
Cinco de los menores localizados en Yarumal, Antioquia, se encontraban en la lista de desaparecidos de Interpol bajo una alerta amarilla utilizada para posibles víctimas de delitos como secuestro o trata de personas. Según informó Europa Press, las autoridades migratorias de Colombia entregaron a diecisiete niñas, niños y adolescentes —todos integrantes de la comunidad religiosa Lev Tahor— a los servicios de protección infantil del estado de Nueva York, tras su salida del país. Simultáneamente, nueve personas adultas vinculadas con la mencionada secta fueron expulsadas hacia Estados Unidos.
Europa Press detalló que Migración Colombia ejecutó esta acción tras operar junto al Ejército a finales de noviembre en un hotel de Yarumal, donde los reportes sobre la presencia de menores extranjeros activaron la intervención. Estos niños y adolescentes, de nacionalidades estadounidense, guatemalteca y canadiense, habían ingresado legalmente al país con sus familiares, quienes formaban parte de siete familias procedentes de Nueva York. La medida se tomó al constatar la intención de la comunidad de establecer una nueva colonia en territorio colombiano y en respuesta a denuncias internacionales sobre supuestos abusos y explotación infantil cometidos por miembros de Lev Tahor en diferentes países.
El acompañamiento de dos funcionarios colombianos durante el traslado aéreo a Estados Unidos fue parte del proceso, según consignó el medio Europa Press. Los menores pasaron formalmente a custodia de Child Protective Services de Nueva York, organismo encargado de asegurar el resguardo y la restitución de sus derechos mientras se determina su situación legal y custodia definitiva.
La investigación sobre Lev Tahor, de acuerdo con Europa Press, se desarrolló en base a alertas internacionales y antecedentes judiciales relevantes. Existen condenas en Guatemala y Estados Unidos por delitos como secuestro y explotación sexual infantil, asociadas a miembros de la comunidad. En diciembre de 2024, la Fiscalía guatemalteca realizó una intervención que resultó en la detención de 160 menores, bajo acusaciones de abusos sexuales, malos tratos y matrimonios forzados, lo cual intensificó la cooperación internacional para ubicar y proteger a posibles víctimas vinculadas con la organización.
Europa Press recordó que, en junio de 2025, las autoridades de El Salvador extraditaron a Jonathan Emanuel Cardona Castillo, identificado como líder de Lev Tahor en Guatemala, hacia ese país. Cardona Castillo enfrenta cargos formales de maltrato infantil, violación y trata de personas, según documentos judiciales de la Fiscalía guatemalteca.
La autoridad migratoria colombiana indicó que la expulsión de los adultos respondió tanto a los antecedentes penales como a las denuncias registradas en diversas jurisdicciones sobre la conducta de la secta. El objetivo principal, agregaron, fue impedir que la comunidad lograra establecer una base permanente dentro de Colombia, considerando la gravedad de las acusaciones recibidas en otros territorios.
Según reportó Europa Press, las alertas emitidas por Interpol y el intercambio de información con agencias migratorias de Norteamérica y Centroamérica jugaron un papel determinante en la activación de protocolos especiales de protección y la colaboración con organismos internacionales. La supervisión del proceso, que incluyó el acompañamiento de funcionarios colombianos en cada etapa de la expulsión y la entrega de los menores a autoridades estadounidenses, buscó asegurar el cumplimiento de estándares internacionales de resguardo infantil.
Lev Tahor ya ha sido objeto de intervenciones similares en otros países de la región. A raíz de las operaciones previas y las denuncias judiciales acumuladas, distintos gobiernos han extremado las medidas de vigilancia sobre los desplazamientos y actividades de sus integrantes. El caso resalta el alcance y los desafíos de las investigaciones transnacionales para la protección de menores y la cooperación entre sistemas judiciales y de bienestar infantil ante organizaciones señaladas por vulneraciones de derechos fundamentales, según contextualizó Europa Press.
