Las comunidades autónomas que han estado presentes este jueves en la reunión de la conferencia sectorial convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y que ha sido suspendida por falta de ‘quórum’, han afeado a las comunidades del PP que no han asistido su «falta de respeto» por darles plante y su «insolidaridad» con los menores migrantes no acompañados. Mientras, las CCAA ausentes se han justificado diciendo que la convocatoria era «ilegal».
Así lo han manifestado a la salida de la sede del Ministerio de Derechos Sociales, donde se iba a celebrar la reunión, a la que solo han asistido seis CCAA –Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Euskadi– y la ciudad autónoma de Ceuta.
La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Mònica Martínez Bravo, ha criticado la «profunda insolidaridad e irresponsabilidad» de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y sobre el hecho de que Cataluña haya quedado fuera del reparto de menores ha asegurado se debió a un «esfuerzo previo muy importante y no a un trato de favor».
Entre las que sí han asistido a la reunión también se encontraba la ciudad autónoma de Ceuta, la única gobernada por el PP que ha acudido a la cita. En concreto, ha estado presente el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán (PP).
El vicepresidente y portavoz del gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha mostrado su rechazo al posicionamiento de su partido. «Es una situación que no nos gusta», ha manifestado Ramírez, para quien la solidaridad entre todas las CCAA en esta cuestión es «fundamental», y no cree que deba existir «discusión ni debate».
Asimismo, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha calificado de «falta de respeto» el desplante de las CCAA del PP, sobre todo hacia Ceuta o Canarias, que están «sufriendo en primera persona todo este tema» migratorio. En todo caso, Delgado ha reprochado al Gobierno de España que la financiación prevista para acoger a los menores migrantes no acompañados es de 100 millones de euros para casi 4.000 niños que hay que sacar tanto de Ceuta como de Canarias, lo que «evidentemente no da sino para tres meses».
En este punto ha coincidido la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, quien, tras asistir a la cita, ha insistido en pedir financiación suficiente para poder acoger a menores migrantes, alertando de que «no se puede hacer un low cost con un tema tan sensible».
Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha expresado su «indignación profunda» por el «plante» de las CCAA del PP «tras meses, tras años, retrasando y poniendo toda clase de obstáculos para el reparto de los menores». A su juicio, «el Gobierno de España, con este Real Decreto que hoy ha sometido a la consideración de la Conferencia Sectorial, daba una solución ordenada, justa y ágil».
Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, que también ha estado en la reunión, ha pedido al PP respeto a los ámbitos de diálogo como esta Mesa Sectorial y aunque ha apuntado que Euskadi va a acoger «cero» menores migrantes en este reparto, es porque ha sido «corresponsable» durante «muchos años».
«REPARTO INCONSTITUCIONAL E INHUMANO»
Mientras, entre las comunidades que han plantado a la ministra, se encontraba la Comunidad de Madrid, cuya consejera Ana Dávila ha asegurado que no ha acudido a la reunión porque se niega a «ser cómplice de un reparto inconstitucional e inhumano». «No se puede gobernar a golpe de decreto ni repartir menores como si fueran mercancía», ha advertido Dávila, al tiempo que ha reprochado que la Comunidad de Madrid sería la segunda que más acogería, con hasta 647 menores.
Por su parte, la consejera de Política Social de Galicia, Fabiola García, avisó este miércoles que no acudiría a la Conferencia Sectorial por haber sido «convocada de forma ilegal» e insistió en que «el sistema de protección autonómico tiene una sobreocupación del 108%, por lo que Galicia carece de la capacidad necesaria para hacer frente a la acogida de 317 menores más». Además, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido «planificación, recursos presupuestarios y objetividad».
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, Begoña Gómez del Río, que tampoco ha acudido, mostró este miércoles su rechazo a que los menores sean «objeto de intercambio político». «Son personas, no paquetes», advirtió, al tiempo que acusó al Gobierno de utilizarlos como «coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno».
Tampoco ha asistido a la reunión la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia de Baleares, Sandra Fernández, quien este miércoles avanzó que se ausentaría a modo de protesta por el «reparto forzoso». En un comunicado, señaló que Baleares acoge a más de 200 menores por encima de su capacidad, lo que «pone en riesgo el colapso del sistema de protección de menores». Además, este jueves, la presidenta del gobierno balear, Marga Prohens, ha justificado la decisión porque, a su juicio, «es la única alternativa que dejan».
Mientras, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, mostró este miércoles su oposición «frontal» al «intento de imposición» del Gobierno de España que, a su juicio, con este reparto sólo busca enfrentar a las CCAA entre sí, al excluir del reparto a Cataluña y País Vasco. «La llegada forzosa de más menores, sin recursos, sin planificación y sin garantías, nos obligaría a abrir macrocentros que imposibilitan su atención personalizada e integración», avisó.
Murcia tampoco ha asistido a la Conferencia Sectorial de Infancia por considerar que la convocatoria es «ilegal». Por este motivo, el Gobierno regional presentó ayer un requerimiento ante el Ministerio de Juventud e Infancia para solicitar la anulación o revocación del acto. Además, considera que desde el Ministerio de Juventud e Infancia continúan sin aclarar los datos que han utilizado para el cálculo de la capacidad ordinaria.
En esta misma línea, la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha asegurado que el Consell explorará «todas las vías posibles» para evitar el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno pues lo consideran «inconstitucional, irresponsable e injustificado» ante las capacidades de acogida. Según ha apuntado, la Comunidad Valenciana debería acoger un total de 571 y acogerlos con el sistema de protección, que tiene un precio de 218 euros al día por menor, supondría «45,5 millones de euros».
Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido al Gobierno central que no trate como «tontas» a las autonomías del PP ya que, como ha defendido, el reparto es una «imposición». «Lo que hace el Gobierno primero es pactar con los partidos separatistas y luego querer imponer este acuerdo al resto de comunidades autónomas sin escuchar», ha criticado el portavoz.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha acusado al Gobierno de España de «tratar a los niños migrantes como mercancía» y ha justificado su ausencia por no querer «contribuir» a esta situación. Según ha apuntado, le comunicó a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que la convocatoria de la conferencia «era ilegal», y ha asegurado que «nunca tuvo respuesta».
