La cuestión de los candidatos testimoniales ha vuelto a cobrar vigencia en estos días frente a distintas noticias que dan cuenta de figuras políticas que en las recientes elecciones nacionales y provinciales se postularon a cargos legislativos que no terminarán asumiendo. En algunos casos, porque han sido convocados a cubrir puestos ministeriales en el Poder Ejecutivo Nacional y, en otros, porque ya ocupaban importantes roles ejecutivos que nunca estuvieron dispuestos a abandonar pese a candidatearse a una banca legislativa.
Se trata de un problema que no es nuevo y que, en mayor o menor medida, viene repitiéndose en cada turno electoral. Este fenómeno comenzó a tornarse evidente allá por 2009, cuando el kirchnerismo gobernaba el país. Para los comicios de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, el entonces líder del partido gobernante, Néstor Kirchner, decidió encabezar la nómina de candidatos, acompañado por el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli; la actriz Nacha Guevara y el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa. De esos cuatro primeros postulantes, solo Kirchner se incorporó al Congreso, mientras los restantes renunciaron a cumplir el mandato que les confirió la ciudadanía.
Las elecciones provinciales de Buenos Aires, llevadas a cabo el 7 de septiembre, estuvieron plagadas de casos similares. Uno de los más notables es el de la vicegobernadora Verónica Magario, quien se postuló a la cabeza de la lista de diputados provinciales en la estratégica tercera sección electoral. Por supuesto, fue elegida para ocupar una banca en la Legislatura, pero no cumplirá con ese mandato ciudadano. No pocos intendentes que se postularon como concejales en sus distritos tampoco asumirán los cargos para los que fueron elegidos y continuarán al frente de las respectivas jefaturas comunales.
Otros dos intendentes de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), encabezaron las listas de la primera y la quinta secciones electorales, respectivamente, y resultaron elegidos senadores provinciales. Ambos garantizaron que dejarán sus municipios y asumirán sus cargos legislativos. Es de esperar que ello ocurra.
No será el caso el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien se postuló a diputado nacional pese a tener dos años más de mandato como mandatario provincial. otro claro ejemplo de una candidatura testimonial.
Dos de los casos que más controversia desataron en los últimos días fueron los de Manuel Adorni y Diego Santilli. El primero fue promovido desde su lugar de vocero presidencial hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno nacional por Javier Milei, lo cual obturó su llegada a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pese a haber sido elegido por la ciudadanía porteña tras llevar el peso de la campaña electoral como primer postulante a legislador. Curiosamente, también una de sus principales rivales en esos comicios, la primera candidata a legisladora porteña por Pro, Silvia Lospennato, también anunció que no asumirá esa banca para permanecer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde tiene mandato hasta diciembre de 2027. Otra lamentable decisión.
Tampoco Santilli reasumirá como diputado nacional, luego de su espectacular triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde encabezó la lista de la Alianza La Libertad Avanza. Convocado por Milei, pasará a desempeñarse como ministro del Interior.
Tanto Adorni como Santilli han afirmado que no se consideran candidatos testimoniales. Es probable que, como señalan, no hubieran tenido certeza alguna al armarse las listas de que el presidente de la Nación iba a ofrecerles altos cargos en el Gabinete. Sin embargo, no deja de resultar inquietante para quienes los votaron encontrarse con que no ocuparán los lugares para los cuales la ciudadanía los votó.
Las llamadas candidaturas testimoniales han recibido fundados cuestionamientos, en tanto tensionan los principios del sistema democrático constitucional, se contraponen con un sistema de mandatos fijos, pueden erosionar la división de poderes y, desde luego, distorsionar la voluntad popular, por cuanto confunden a ciudadanos que deciden votar a determinado partido para ver sentado en una banca parlamentaria a alguien que, finalmente, no honrará ese mandato del electorado.
No son pocos los que se postulan a un cargo legislativo sin la real voluntad de asumir la banca. En algunas ocasiones, su presencia al frente de una lista forma parte de una especulación tendiente a sumar votos a su espacio político, y luego renuncian para quedarse en su cargo ejecutivo.
Se vulnera el derecho del pueblo a ser efectivamente representado en el Congreso o en una legislatura provincial o concejo deliberante. La candidatura se convierte, así, en una estafa electoral.
Esa situación engañosa no hace más que acentuar la desconfianza en el sistema electoral y puede incluso explicar parte de la alarmante apatía de muchos ciudadanos a la hora de votar y la tendencia hacia la disminución de la participación electoral.
Legisladores como el diputado nacional Gerardo Milman han presentado proyectos de reforma del Código Nacional Electoral con el fin de que quede claramente estipulado que un funcionario del poder ejecutivo nacional, provincial o municipal que resulte elegido como legislador nacional no pueda renunciar a la banca para mantenerse en el cargo que tenía previamente.
Por respeto a los votantes, debería fortalecerse el sistema democrático terminando de una vez por todas con estas prácticas que dañan el vínculo entre la ciudadanía y la dirigencia política.
