Primero fue sorpresa; luego, reacción. Inmediatamente después, vino la retórica, el enojo y la búsqueda de algún culpable. Luego, las argumentaciones políticas para apuntar los errores y tratar de facturar alguna punta suelta para el molino electoral propio. Pero, cuando pasan las horas y la cuestión empieza a sedimentar, pues no queda otra que concentrarse en el trabajo jurídico para intentar revertir la decisión de la jueza de Nueva York Loretta Preska para que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF.
Así las cosas, cada parte ha empezado a trazar su estrategia de corto que, claramente, deberá insertarse en la que se estableció para el largo plazo. En ese punto de las cosas, mal que le pese a la administración del presidente Javier Milei, el Gobierno está en el mismo barco que Carlos Zannini, Bernardo Saravia Frías o Axel Kicillof. El motivo es simple: si hay algo que no le importa a la jueza estadounidense son los cambios de mando en la Argentina. Para ella, la defensa del Estado es sólo una, mucho más allá de los avatares políticos criollos.
El mapa de acción del Gobierno tiene como prioridad la interposición de un recurso de apelación de la decisión de la magistrada ante el tribunal de alzada. Aunque parezca una empresa ciclópea, hay varios argumentos que los técnicos del Estado han empezado a desmenuzar.
En ese juzgado superior se encontrará con otra apelación que ya realizó el país y que se refiere a la cuestión de fondo. Es decir, lo que ya está recurrido es la sentencia de 2023 en la que se condena a la Argentina a pagarle a los fondos Burford y Eton Capital -dueños del litigio- US$16.100 millones por no haber dado un trato igualitario a todos los socios cuando se estatizó la porción representativa del 51% de las acciones de Repsol en YPF.
La Cámara aún no resolvió aquel recurso que concedió, en su momento, sin carácter suspensivo ¿Qué significa esto? Pues que los efectos de la sentencia no quedan en pausa hasta que se resuelva el asunto sino que, como en este caso, se puede perseguir en cobro. Eso fue lo que hizo Preska en esta resolución donde se intima para que se entreguen los papeles de la titularidad de la petrolera en un banco de Estados Unidos.
Lejos de las zancadillas políticas y los exabruptos rimbombantes, los abogados argentinos miran las hendijas jurídicas del fallo que permita meter una cuña con la apelación. Una de ellas, y la más importante quizá, es la que se esconde en la decisión de la jueza de Nueva York de ejecutar su sentencia con activos que no están en Estados Unidos. Toda una novedad.
Hasta ahora, y bajo ciertas condiciones que están listadas en una norma americana, los tribunales de se país se arrogan jurisdicción para intervenir en casos ocurrido en cualquier parte del planeta siempre que tengan algún capítulo en territorio estadounidense. De ahí que las empresa listadas en sus bolsas de valores, como el Dow Jones o el Nasdaq, pueden ser juzgadas por sus hechos en cualquier parte del planeta en aquellas cortes. Esa ampliación de la jurisdicción es uno de los puntos fuertes del apego a la justicia de Estados Unidos que tienen las empresas de todo el globo.
Sin embargo, más allá de la sentencia, la dificultad viene a la hora de ejecutar esas decisiones. En este caso, ni Preska ni los fondos lograron encontrar bienes argentinos que puedan embargarse en los Estados Unidos. Es entonces cuando la magistrada pidió que se envíen las acciones de la petrolera YPF a un banco americano y entonces sí, disponer de ellas y lograr un pago a cuenta.
Este supuesto, que parece un tema menor, se trata nada más y nada menos que una solución que no tiene demasiados antecedentes. Sucede que no hay otro juicio donde un tribunal americano le ordene a un país soberano que lleve algún bien a Nueva York para ser entregado como pago.
Más allá de que la Argentina no está en condiciones económicas de afrontar el pago y de que el Presidente no puede disponer de las acciones de YPF por una limitación de Congreso, la solución de Preska tiene ambiciones como para cambiar la estructura jurídica global. Si se acepta este proceso, podría darse el caso de estados soberanos en un peregrinaje eterno a Estados Unidos a pagar sus deudas con bienes. Una conmoción en el sistema jurídico mundial que impera bien podría ser la argumentación de los abogados locales para desacreditar la solución propuesta en esta decision.
Pero, Preska sabe que el Gobierno apelará y que el día después del vencimiento del plazo de 14 días para entregar las acciones la Argentina no cumplirá con el mandato. Conoce las formas de la Argentina pero, también, la resistencia de los estados soberanos de someterse mansos a la justicia de Estados Unidos. Es posible que magistrada ya tenga preparada su segunda jugada para entonces. Las liebres son animales lentos si se las colocase a participar de este juego de velocistas.
En la misma silla que ahora ocupa la jueza estuvo sentado durante años Thomas Griesa. Fue el magistrado ya fallecido quien tramitó el caso de los tenedores de bonos argentinos que no entraron a los variados canjes que ofreció el país y que pretendían cobrar su créditos. Ante el incumplimiento del Gobierno de satisfacer aquellas sentencias, dictaminó la prohibición para el sistema financiero americano de colaborar con los pagos y las transacciones del gobierno argentino. De a poco, obligó a negociar con los llamados hold out.
Preska podría recorrer un camino similar cuando llegue el día 15, o lo que s lo mismo, el día uno de un nuevo incumplimiento. En ese caso, la que quedaría en el medio de la decisión es YPF, una empresa con capital estatal mayoritario pero que se mueve como una sociedad privada en los negocios. Y ahí los efectos son inmediatos y se ven en minutos en el precio de su acción.
