A casi nueve años del hallazgo de más de 389 kilos de cocaína en valijas dentro de un establecimiento educativo de la Embajada de la Federación de Rusia en Buenos Aires, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas al exsubinspector de la entonces Policía Metropolitana Iván Blizniouk y al maquinista naval Alexander Chikalo.
El hallazgo de las valijas ocurrió el 13 de diciembre de 2016, cuando personal diplomático ruso detectó irregularidades en un instituto educativo dependiente de la embajada y dio aviso a las autoridades argentinas. Ese aviso permitió iniciar una investigación que se extendió por más de un año y que reveló la existencia de una organización criminal con conexiones internacionales.
El tribunal rechazó los recursos interpuestos por las defensas y dejó firmes las penas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 en noviembre de 2024: 10 años de prisión para Blizniouk y 8 para Chikalo. Ambos fueron considerados coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y, en el caso de Blizniouk, también por su condición de funcionario público encargado de prevenir esos delitos.
Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su web, el fallo analizó los recursos contra la decisión anterior de la misma Sala que en diciembre de 2022 había hecho lugar a la impugnación del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general ante ese tribunal, Raúl Pleé, y elevado las condenas originalmente dictadas por el tribunal oral. En el juicio terminado en abril de 2022, ambos imputados habían sido condenados por el mismo delito, pero como cómplices primarios: Blizniouk a 7 años y 6 meses y Chikalo a 6 años.
Las defensas cuestionaron el nuevo monto de las penas, el grado de participación atribuido y plantearon nulidades por supuestos defectos en la instrucción. Alegaron irregularidades en la incorporación de pruebas y en la traducción de escuchas telefónicas, además de invocar la falta de antecedentes penales y la conducta durante la detención.
El fiscal Pleé solicitó el rechazo de todos los recursos. “Entiendo que la única forma de neutralizar dicho riesgo es mediante la efectiva detención de los imputados, no resultando ninguna de las medidas alternativas propuestas por la defensa suficiente a los efectos de asegurar su sujeción al proceso”, sostuvo. También remarcó que los jueces valoraron correctamente las circunstancias agravantes del caso, entre ellas “el uso de la infraestructura diplomática para almacenar la droga y la participación de un funcionario policial en la maniobra”.
Los camaristas concluyeron que los planteos “no introducían argumentos nuevos que ameritaran modificar lo resuelto”. Señalaron que la instancia anterior había fijado las penas “en función de la intervención de los imputados como coautores en una organización criminal dedicada al tráfico trasnacional de estupefacientes” y que el tribunal oral explicó con suficiente fundamento por qué correspondía imponer un monto superior al mínimo legal. “Advertimos que el decisorio […] contiene una exégesis completa del plexo probatorio incorporado al debate, el cual fue debidamente analizado conforme la sana crítica racional”, afirmaron.
La droga fue hallada en un instituto educativo perteneciente a la embajada, situado en la calle Posadas al 1600 del barrio porteño de Recoleta. Se secuestraron 389,240 kilogramos de cocaína en 360 paquetes distribuidos en doce valijas. Personal diplomático ruso dio aviso a las autoridades argentinas y así se inició la investigación judicial, que estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el juez federal Julián Ercolini.
Para evitar que la droga saliera del país, Gendarmería Nacional reemplazó los 360 paquetes de cocaína por harina y mantuvo las valijas bajo seguimiento. La maniobra formó parte de una entrega controlada que se prolongó hasta diciembre de 2017, cuando el equipaje fue despachado desde Ezeiza con estatus diplomático y llegó a Moscú, donde se concretaron detenciones en coordinación con autoridades rusas.
Blizniouk y Chikalo, ambos de origen ruso y nacionalizados argentinos, fueron señalados como responsables de la logística local para acondicionar, transportar y almacenar la cocaína. Según lo publicado en fiscales.gob.ar, actuaron en vínculo directo con Andrey Kovalchuk, líder de la organización, y aportaron recursos y contactos para facilitar la operación desde Buenos Aires.
Una vez arribado el cargamento a Moscú, allí fueron detenidas tres personas identificadas como Ali Abyanov, exagregado económico de la embajada rusa en Buenos Aires; Vladimir Kalmykov e Ishtimir Khudzhamov. El cuarto detenido fue el empresario Kovalchuk, conocido en la causa como “el señor K”, quien fue localizado y arrestado en las afueras de la ciudad alemana de Berlín a pedido de la justicia rusa, y está sindicado como el jefe de la organización y como un hombre vinculado a otro tipo de contrabandos, como el de caviar.
En enero de 2022, el tribunal del distrito de Dorogomílovski, en Moscú, condenó a estos cuatro hombres a penas de entre 13 y 18 años de prisión y les aplicó una fuerte multa económica.
