CÓRDOBA.— Los jurados populares absolvieron este lunes a los dos exfuncionarios acusados en el juicio por el caso Solange Musse. Estaban imputados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La Fiscalía de Cámara había pedido un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para los dos. También había solicitado que se declare a Solange Musse y sus familiares víctimas de violencia institucional. La querella, en tanto, había pedido dos años de prisión condicional. Los defensores de los acusados, la absolución.
Más temprano, en sus últimas palabras frente al tribunal, el padre de la joven, Pablo Musse, había dicho: “Esto no es un alivio, es un compromiso que asumimos por Solange y por todos los abusos que hubo en 2020 y que nadie quiso denunciar. Sabíamos que era un camino largo, pero acá estamos”.
“Lo mío era una necesidad: ver a mi hija, abrazarla y estar con ella. Pueden poner las excusas que quieran, la verdad que cinco años esperar esto para llegar a la conclusión de que parece que el único culpable acá soy yo”, cuestionó.
“No creo que haya justicia”, había dicho más temprano a los medios. A LA NACION le aseguró que estaba “con bronca y con tristeza” y que esperaba que hubiera un segundo juicio para los responsables que estuvieron “por encima” de los dos acusados en el juicio que terminó. “Pero, por ahora, solo están estas dos personas”, había sintetizado.
Pablo Musse había enfatizado que la pena solicitada por el fiscal no alcanzaba para reparar lo que vivieron. “Así sean 10 años de cárcel, ningún padre queda aliviado. Queremos que se la recuerde como una guerrera, una luchadora. Por algo su carta está en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Eso la mantiene viva todos los días”.
“Solange está siempre viva, desde el minuto uno hasta hoy. Va a seguir viva con nosotros, cuidándonos, y algún día nos vamos a encontrar”, dijo.
Los acusados eran José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y Analía Morales, asistente social, exintegrante del COE Regional Río Cuarto. El primero fue absuelto por mayoría y, Morales, por unanimidad.
En la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto se debatió respecto de quién era la responsabilidad de que Pablo Musse y su cuñada no pudieran ingresar a esta provincia en agosto del 2020, en medio de la pandemia de Covid, para poder ver a su hija por última vez ya que ella atravesaba la etapa final de un cáncer de mamas.
“La imputación es muy leve así que no hay justicia. Pero es algo: es para dejar un precedente de que el resto de los argentinos puedan hacer algo también”, había dicho Pablo Musse a El Doce antes de que empezara la última audiencia.
El fiscal de Cámara, Julio Rivero había pedido que a Andrada se lo declarara coautor de abuso de autoridad por acción y a Morales coautora de abuso de autoridad por omisión impropia (comisión por omisión). Para ambos había solicitado un año y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por el doble de la condena.
Había considerado que los familiares de Solange Musse fueron “víctimas de violencia institucional y de un Estado autoritario”.
Según la acusación, los imputados desatendieron la directriz según la cual, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
El caso
Solange Musse murió el 21 de agosto del 2020 sin poder despedirse de su papá, aunque esa había sido su última voluntad. Él y su cuñada, Paola Oviedo, debieron regresar “encapsulados” y escoltados por la policía desde el puesto sanitario de Huinca Renancó en el sur de Córdoba a Plottier, en Neuquén.
Al hombre le dieron positivos dos tests de Covid-19 y le rechazaron el ingreso. Después, en Neuquén, una nueva prueba le dio negativa. No traía con él un PCR negativo que se exigía en ese momento.
La carta
“Lo escribo porque no puedo hablar mucho, lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona», escribió Solange Musse, horas después de que sus familiares no pudieran ingresar a la provincia.
“Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que les hicieron. Los trataron como si fuesen delincuentes. Espero que esto que le pasó a mi familia no le suceda a nadie más”, escribió.
La joven estaba atravesando la última etapa de un cáncer terminal y debió ser trasladada de su casa en Alta Gracia a un sanatorio en la capital cordobesa. Al día siguiente, en la madrugada, falleció.
Audiencias
En este proceso, además de los imputados, declararon exfuncionarios claves como el exministro de Salud Diego Cardoso; el médico Sergio José Ali; el exdirector del Centro de Emergencias (COE) Regional Carlos Pepe; el extitular del COE provincial Juan Ledesma (condenado por abuso sexual); el exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria Claudio Vignetta y el exmiembro del organismo Ciceri.
Cardozo, por caso, repasó que en agosto de 2020 hubo un pico con 70 muertos por Covid-19 en Córdoba y reiteró que sin un PCR negativo no se podía ingresar a la provincia. Planteó que hacerle dos tests a Pablo Musse fue “una flexibilización”.
Pepe señaló que el fundamento de la decisión se debió al “protocolo que existía en ese momento y que definía quién ingresaba y quién no a la provincia de Córdoba». También indicó que Pablo Musse venía de una “zona roja” como Neuquén. En su testimonio desligó a Morales de cualquier tipo de responsabilidad.
Las defensas de los dos acusados sostuvieron que ellos no fueron los responsables directos de la decisión y subrayan que cumplieron con las normas que estaban vigentes. En ese marco fue que en la última audiencia pidieron su sobreseimiento.
En la Argentina no hay otros casos similares a este en la Justicia. Lo más similar es la imputación del expresidente Alberto Fernández en setiembre del 2024 por parte del fiscal Carlos Stornelli por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de la cuarentena que decretó por la pandemia.
La medida fue tomada en el marco de una presentación judicial encabezada por Yamil Santoro, legislador porteño que lo denunció penalmente.
