Durante su toma de posesión, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos con lo que se erradicaría la garantía establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y se prohibiría la emisión de pasaportes y números de seguridad social a niños y niñas que nazcan en familias de migrantes indocumentados o de residentes temporales.
Al menos 22 estados presentaron demandas para argumentar que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump es inconstitucional, por lo que ordenaron suspenderla temporalmente. No obstante, de llegar a implementarse el nuevo decreto, podría afectar a 1,2 millones de niños nacidos en Estados Unidos cada año, con lo que se pondría en riesgo su reconocimiento como ciudadanos y sus derechos básicos.
Los niños que no serán afectados por la eliminación de la ciudadanía por nacimiento
De acuerdo a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, “cualquier persona nacida en Estados Unidos es considerada ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres». Sin embargo, al modificar este principio, los únicos niños reconocidos como ciudadanos de EE.UU. pasarán a ser los nacidos de padres que ya sean ciudadanos o residentes permanentes.
Adicionalmente, se considerarán ciudadanos de EE.UU. a aquellos hijos de estadounidenses nacidos en el extranjero. Según la Ley de Inmigración vigente, este precepto se mantiene válido si al menos uno de los padres nació en el país actualmente gobernado por Donald Trump.
Caso contrario, los niños nacidos de padres indocumentados, turistas e incluso de trabajadores o estudiantes legales (con algún tipo de visa que los convierta en residentes temporales) dejarán de ser considerados ciudadanos estadounidenses.
En este sentido, algunas organizaciones promigrantes mostraron su preocupación debido a que, según las leyes del país de origen de los padres, los niños nacidos en EE.UU. podrían terminar sin ninguna ciudadanía por nacimiento.
La orden para eliminar la ciudadanía estadounidense en hijos de migrantes no es fácil de implementar
Aunque el presidente Donald Trump prometió que la orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento entraría en vigor en los 30 días posteriores a su firma, la demanda impuesta por 22 estados, por el Distrito de Columbia y por la ciudad de San Francisco, mantiene bloqueada la medida. A la fecha, numerosos académicos y juristas sostienen que el hecho de contradecir la Decimocuarta Enmienda de la Constitución amenaza con la justa división de poderes en el país.
Adicionalmente, figuras como Bob Ferguson (procurador general del estado de Washington) y Thomas Wolf (abogado y miembro del Brennan Center for Justice) afirman que el presidente Trump no tiene la autoridad para reescribir la Constitución mediante una orden ejecutiva.
Incluso, aseguran que modificar el principio de la Decimocuarta Enmienda requeriría una revisión constitucional larga, así como un proceso complejo que implicaría la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación realizada por tres cuartas partes de los estados.
El estatus más reciente de la orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
Hasta fecha del día de hoy, el decreto firmado por Donald Trump para eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento cuenta con cuatro bloqueos temporales; dos de ellos, apelados por el Departamento de Justicia de EE.UU.
Sin embargo, aunque nacer en Estados Unidos todavía otorga la ciudadanía a los niños, independientemente del estatus migratorio de sus padres, la sola existencia de la orden ejecutiva genera incertidumbre ante las nuevas políticas de deportación.
Si bien es poco probable que la iniciativa de Trump en este tema trascienda en el corto plazo, es probable que ya haya interferido en los planes de cientos de migrantes potenciales.
