La intensificación de conflictos, la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos han provocado cifras récord de desplazamiento forzado en todo el mundo, de forma que a lo largo de 2024 más de 122 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, la gran mayoría dentro de sus propios países, mientras que otros fueron recibidos sobre todo por naciones vecinas de renta media y baja. Entre los principales focos de crisis de desplazamiento forzado figuran Siria, Venezuela, Afganistán, Ucrania, Sudán, la región del Sahel y Palestina, enclave este último donde, hasta la fecha, la ofensiva israelí ha dejado más de 50.000 muertos, 1,9 millones de personas desplazadas y una respuesta internacional aún insuficiente, tal y como ha indicado este lunes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la presentación de su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa.
Desde finales del año pasado, España participa en la elaboración de una nueva Ley de Asilo para adaptar su marco normativo al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio de 2024 y establece un enfoque centrado en la contención, el control y la externalización de fronteras, por lo que ha sido ha recibido numerosas críticas por parte de organizaciones humanitarias que alertan sobre el riesgo de que esas medidas debiliten la protección de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Por eso desde CEAR destacan la importancia de que la nueva norma española “refuerce y mejore la garantía de los derechos humanos”. Esta sería la tercera Ley de Asilo, pues las dos anteriores se aprobaron en 1984 y 2009.
“El Gobierno español está ante una oportunidad histórica de abanderar una Unión Europea centrada en las personas, pues ahora más que nunca son necesarias políticas que sirvan de dique de contención ante las oleadas antimigratorias y la amenaza que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo, si no se implementa de forma garantista con los derechos, en un mundo en el que cada vez más personas tienen que huir de sus países”, ha defendido la organización. “Nos encontramos en una encrucijada histórica. Confiamos en que el Gobierno español tome el camino adecuado y descarte cualquier vía alternativa que suponga vulnerar derechos y abrazar las políticas inhumanas que se promulgan en otros países”, añaden.
CEAR considera que la Ley de Asilo debe poner el foco en el mantenimiento de las garantías ya existentes como la asistencia jurídica gratuita a lo largo de todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior, entre otros. Además, añaden, la norma “debe asegurar que los nuevos procedimientos como el de triaje cuentan con todas las garantías y se respeta el principio de devolución, con la participación de organizaciones especializadas y no suponen un riesgo de extensión de las situaciones de detención, que deben ser siempre el último recurso”.
“Hay margen de mejora”
CEAR considera que España “aún tiene mucho margen de mejora”, tal y como evidencian los datos de asilo, que sitúan al país a la cola de la Unión Europea en cuanto a reconocimiento, pese a que en 2024 se registró un ligero incremento con respecto al año anterior. No obstante, solo un 18,5% de las solicitudes de asilo recibieron una respuesta favorable, casi 30 puntos menos que la media europea del 46,6%.
En 2024, la UE recibió un total de 995.335 solicitudes de protección internacional, un 12% menos que en 2023, y fue de nuevo Alemania el país que registró mayor número, con 229.695, seguida de España, con 167.366, lo que supone un incremento del 2,5%. El informe también indica que las principales nacionalidades de los solicitantes de asilo en España procedieron de Venezuela, Colombia y Mali, siendo este último país africano el que más creció debido al agravamiento del conflicto, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria. Además, CEAR critica las dificultades de conseguir una cita para formalizar la solicitud de asilo y los largos tiempos de espera “siguen dejando en un limbo jurídico a miles de personas”.
En cuanto a la distribución territorial de las solicitudes, la Comunidad de Madrid (47.439), Andalucía (25.538) y Cataluña (17.488) se situaron a la cabeza, mientras que las presentadas en Canarias descendieron ligeramente. A lo largo de 2024 también aumentaron levemente las solicitudes en Aragón (8.153), País Vasco (7.729) y Melilla, y las registradas en Ceuta casi se duplicaron.
Menores migrantes no acompañados
En este contexto, añade el informe de CEAR, se produjo un aumento en las llegadas por vía marítima, principalmente a Canarias, pero también a Baleares, donde se identificó una nueva ruta migratoria procedente de Somalia. “Aunque el volumen de llegadas no supone un reto inasumible, la falta de planificación ha obligado a mantener una respuesta de emergencia prolongada”, aclara la organización, que recuerda que en el caso de Canarias, una de cada siete personas llegadas eran niñas, niños o adolescentes, la mayoría sin referentes familiares.
De hecho, la protección de los menores migrantes no acompañados se ha convertido en “uno de los principales desafíos migratorios”, dado que el sistema se encuentra desbordado y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se oponen al decreto que modifica los criterios de distribución. Fue el pasado mes de marzo cuando PSOE y Junts per Catalunya llegaron a un acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, una reforma que establece el reparto de menores migrantes teniendo en cuenta factores como la renta y el desempleo de cada región, así como las inversiones previas para acoger a estos niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, CEAR también recuerda que el nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, si bien flexibiliza requisitos como el arraigo para algunas personas en situación irregular, por otro lado “excluye del cómputo a quienes han visto sus solicitudes de asilo rechazadas, obligándoles a permanecer dos años en situación irregular». De ahí la importancia, destaca la organización, de que el Congreso apruebe a la brevedad la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de medio millón de personas migrantes, pues serviría para “dar respuesta a esas situaciones de irregularidad que quedan fuera del nuevo reglamento”.
