Un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Lomas del Gallo fue clausurado y suspendido el pasado 19 de septiembre tras un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía del Estado de Jalisco.
La intervención se realizó como parte de una investigación por la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad.
Durante la acción, coordinada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social a través de su Unidad de Investigación en Delitos Varios, se logró ubicar a 115 personas internadas, de las cuales 101 eran adultos y 14 menores de edad.
Más detalles del operativo
El operativo contó con la participación de elementos de la Policía de Investigación, personal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL) y del área de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara.
COPRISJAL determinó la suspensión del establecimiento debido a sobrepoblación, presencia de plagas y condiciones sanitarias inadecuadas, mientras que la autoridad municipal procedió a la clausura definitiva por el exceso de internos.
Tras el hallazgo, los adultos fueron entregados a sus familias, mientras que los menores quedaron bajo custodia de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las autoridades verificaron los datos de los internos con bases de datos de órdenes de aprehensión y reportes de personas desaparecidas, sin que se encontraran coincidencias.
Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.
Durante el operativo también participó personal de la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de la unidad contra la tortura, quienes brindaron orientación legal a los internos sobre sus derechos y el procedimiento a seguir en caso de haber sido víctimas de algún delito.
La Fiscalía del Estado informó que estos operativos continuarán en diversos municipios de Jalisco con el objetivo de proteger los derechos humanos, garantizar la seguridad de los internos y sancionar cualquier conducta delictiva relacionada con el funcionamiento de estos centros.
