CÓRDOBA.— Hace unos tres meses el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, recibió a Alicia Varela, consejera económica de la Cancillería de España, para cerrar un acuerdo por la deuda que hace más de dos décadas la Argentina mantiene con la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce) por un préstamo de US$30 millones para un pabellón de la cárcel de Marcos Paz. Aunque parecía todo listo, no hubo más novedades.
El tema es seguido de cerca por gobernadores e intendentes que podrían acceder a préstamos respaldados por agencias oficiales de crédito a la exportación (ECAs).
“Estamos trabajando en los procesos internos necesarios para poder sentarnos definitivamente con España para ponernos de acuerdo en lo que falta”, dijeron a la nación desde el Ministerio de Economía.
El documento en el que trabajaron Quirno y Varela incluye reconocimiento de saldo, quita de intereses y esquema de pago. Después de que las partes lo firmen, la Cesce dará por cerrado el contencioso y rehabilitará la elegibilidad de la Argentina para nuevas coberturas. Todo parecía estar listo, pero los tiempos se demoran.
Varios especialistas consultados por este diario sostuvieron que se facilitaría el acceso a unos US$3000 millones en créditos blandos aplicables a proyectos de salud, agua, seguridad, energía y logística, con participación de empresas españolas y componente local argentino.
La historia del crédito y de la posterior deuda se remontan a la segunda presidencia de Carlos Menem. El 8 de mayo de 1998, en pleno tobogán de salida del Gobierno del riojano, la Argentina utilizó algunas de las recetas que el presidente Javier Milei enarbola por estos días. Entonces, un consorcio privado firmó un acuerdo para la construcción y posterior entrega en leasing del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Los millones para el presidio eran fondos públicos españoles que serían aportados mediante una estructura fiduciaria integrada por un banco y un par de constructoras de ese país.
La obra se entregó, miles de presos pasaron y pasan por ahí y todavía hay una deuda que se ha metido en la conversación bilateral desde que asumió la nueva administración.
La increíble historia de la construcción de la cárcel de Marcos Paz, que sirvió de hogar provisorio de presos ilustres como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se ha convertido en un tema recurrente en los encuentros con funcionarios españoles.
Después de la crisis de 2001, el contrato fue pesificado unilateralmente, generando una diferencia en dólares. La Cesce, al indemnizar al banco asegurado, que a su vez le pagó a las constructoras, quedó como acreedora del Estado argentino.
Como contó este diario hace más de un año, el saldo reclamado es de unos US$30 millones, monto que permanece pendiente desde hace más de dos décadas.
Para reactivar coberturas para financiamientos a través de ECAs, es condición necesaria cerrar el litigio.
En mayo pasado, un funcionario cercano a Luis Caputo señaló a la nación que el expediente había pasado a Economía, después de haber estado en Justicia. Aunque todo el tema cárceles es gestionado por el Ministerio de Seguridad, “finalmente, la decisión será de Hacienda”.
Es que la Cesce es la agencia oficial española de crédito a la exportación (ECA) y actúa en representación del Estado español para asegurar operaciones internacionales de bienes y servicios de origen español, incluyendo proyectos de infraestructura y equipamiento público.
Es decir, no son préstamos para obras grises (rutas, puentes, viviendas) sino para, por ejemplo, equipamientos de salud, de seguridad, educación o saneamiento, por caso.
En la Argentina hay más experiencias, fuera del pabellón de la cárcel de Marcos Paz, de financiamiento a través de las ECAs que son instrumentos que permiten asegurar riesgos soberanos o comerciales de operaciones internacionales, otorgar garantías al sistema bancario para el financiamiento de exportaciones y proyectos de inversión y facilitar créditos de mediano y largo plazo a tasas preferenciales, con respaldo estatal.
La mayoría de los países de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos cuentan con una ECA oficial, que actúa como vehículo de apoyo financiero al comercio y la inversión exterior.
Hay contactos de fondos que otorgan préstamos a través de ECAs con gobernadores e intendentes en la actualidad, por lo que existe interés en que se termine el litigio entre la Argentina y la Cesce para que se regularice la situación.
Es que normalizado el caso, se facilitaría el acceso a créditos canalizados por bancos europeos con respaldo Cesce que tienen tasas de interés más bajas que las del mercado local y plazos de repago que van entre 10 y 15 años. Además, cuentan con períodos de gracia iniciales, que permiten madurar las iniciativas.
