Ante la persistente escasez de combustible que atraviesa Bolivia, dirigentes del transporte pesado plantean realizar un paro nacional para exigir al Gobierno el aumento del suministro para normalizar el flujo de sus operaciones. En ese sentido, representantes sindicales de La Paz viajaron a la ciudad de Cochabamba para solicitar a los dirigentes nacionales una reunión en la que se definirán acciones.
El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, Edson Valdez, afirmó que la falta de carburante se está agudizando y que las filas en los surtidores no se han reducido. ”Vamos a pedir que pueda regularizarse lo antes posible, la única forma es con presión. (…) Yo creo que una medida importante sea un paro nacional. Eso va a estar sujeto a un ampliado nacional”, manifestó Valdez, citado por Unitel.
El viernes, choferes del transporte interdepartamental y operadores de buses realizaron una marcha en la ciudad de La Paz en reclamo por la escasez de carburante y en otros departamentos se realizaron protestas similares. Según los dirigentes del sector, solo está operando el 10% de los buses de transporte interdepartamental mientras que el resto permanece en las filas de las estaciones de servicio para conseguir combustible.
El 7 de julio, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, manifestó que los despachos se estaban normalizando pero admitió que no contaba con los recursos económicos para aumentar el suministro. “Estamos despachando 100% en diésel y gasolina, no podemos hacer los sobre despachos que serían necesarios para reducir de manera más eficiente las filas pero no contamos con los recursos económicos que nos asigna el Ministerio de Economía y el Banco Central”, explicó el funcionario en una entrevista en radio El Deber.
El presidente de la petrolera estatal indicó que por semana le asignan entre 55 y 60 millones de dólares, pero que para superar la crisis actual necesitarían alrededor de 63 millones de dólares para aumentar los despachos por al menos tres días, un monto 12% más alto que los 56 millones de dólares semanales que se ha fijado en el Presupuesto General del Estado de esta gestión.
En los últimos dos años, los bolivianos han atravesado periodos de escasez de combustible debido a una combinación de factores, entre ellos la falta de dólares y la dependencia de las importaciones. El país compra casi el 90% de diésel y el 56% de la gasolina que necesita para garantizar su mercado interno y además lo subsidia, es decir que lo vende a un precio más bajo que el costo, lo que ha provocado un debilitamiento de su economía que está afectada por la caída de ingresos fiscales y el agotamiento de sus reservas.
El gasto en importación de carburantes es creciente y desde 2022 que el déficit por importaciones supera ampliamente los ingresos por exportaciones de hidrocarburos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Gobierno necesita 1.800 millones para importar combustibles para el resto del año, por lo que la administración de Luis Arce solicita permanentemente a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe los créditos internacionales que están pendientes.
“Como lo hemos dicho, mientras tengamos estrangulado el financiamiento externo, mientras no tengamos la posibilidad de garantizar recursos para la compra y abastecimiento de diésel y gasolina, eso no está garantizado”, manifestó el presidente Arce en una conferencia de prensa.
Tras estas declaraciones, Lucio Gómez, secretario de la organización que afilia a una parte de los transportistas del país, respondió: “señor presidente, no solamente es decir que ‘no voy a poder cumplir’, eso no es solución. La solución es su obligación, es obligación del Gobierno proporcionar combustible”.
Los representantes de los transportistas de todo el país planean reunirse este miércoles en la ciudad de Cochabamba, donde se definirán las medidas de presión para exigir mayor dotación.
