Bogotá, 1 jun (EFE).- Los colombianos empiezan este domingo a pagar un adelanto del impuesto de renta del próximo año, una controvertida medida con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca aliviar el déficit fiscal y los problemas de caja del Estado en medio de un desajuste creciente en las finanzas públicas.
Estas son las claves de la medida:
El decreto, publicado el jueves por el Ministerio de Hacienda, sube las tarifas de retención en la fuente y autorretención que deben pagar las empresas y establece que, desde este 1 de junio, las compañías deberán anticipar el pago de impuestos sobre los ingresos que esperan recibir en 2026.
La retención en la fuente es un mecanismo que permite al Estado recaudar impuestos por adelantado. Cuando una empresa o trabajador recibe un pago, una parte de ese dinero es retenida para la autoridad tributaria.
En el caso de las empresas grandes, son ellas mismas las que retienen ese dinero y lo transfieren al Estado. A eso se le llama autorretención.
El mayor aumento en las tarifas afecta a la industria extractiva. El decreto fija una retención del 4,5 % para las actividades de extracción de gas, carbón, oro y otros metales preciosos, aunque para el petróleo crudo la tarifa será del 2,7 %.
Las actividades de servicios, sindicatos, asociaciones religiosas o políticas, las artes y las instituciones educativas tendrán una retención del 3,5 %. Las universidades, en cambio, tendrán una tarifa reducida del 1,10 %.
Con el cobro anticipado de impuestos, el Gobierno espera recaudar cerca de 13,9 billones de pesos colombianos (unos 3.390 millones de dólares), lo que equivale al 0,8 % del PIB, según estimaciones del centro de estudios Fedesarrollo.
Sin embargo, el economista Henry Amorocho, de la Universidad del Rosario, calcula que el monto sería de alrededor de 11 billones de pesos.
En cualquier caso, esta medida no resolverá el desajuste en las finanzas públicas.
El déficit fiscal de Colombia ya ronda el 7 % del PIB y, si no se corrige el desfase en los ingresos —estimado en 27 billones de pesos (unos 6.585 millones de dólares)—, podría aumentar hasta el 7,8 % este año, según un reciente estudio del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
Si ese déficit se materializa, la deuda neta del Gobierno alcanzaría un récord del 63 % del PIB que incluso superaría el nivel alcanzado durante la pandemia (60,7 %).
En medio de estas señales de deterioro fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió en abril suspender la línea de crédito de emergencia que Colombia tenía desde 2009.
La medida es la primera decisión importante del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, nombrado en marzo tras la renuncia de su antecesor por diferencias con Petro sobre el manejo fiscal.
Sin embargo, esta no es la primera vez que este Gobierno anticipa el cobro del impuesto de renta.
En 2023 se emitió un decreto similar que afectó la financiación del presupuesto de 2024 y obligó a Petro a disculparse por lo que llamó un «error administrativo».
El economista Amorocho reconoce que este cambio de postura del presidente es «muy extraño» y dice estar de acuerdo con que la medida «es un gran error».
Para el experto, los ingresos fiscales han sido más bajos de lo esperado y el Gobierno no ha hecho los recortes necesarios, así que éste ha sido el camino que ha encontrado para recuperar la solvencia económica de forma rápida ante la imposibilidad política de impulsar una nueva reforma tributaria, después de que el Congreso rechazara en diciembre pasado una segunda iniciativa en ese sentido.
Amorocho recuerda que en agosto de 2022 Petro heredó de su antecesor, Iván Duque, un déficit fiscal del 5,6 % del PIB. Pero, según sus cálculos, solo en 2024 el gasto del actual Gobierno se multiplicó por ocho.
El decreto, emitido a un año de las elecciones presidenciales, ha recibido fuertes críticas de organizaciones como el Consejo Gremial Nacional y la Cámara de Comercio Colombo Americana, que lo califican como una «irresponsabilidad» y una «reforma tributaria disfrazada» que afectará la liquidez de las empresas.
«Puede llegar a generar inflación y pegar al crecimiento económico porque es posible que se atrasen emprendimientos y proyectos» de empresas, agrega Amorocho, quien tacha la medida de «paño de agua tibia».
Para el profesor asociado y director del Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana, Jairo Andrés Rendón, el decreto también «ignora la realidad del agro» y traslada al campo la urgencia fiscal del Gobierno, «comprometiendo la sostenibilidad de uno de los sectores más vulnerables», ya afectado por altos costos y poca estabilidad.
«Se corre el riesgo de que pequeños productores salgan del sistema formal», alerta Rendón en un informe al que ha tenido acceso EFE. El experto opina que «más que una estrategia de equidad y sostenibilidad, parece una reacción fiscal desesperada». EFE
