Durante la presentación del libro “¿Qué es el derecho?” en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, el exmagistrado del Tribunal Constitucional y actual secretario general del Instituto de España, Andrés Ollero, expresó que ha llegado el momento de “arreglar esto”, en referencia tanto al sistema de elección del fiscal general del Estado como a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, señalando la necesidad de introducir cambios “sin vetos”. En ese contexto académico en Madrid, varios expertos subrayaron la importancia de modificar la Constitución para dotar de un método imparcial la selección del máximo responsable del Ministerio Público y disminuir su vinculación al entorno político, tal como consignó el medio.
El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó en el acto que la Constitución actual establece que el nombramiento del fiscal general corresponde al Gobierno, lo que condiciona que, mientras no exista una modificación constitucional, los nombramientos respondan a personas del círculo de confianza del Ejecutivo de turno. Así lo detalló Lesmes, actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, secundando las propuestas de cambio expuestas durante la presentación, según relató el medio.
Durante su intervención, Lesmes insistió que “la Constitución dice que lo nombra –al fiscal general– el Gobierno, y si no se cambia la Constitución será siempre así. El Gobierno va a nombrar a personas que están en su entorno de confianza, lógicamente”. Estas palabras, recogidas en el acto, reflejan la crítica compartida acerca del sistema vigente, al que también se refirió Ollero para incidir en la urgencia de modificar tanto este modo de designación como el correspondiente a los integrantes del Tribunal Constitucional.
En la mesa de presentación participaron además Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y Juan Arana, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, quienes también abordaron los retos actuales del derecho y el papel de las instituciones. De acuerdo con lo publicado, Ollero reiteró la necesidad de revisar el modelo de elección para asegurar una mayor garantía de imparcialidad y desconexión del poder político, postura que halló eco en las reflexiones de Lesmes.
El expresidente del Supremo expuso además consideraciones recogidas en el manual de Ollero, donde se aborda la distinción entre responsabilidad política y judicial. Lesmes puntualizó en el acto que resulta improcedente mezclar estos conceptos, destacando que la responsabilidad política debería poder exigirse en ocasiones incluso ausente una resolución judicial previa, enfatizando la independencia que debe regir ambos tipos de responsabilidad.
En otro tramo de su intervención, Lesmes afirmó: “No hay poder público exento de control de legalidad y el control de legalidad en última instancia les corresponde a los tribunales”. Esta declaración, que cerró su participación, subrayó la centralidad del control judicial sobre los actos de los poderes públicos y la relevancia de salvaguardar ese principio, según detalló el medio.
Las declaraciones revelan un consenso entre juristas presentes acerca de la necesidad de reformar los procedimientos constitucionales para dotar de mayor neutralidad e independencia tanto la Fiscalía General del Estado como el máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional. Además, el acto sirvió para destacar los desafíos actuales en la separación de poderes y en la clarificación de los ámbitos de responsabilidad dentro del sistema institucional español, tal como reportó el medio organizador del evento.
