“Estamos todos re angustiados. Ayer por la tarde, cuando apareció el decreto, lo leíamos en el grupo de padres, no lo podíamos creer. Más allá del estupor, sentimos que no podíamos creer lo delirante del planteo. Nosotros vamos a volver a salir a las calles. La ley se tiene que cumplir ya, porque a esta altura del año, los padres y las madres de chicos con discapacidad estamos armando los papeles para presentar para el año que viene y no sabemos si vamos a tener escuela o terapeuta. Llegamos a un límite. Esto es una ley de emergencia. Significa que estamos en una situación extrema y urgente. Emergencia era lo que teníamos en mayo, ahora ya estamos en colapso total.”
Así lo relata la actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, de 17 años, que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y una de las voces claves del pedido de declaración de la emergencia en discapacidad. Las palabras de Bassi describen la incertidumbre y el cansancio que sienten quienes conviven día a día con la falta de cobertura por la crisis del sector. Su testimonio no es aislado: le pone voz a la realidad de miles de historias de familias que por estos días luchan con una sucesión de turnos cancelados, prestadores que no los atienden más, centros que cierran, transportistas que no los llevan, además de cientos de trámites burocráticos para garantizar que sus hijos accedan a sus terapias y tratamientos. Para Bassi, la ley no es abstracta, es lo que determina el acceso a una vida cotidiana de calidad para una persona que tiene alguna discapacidad.
Al igual que Bassi, los grupos de familias que vienen reclamando y las asociaciones que nuclean a personas con discapacidad, están evaluando cómo seguirán adelante con la lucha para que se cumpla la ley, luego de que se conociera el decreto 681/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación.
El texto, firmado también por el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, establece que la norma queda condicionada a que el Congreso incluya las partidas necesarias en el Presupuesto 2026. Según el decreto, “la manda genérica a realizar reasignaciones no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.
Las familias también celebraron el impulso de dos legisladores. El diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia contra Milei por “incumplimiento de una ley vigente”. “El decreto 681 es nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno había incumplido una ley tan abiertamente”, advirtió.
También, el Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), pidió que se interpele a Guillermo Francos y que se aplique una moción de censura. “El jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar partidas. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo e incluso aplicar la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución”, señaló.
Pablo Molero, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, consideró que la suspensión refleja una arbitrariedad por parte del Gobierno, que desconoce la emergencia real. “Suspender la aplicación de la ley, pidiéndole al Congreso que diga de dónde van a salir los recursos es totalmente arbitrario. El Gobierno ha redestinado partidas para otras áreas, entonces las partidas estaban. Frente a esta emergencia, entrar en vericuetos presupuestarios parece grave. Todo esto es tirar a largas, querer sacarse el problema de encima”, dice.
La ley, sancionada en julio pasado tras un veto inicial, había sido insistida por el Congreso. Entre sus puntos centrales, actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y ordena saldar deudas con prestadores del sistema de salud. El artículo 19 faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias, aunque prohíbe hacerlo a costa de créditos destinados a “Servicios Sociales”. El Gobierno sostiene que esta disposición es insuficiente y que se necesitan fuentes de financiamiento claras para garantizar la ejecución de la norma.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el costo fiscal de la ley sería de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46%, en 2026. El Poder Ejecutivo, en cambio, estima un impacto de $3.019 billones (0,35% del PBI). La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó sobre el proyecto de Presupuesto 2026 que, pese a lo anunciado por el Gobierno de ampliar el gasto en partidas sociales, en realidad, aunque el gasto total crecería un 7% real respecto a 2025, comparado con 2023 –último año con presupuesto aprobado– representa una disminución del 24,6% debido a recortes anteriores.
Pero para las familias, los números son secundarios frente a la urgencia cotidiana. Bassi resume la sensación compartida por cientos de padres: “A esta altura, no sabemos si vamos a tener escuela, si vamos a tener terapeuta. La ley se tiene que cumplir ya. Llegamos a un límite. Esto no es teoría, es la vida de nuestros hijos”.
Otros especialistas coinciden. Molero advierte que el Gobierno privilegia criterios abstractos de déficit fiscal sobre necesidades reales de personas con discapacidad: “El presupuesto difícilmente es equilibrado, porque es viejo. Esto es querer sacarse el problema de encima. La emergencia de la gente tiene que ser tenida en cuenta”.
La reacción política y judicial acompaña esta tensión social. Un sector de la oposición presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py, mientras que en el Congreso se impulsa la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete. Sin embargo, para las familias, la política no puede reemplazar la urgencia de la atención.
El relato de quienes conviven con la discapacidad todos los días pone en evidencia que, más allá de decretos, leyes y debates presupuestarios, la emergencia es concreta. No es un concepto jurídico ni político: son escuelas que no abren, las terapias que se suspenden, los plazos que se vencen. La suspensión de la ley, advierten, tiene un costo humano que ningún argumento técnico puede soslayar.
“La ley ya está más aprobada que nunca. Pasó dos veces por Diputados y dos veces por Senadores. Si no se hace, se está incumpliendo la ley. Nosotros vamos a seguir luchando hasta que se cumpla”, concluye Bassi, con la voz de cientos de familias que exigen que la emergencia deje de ser letra en el papel y se convierta en acción concreta.
