El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó este lunes la entrega oficial de archivos reservados a familiares de víctimas de la dictadura militar (1973–1990), en el marco de una política estatal que busca avanzar en verdad y justicia. Las denominadas “carpetas de calificación” contienen antecedentes que permitieron acreditar como víctimas a personas ejecutadas o desaparecidas durante el régimen de Augusto Pinochet.
“Esta documentación representa un patrimonio y parte de la memoria de las familias, la comunidad y el país en general”, señaló la Presidencia en un comunicado. El acto se llevó a cabo coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos y forma parte del Plan Nacional de Búsqueda, una estrategia estatal inédita mediante la cual el Estado asume por primera vez la responsabilidad directa en la búsqueda de detenidos desaparecidos.
Los archivos entregados incluyen testimonios, informes, antecedentes personales y resoluciones administrativas recabados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, organismos creados durante la transición democrática.
La documentación proviene tanto de organismos del Estado como de organizaciones de la sociedad civil, familiares de las víctimas y sobrevivientes. Este archivo fue declarado Monumento Nacional en 2022, por su relevancia histórica y simbólica.
Según cifras oficiales, la dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 muertos, de los cuales 1.469 corresponden a desapariciones forzadas. Hasta la fecha, se han identificado los restos de 307 personas, mientras que otras 1.162 continúan desaparecidas. Los antecedentes contenidos en las carpetas entregadas son clave para continuar esas investigaciones.
De forma paralela, el gobierno también anunció la creación de un banco público de ADN para facilitar la identificación de víctimas de las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura, muchas de las cuales fueron orquestadas con la participación de funcionarios del Estado y actores del sistema de salud y justicia.
Organizaciones como la Fundación Hijos y Madres del Silencio exigen que el banco de ADN se implemente antes del fin del mandato de Boric, en marzo de 2026. “Es una medida muy importante, similar a lo que tienen las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, pero queremos que realmente se cumpla”, señaló Marisol Rodríguez, vocera de la fundación, quien busca a su hermano, sustraído en un hospital de Santiago en 1972.
Las víctimas denuncian que fueron sedadas, engañadas o presionadas para entregar a sus hijos recién nacidos, en muchos casos bajo la falsa premisa de que habían fallecido. El sistema de adopciones ilegales involucró a médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos, y afectó principalmente a madres jóvenes y de escasos recursos. Se estima que alrededor de 20.000 menores fueron adoptados de manera irregular por familias extranjeras. De ellos, solo 1.000 han logrado reencontrarse con sus familias de origen, según datos del Poder Judicial.
El presidente Boric anunció la creación del banco genético en su reciente cuenta pública ante el Congreso, pero hasta ahora no se han detallado los plazos ni el funcionamiento del sistema. La medida permitiría a cualquier persona con dudas sobre su origen consultar la base genética de forma extrajudicial, sin necesidad de iniciar un proceso penal ni involucrar directamente a las familias adoptivas.
“Hay muchas personas apropiadas que no tuvieron un proceso legal de adopción y que no quieren involucrar a sus padres adoptivos, pero sí quieren saber quiénes son”, explicó Rodríguez. Otras afectadas, como María Inés Soto, expresaron escepticismo debido a intentos fallidos anteriores, como el proyecto impulsado en 2020 durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, que no avanzó más allá de la recolección de unas pocas muestras de ADN.
El anuncio ocurre en una semana marcada también por un hito judicial sin precedentes: por primera vez, un juez chileno acreditó la existencia de una red de adopciones ilegales durante la dictadura y procesó a cinco personas por sustracción de menores. La investigación penal se abrió formalmente en 2018, cuatro años después de las primeras denuncias públicas.
“Yo pido a quien tenga información que nos la dé, para que todos nuestros hijos e hijas vuelvan”, declaró Nilda, otra madre que busca desde 1974 a su hija, presuntamente fallecida al nacer. “Me dijeron que estaba enferma, pero era una guagua sana. Se la llevaron para siempre”.
Con estas dos medidas —la entrega de archivos de víctimas del régimen y la creación del banco de ADN— el Estado chileno profundiza su responsabilidad en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad y en la reparación de sus consecuencias, más de tres décadas después del fin de la dictadura.
(Con información de EFE)
