El funcionamiento de Uber dentro del sector de reparto en Cataluña, caracterizado por la contratación predominante de repartidores bajo la modalidad de autónomos, ha suscitado la intervención directa de las autoridades laborales de la región. A raíz de los indicios detectados de que estas relaciones encubrirían una vinculación laboral ordinaria, la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat presentó una solicitud formal ante la Fiscalía para que abra una investigación dirigida a la plataforma estadounidense por presuntas irregularidades, según reportó El Periódico.
Esta iniciativa se explica por la preocupación del Govern respecto a la utilización de la figura de los falsos autónomos en el mercado laboral español, una práctica recurrente en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. La Generalitat sostiene que emplear a repartidores bajo contratos de autónomos mientras desempeñan funciones que corresponden a trabajadores asalariados constituye una infracción de la normativa laboral y fiscal, originando un perjuicio a la Seguridad Social. El Periódico detalló que el Ministerio de Trabajo nacional también evalúa la posibilidad de solicitar que la Fiscalía active la vía penal en el caso, dependiendo de los hallazgos de la pesquisa.
El modelo contractual sobre el que operan empresas como Uber ha sido cuestionado por las autoridades autonómicas y estatales, que consideran que la calificación como autónomos puede emplearse para eludir obligaciones laborales e impositivas. Las primeras investigaciones realizadas, según la información consignada por El Periódico, sugieren que Uber estaría reclutando “riders” bajo esquemas contractuales que impiden reconocerlos como empleados, un sistema que replantea la legalidad de sus relaciones laborales y su responsabilidad ante la Seguridad Social.
La Generalitat insiste en que la definición inadecuada de la relación laboral con los repartidores no solo repercute en el cumplimiento de las cuotas a la Seguridad Social, sino también en la garantía de los derechos de los trabajadores. Según recogió El Periódico, esta inquietud ha motivado que la administración catalana reclame una respuesta judicial inmediata, subrayando la importancia de presentar la denuncia ante la Fiscalía a la mayor brevedad posible y definir mecanismos que obliguen a las plataformas a ajustar sus modelos contractuales.
El planteo de la Generalitat incluye la posibilidad de que Uber adapte su operativa a esquemas similares a los que emplea Glovo en la actualidad, empresa que combina tanto repartidores subcontratados a través de terceras compañías como autónomos inscritos, luego de haber afrontado investigaciones y sanciones por la utilización de figuras de falsos autónomos. De acuerdo con la información publicada por El Periódico, este antecedente marcaría un posible precedente para la reestructuración de los modelos de negocio que aplican otras plataformas del sector.
La administración autonómica, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, busca fortalecer la supervisión y persecución de conductas empresariales que sean contrarias al marco jurídico vigente. El Periódico explica que la decisión de elevar el caso a la Fiscalía, más allá de la imposición de sanciones administrativas, responde a la necesidad de delimitar responsabilidades penales y acelerar el esclarecimiento de los hechos.
A medida que se intensifica la vigilancia sobre las plataformas digitales, la Generalitat y los órganos nacionales enfatizan la doble dimensión del conflicto: no solamente las eventuales pérdidas de ingresos fiscales para el Estado, sino también la afectación sobre las condiciones laborales y sociales de los repartidores. Este doble enfoque guía la acción coordinada de las instituciones para ajustar el funcionamiento de estos servicios al marco legal, evitando que figuras contractuales fraudulentas desprotejan a los trabajadores y sustraigan recursos de la seguridad social.
El Periódico subraya que la investigación requerida por la Conselleria de Empresa y Trabajo introduce una nueva etapa en el control del mercado de plataformas y abre la puerta a que, si se confirman las irregularidades, Uber se vea obligada a modificar de manera relevante su actividad en la región. Esta posibilidad se enmarca en un contexto más amplio de presión institucional sobre las empresas de reparto, dirigido a combatir la proliferación de los falsos autónomos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en toda la cadena del sector.
Desde el Govern, fuentes señaladas por El Periódico indican que la denuncia no solo busca sancionar a Uber en caso de confirmarse la existencia de irregularidades, sino también promover la redefinición del conjunto del ecosistema de plataformas digitales conforme a los parámetros legales en vigor. De esa manera, las autoridades pretenden avanzar hacia un mercado donde la relación laboral se ajuste a lo que determina la ley, y se evite la utilización de esquemas que puedan perjudicar tanto a los trabajadores como a la administración pública.
La cuestión del falso autónomo, recuerdan las autoridades, constituye un problema estructural en el crecimiento de las plataformas digitales de reparto en España, lo que ha llevado a la administración catalana a estudiar nuevas propuestas regulatorias y a mantener la vigilancia activa sobre las empresas implicadas. El proceso abierto por la Conselleria, en palabras recogidas por El Periódico, representa uno de los esfuerzos más notorios recientes para redefinir los límites legales de la economía digital y responder a los retos que plantean las nuevas formas de empleo.
