombia y Ecuador, el gobierno colombiano está adelantando por las vías diplomáticas las gestiones tendientes a acordar un procedimiento que garantice condiciones dignas para el traslado de nuestros connacionales al país, así como los principios de seguridad, orden y regularidad que orientan el accionar de los Estados en materia migratoria”.
Y agregó: “Con este gesto de protección humanitaria, el Gobierno de Colombia reafirma el lugar prioritario que la atención a los migrantes ocupa en su política exterior”.
