La detención de un hombre de 62 años en el municipio de Sabanalarga, en el departamento de Atlántico, ha generado atención sobre las condiciones de vida de los animales de trabajo en la región.
En medio del desarrollo de los patrullajes habituales de la Policía de Protección Animal, los agentes detectaron un carro de tracción animal cuyo caballo evidenciaba dificultades para movilizarse y trasladar la carga que llevaba.
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Al proceder con una inspección más detallada, constataron que el equino presentaba múltiples heridas y un estado de salud alarmante.
El registro oficial describe que la intervención policial se originó tras una llamada a la línea 123, donde se alertaba sobre el posible maltrato de un caballo en la zona. Conforme a los protocolos de la Ley Ángel, que regula la protección de los animales contra el maltrato, las autoridades actuaron de inmediato.
El coronel John Peña, comandante de la Policía del Atlántico, precisó que “a través de una llamada registrada al 123, en donde notaba una acción de una persona con un ser moviente equino, al inspeccionar las unidades de carabineros, a este animal se le encontraban laceraciones”, según declaraciones públicas.
Al llegar al sitio, las unidades de carabineros confirmaron el estado deplorable del caballo. De acuerdo con el informe de la policía, la presencia de lesiones y la dificultad de movimiento del animal motivaron la activación de los protocolos legales previstos para estos casos.
La Ley Ángel establece directrices claras frente a incidentes de maltrato animal, permitiendo a la autoridad intervenir y poner bajo resguardo a los animales afectados.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras que el caballo quedó bajo observación veterinaria.
Sobre la Ley Ángel
El endurecimiento de las sanciones penales figura como uno de los aspectos más destacados de la Ley Ángel, una reforma legal que fue aprobada por unanimidad en marzo de 2025 en el Congreso de Colombia.
De acuerdo con la normativa, quienes asesinen con dolo a un animal, incurran en actos de violencia sexual contra ellos o les causen lesiones graves enfrentan penas privativas de la libertad superiores a tres años, lo que significa que estos delitos pasan a ser no excarcelables en el país.
La ley no solo contempla el aumento en la severidad de las condenas, sino que también busca atacar el elevado nivel de impunidad que rodea la violencia animal en Colombia. Según las cifras más recientes, alrededor del 98% de los casos de maltrato animal permanecen impunes, situación que motivó la creación y el apoyo parlamentario de la Ley Ángel.
Sin embargo, en el proceso de implementación, surgen varios desafíos. Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de recursos asignados y la resistencia institucional, elementos que podrían dificultar la aplicación efectiva de la normativa.
A pesar de ello, la aprobación y puesta en marcha de esta ley marca un cambio significativo en el panorama jurídico colombiano al otorgar mayor protección a los animales y endurecer las consecuencias legales para los responsables de su maltrato.
