El expresidente César Gaviria ha emitido un comunicado en el que cuestiona con severidad el Decreto 0639, firmado por el presidente Gustavo Petro, que convoca a una consulta popular el próximo 7 de agosto.
Según Gaviria, este decreto es “manifiestamente violatorio del artículo 104 de la Constitución”, al no cumplir con el requisito indispensable de contar con un concepto favorable del Senado de la República, como lo establece la carta magna.
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De acuerdo con el comunicado difundido por Gaviria, el decreto no solo ignora el concepto desfavorable emitido por el Senado, sino que también pretende invalidarlo al argumentar supuestas irregularidades en su trámite legislativo.
El expresidente subraya que esta acción constituye un atropello a las instituciones democráticas y una usurpación de funciones que corresponden exclusivamente a la justicia, en particular al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional.
“El Presidente y los ministros que lo firmaron atropellan al Senado y se arrogan facultades de la administración de justicia”, afirmó el expresidente.
El artículo 104 de la Constitución establece que el presidente de la República puede convocar consultas populares únicamente si cuenta con un concepto previo y favorable del Senado.
Gaviria enfatizó que este requisito no fue cumplido, ya que el Senado emitió un concepto desfavorable a la solicitud de consulta popular.
Según el expresidente, el decreto no menciona en ninguna parte que se haya obtenido dicho concepto favorable, lo que constituye una violación flagrante de la Constitución.
“El decreto es tan grotesco que no le deja al Registrador Nacional camino diferente a aplicarle la excepción de inconstitucionalidad”, añadió.
El comunicado también señala que el decreto firmado por Petro busca impedir cualquier control judicial previo, al sostener que solo la Corte Constitucional puede pronunciarse sobre su legalidad, pero únicamente después de que se haya llevado a cabo la consulta.
Gaviria calificó esta estrategia como un intento doloso de quebrantar la Constitución de 1991. Además, acusó al presidente de actuar con autoritarismo y de presionar a sus ministros para que firmaran un acto que considera arbitrario.
En su declaración, Gaviria destacó que el concepto desfavorable del Senado fue certificado por el secretario general de esta institución y puesto en conocimiento de las autoridades competentes, incluido el Registrador Nacional.
Según el expresidente, esta certificación demuestra que el Senado cumplió con su función y que el decreto del gobierno no puede transformar esa decisión en una omisión o silencio legislativo. “Todo el país presenció la decisión adversa del Senado”, afirmó.
El expresidente también hizo un llamado al Registrador Nacional para que aplique la excepción de inconstitucionalidad al decreto y se abstenga de ejecutarlo, permitiendo así que la justicia tenga tiempo para pronunciarse.
Gaviria argumentó que esta medida es necesaria para evitar que se consume lo que calificó como una arbitrariedad y para garantizar el respeto al artículo 104 de la Constitución. “Al abstenerse de ejecutar el decreto, el Registrador evitará que se abra un camino autoritario y permitirá que prevalezca la Constitución”, expresó.
Finalmente, Gaviria invitó a las fuerzas democráticas de Colombia y a la comunidad internacional a rechazar lo que considera un camino autoritario emprendido por el presidente Petro.
En su comunicado, el expresidente subrayó la importancia de rodear al Registrador Nacional con respaldo y apoyo en este momento crítico para la democracia del país. “Las instituciones democráticas son más fuertes que los caprichos de cualquier político obnubilado por sus fracasos y embriagado por el poder transitorio que detenta”, concluyó.
El presidente también abordó las críticas y posibles consecuencias legales que podrían enfrentar los ministros que firmaron el decreto. Petro aseguró que no teme a las demandas y que incluso se sentiría orgulloso si sus ministros enfrentaran procesos judiciales por apoyar la convocatoria. “Quisieron meterle miedo a mis ministros de que se van a ir presos […] hasta me sentiría orgulloso”, declaró.
En su intervención, Petro dirigió fuertes críticas al Senado de la República, que en ese momento continuaba discutiendo la reforma laboral.
Según el mandatario, la única propuesta verdaderamente progresista es la que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes.
Por ello, instó al presidente del Senado, Jaime Raúl Salamanca, a no conciliar el proyecto si la plenaria aprueba una versión distinta de la reforma. Este llamado representa un hecho inusual en la política reciente del país.
El presidente estableció un ultimátum al Senado: si la reforma laboral que él respalda es aprobada antes de las 8 de la mañana del 12 de junio, derogará el decreto que convoca la consulta popular. Esta declaración pone de manifiesto la importancia que el mandatario otorga a la reforma como parte de su agenda política.
