En mayo de este año, durante un acto público en Cajamarca, el ministro de Salud, César Vásquez, fue transportado en hombros al estrado en un escenario que recordó el ambiente de una campaña política. Delante de él, un funcionario sostenía una pancarta. Este personaje, posteriormente identificado, sería una pieza clave en una trama de denuncias y disputas dentro del aparato estatal.
El caso “Los Waykis en la sombra”, que involucra a Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, permanece en el centro de la agenda judicial y política por la supuesta existencia de una organización criminal dedicada al copamiento de cargos públicos. En este contexto, Noriel Chingay Salazar, ex prefecto regional de Cajamarca y sindicado como integrante de la red, rompió el silencio y optó por dejar constancia escrita de sus reclamos, pedidos y señalamientos ante las máximas autoridades del Estado.
Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, Chingay Salazar envió al menos cinco cartas dirigidas a la presidenta Boluarte y a ministros del Interior. En ellas, solicita la remoción de funcionarios clave en la región como la subprefecta distrital de Cajamarca, Eliana Salazar Arribasplata, y el director de Autoridades Políticas, Víctor Jara Albújar, a quienes acusa de perjudicarlo en procesos judiciales relacionados con el caso “Waykis en la sombra”.
En uno de los escritos, fechado el 14 de septiembre de 2024, pide que se coordine el cese de estos funcionarios, alegando que Eliana Salazar estaría colaborando con la justicia, y señala: “Estas son las dos personas que deben irse de inmediato”. A los pocos días, reiteró el reclamo, esta vez dirigido al entonces ministro del Interior, Juan José Santivañez. El 28 de noviembre insiste por carta en la salida de Salazar, a quien acusa de brindar información sensible contra él ante un colaborador eficaz.
Tras estos pedidos, ocurrieron cambios: el 9 de octubre, Víctor Jara dejó el cargo y, en 2025, Eliana Salazar ya no ocupaba la subprefectura distrital.
En marzo de 2025, Chingay dirige otro documento a Dina Boluarte donde insiste en su lealtad, pero denuncia el copamiento de las subprefecturas y prefecturas de Cajamarca por parte del ministro César Vásquez y el congresista Quiroz. Advierte que estos espacios han sido otorgados a personal afín a Alianza para el Progreso (APP) y denuncia el desplazamiento de quienes trabajaron para el oficialismo.
“No se puede permitir que las subprefecturas provinciales y distritales estén copadas por gente de César Vásquez que criticaron el gobierno que usted dirige y nuestra gente que sudó la camiseta esté mirando. Solo decirle que APP no pasará la valla nacional. César Vásquez es un cadáver político”, escribió en una de sus misivas.
En la misma carta, nombra a la directora de Autoridades Políticas, Carolina Velasco Nalvarte, y al prefecto regional de Cajamarca, Silver Pérez Alarcón, también vinculados a APP. Velasco asumió la dirección tras la salida de Jara y anteriormente fue prefecta en La Libertad, otra región bajo influencia de la agrupación. Pérez trabajó en el despacho del propio ministro Vásquez en el Congreso y hasta este año mantuvo militancia activa en APP. Elmer Vásquez, subprefecto provincial de Chota, es otro de los funcionarios ligados al mismo partido.
Imágenes registradas confirman la presencia de Silver Pérez al lado del ministro Vásquez durante la ceremonia por el inicio de la construcción del Hospital Simón Bolívar, donde ambos aparecen en primera línea.
El 7 de abril, Chingay envió una quinta carta al entonces ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, reiterando su petición de destituir a funcionarios vinculados a APP y reclamando el reemplazo de otros cuadros en la Dirección de Gobierno Interior. Asegura que los nuevos nombramientos favorecen a seguidores del expresidente Pedro Castillo y advierte que el reemplazo de personal leal al gobierno en Cajamarca podría derivar en un conflicto social en corto plazo.
¿Qué dijo Dina Boluarte?
Ante la difusión periodística de las cartas remitidas por Noriel Chingay Salazar, el Despacho Presidencial emitió un comunicado en el que niega cualquier insinuación sobre el uso político de cargos de prefectos y subprefectos.
Según el documento, todas las comunicaciones enviadas al Despacho Presidencial fueron derivadas al Ministerio del Interior para su evaluación y respuesta. Asimismo, enfatizaron que la designación de estos funcionarios corresponde exclusivamente a la Oficina Nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, trámite que —asegura— se realizó bajo los procedimientos establecidos.
