Bogotá, 26 nov (EFE).- La comunidad internacional y autoridades colombianas expresaron este miércoles su profunda preocupación por el poco avance en la implementación del acuerdo de paz firmado hace nueve años por el Gobierno y la guerrilla de las FARC, así como por la creciente violencia en el país.
El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), que fue quien inició las negociaciones y firmó el acuerdo de paz, aprovechó la tarima para pedir que el sucesor de Gustavo Petro, que será elegido a mediados de 2026, se ponga al día con lo pactado.
«Quiero hacer un llamado respetuoso pero firme al próximo presidente de la República para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un Gobierno sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos», expresó.
Santos, Premio Nobel de Paz de 2016, ha sido duro crítico de los gobiernos de sus sucesores Iván Duque (2018-2022) y Petro (2022-2026), en su gestión de la implementación de la paz.
El expresidente afirmó que el acuerdo, firmado en noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, sigue siendo una hoja de ruta para resolver viejos problemas de la nación colombiana y que su implementación integral es clave, pues es «la oportunidad más clara y estructurada que ha tenido Colombia para construir un país distinto».
Señaló además que el retraso en la implementación de la paz fue «lo que permitió que en esas zonas que hoy están sufriendo la violencia llegaran los diversos grupos armados a llenar el vacío que el Estado debía llenar y, entre ellos, comenzaron una guerra por el control del territorio, lo que hace cualquier mafia».
Pese a esa situación destacó que el 85 % de los guerrilleros de las antiguas FARC continúa en su reincorporación, aunque lamentó los 450 asesinados y que un 15 % haya retornado a las armas, principalmente con los diversos grupos de las disidencias.
El representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, también llamó a redoblar esfuerzos para implementar el acuerdo, recordando que la paz fue una esperanza de transformación.
«Es el momento para el Estado y la comunidad internacional de redoblar los esfuerzos para la implementación de este acuerdo», dijo Campbell, quien recordó que la firma de la paz «culminó un extenso conflicto armado».
Campbell afirmó que el progreso nunca es lineal y que la falta de implementación ha limitado el impacto del acuerdo, aclarando que la violencia actual no se deriva de la firma sino de la falta de aplicación.
«Quiero dejar muy claro que esta situación de violencia, de violaciones de derechos humanos que hoy se vive en los territorios, no se deriva del acuerdo de paz y, en buena medida, se explica por la falta de implementación efectiva», recalcó.
Con Campbell coincidió el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, quien lamentó que el Estado no llenara los vacíos que dejó la guerrilla de las FARC tras su desmovilización.
«El territorio en el que estaban las FARC no se llenó con las instituciones, y no hablo solo de las Fuerzas Militares, de la fuerza pública, sino también de instituciones en áreas como educación, salud, temas sociales; todo esto es necesario», expresó Jenca.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su parte, aprovechó la fecha para criticar la política de ‘paz total’ de Petro, de la que dijo se convirtió en «una amenaza» para las instituciones.
Galán aseguró que las disidencias de las FARC han aprovechado los diálogos de paz para fortalecerse militarmente y supuestamente infiltrar organismos de seguridad del Estado, como denunció esta semana Noticias Caracol.
«La política de paz total, lejos de ser una herramienta para contener la violencia, se ha convertido en una amenaza para la institucionalidad y un dinamizador de esa violencia que buscaba supuestamente erradicar», dijo.
Galán recordó que a los tropiezos de la paz se suman los procesos de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la banda paramilitar Clan del Golfo, y disidencias de las FARC, que no han dado resultados mientras que la violencia se ha incrementado en varias regiones del país.
En ese contexto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, defendió la vigencia del acuerdo de paz, pero reclamó que en el país debe haber un consenso para impulsar su implementación.
Sin embargo, al intervenir en un panel, aseveró que la implementación ha tenido fallas por dos factores: uno «institucional y otro político».
«El primero fue de coordinación, de una articulación del Estado positiva para la implementación del acuerdo de paz en el territorio», manifestó, mientras que el político «es la polarización en torno al acuerdo».
