El Ministerio de Relaciones Exteriores reincorporó al Servicio Diplomático al exembajador de Perú en Israel, Fortunato Quesada Seminario, luego de que el Poder Judicial declarara su destitución del 2018. Elmer Schialer firmó la resolución ministerial que oficializa la medida. Además, se dispone que el proceso disciplinario se reinicie desde cero. Como se recuerda, el funcionario fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral.
“Hoy me reuní al mediodía en Torre Tagle con el viceministro y jefe del servicio diplomático, embajador Felix Denegri, quien me recibió de manera amable como cordial”, dijo Quesada por medio de su cuenta de Twitter/X.
Indicó que conversaron sobre las consecuencias y repercusiones de su reposición y se acordó que su representante legal, el Estudio de Enrique Ghersi, presentará un escrito sobre las derivaciones de la reposición.
“Debo precisar que el embajador Denegri es el primer viceministro que me recibe después de ocurrida mi destitución en diciembre 2018. Cabe señalar que también pedí cita al jefe de gabinete del ministro Elmer Schialer, embajador Rodolfo Coronado, para ser recibido en fecha a ser fijada por el canciller Schaler, conjuntamente con el Dr. Enrique Ghersi”, explicó.
Así fue el proceso de reincorporación
La defensa del exembajador de Perú en Israel había solicitado la nulidad bajo el argumento de que el procedimiento estuvo marcado por vicios y violaciones al debido proceso.
En diálogo con Caretas, Enrique Ghersi, abogado del diplomático, sostuvo que la destitución fue “ilegal e inconstitucional” y afirmó que las investigaciones posteriores han confirmado la versión de su defendido.
Explicó que “lo que pasó en Israel fue un complot donde estuvo involucrado el señor Rubín, miembro del servicio diplomático e inferior jerárquico del embajador, que, siguiendo instrucciones de la alta dirección en Lima, señaladamente de los embajadores Boza, De Zela y Popolizio, se montó un operativo para involucrar falsamente al señor Quesada y lo filtró a algunos medios de comunicación”.
Según el letrado, Rubín confesó en el proceso administrativo haber actuado bajo órdenes de sus superiores. Boza recibió una suspensión de nueve meses, mientras que Popolizio y De Zela habrían sido designados en cargos diplomáticos de primer nivel. Ghersi calificó la maniobra como un caso de ‘entrapment’, una figura reconocida en el derecho internacional, en la que se fabrica una prueba para perjudicar a un funcionario.
Además, denunció que el proceso disciplinario estuvo viciado por faltas al debido proceso, ya que no se permitió a la defensa ofrecer pruebas ni interrogar a los testigos, lo que, según su interpretación, constituye una infracción constitucional.
La defensa dirigió una carta al ese entonces canciller Óscar Maúrtua solicitando que, en uso de sus atribuciones legales y considerando que las investigaciones a los embajadores Popolizio, Zela, Boza y al ministro Rubín han concluido, se declare la nulidad de la destitución y se restituya a Quesada en el servicio diplomático. Además, exigen la apertura de un nuevo proceso administrativo, argumentando que el canciller aún se encuentra dentro del plazo para pronunciarse.
Detalles del caso
El origen del caso se remonta a junio de 2018, cuando un programa televisivo difundió una denuncia basada en audios de conversaciones entre Quesada y dos empleados de la residencia peruana en Tel Aviv, quienes lo acusaron de abuso de autoridad y hostigamiento laboral.
El expediente disciplinario incluyó declaraciones de Rubín, quien fue suspendido seis meses, y señaló la participación de los embajadores Néstor Popolizio, Hugo de Zela y José Boza en los hechos. Boza recibió una suspensión de nueve meses, mientras que Popolizio y De Zela continuaron en cargos de alto nivel.
