Mientras el mundo enfoca su atención en conflictos abiertos, una crisis menos visible pero profundamente arraigada sigue golpeando con fuerza a Colombia. El país, lejos de dejar atrás su historia de violencia, figura hoy entre las cinco naciones con mayor número de desplazados internos, según un informe de tendencias globales de desplazamiento forzado publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
El informe señala que cerca de 7 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en Colombia, una cifra que solo es superada por las de Ucrania, Afganistán, Siria y Sudán. Pero más allá del dato frío, el fenómeno representa una herida abierta que continúa ensanchándose año tras año, incluso después del acuerdo de paz firmado en 2016.
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Entre ese año y la actualidad, 1,6 millones de personas fueron desplazadas dentro del país, un dato que evidencia que la violencia no cesó en muchas regiones. “El desplazamiento no se ha detenido en la última década y evidencia que los factores de riesgo asociados al conflicto armado y la violencia continúan presentes”, explicó Mireille Girard, representante de Acnur en Colombia.
El drama no se limita al desplazamiento. Otro fenómeno, igualmente grave pero menos visible, afecta a decenas de miles de personas, el confinamiento forzado. En los primeros meses de 2024, más de 118.000 personas se vieron privadas de su libertad de movimiento, atrapadas por la violencia. Solo en el Catatumbo, 91.000 personas sufrieron los efectos de esta crisis, 64.000 fueron desplazadas y 27.000 quedaron confinadas, sin poder acceder libremente a servicios, alimentos o atención médica.
Según Acnur, al menos 11 actores armados ilegales inciden directamente en esta situación. Departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el norte de Antioquia concentran buena parte de estos eventos, con altos niveles de violencia, amenazas directas y restricciones impuestas a comunidades enteras.
Colombia vive una paradoja. Mientras sigue expulsando a millones de personas de sus hogares por causas internas, se convirtió también en uno de los principales países receptores de población refugiada. Actualmente, 2,8 millones de ciudadanos venezolanos residen en territorio colombiano, lo que ubica al país en el tercer lugar mundial en recepción de personas refugiadas, solo detrás de Irán y Turquía.
Antioquia es uno de los focos principales de esta acogida. En ese departamento viven más de 400.000 personas venezolanas, de las cuales unas 240.000 residen en Medellín. De acuerdo con Acnur, alrededor del 10% de los migrantes del departamento están concentrados en la capital, lo que pone a prueba la capacidad de las autoridades locales para responder a una demanda creciente en servicios de salud, educación y empleo.
El perfil demográfico de esta población migrante es claro, en su mayoría jóvenes entre 18 y 39 años, con un 50,5% de mujeres, muchos en edad productiva y en búsqueda de oportunidades. Su integración en el mercado laboral urbano avanza de forma gradual, aunque persisten barreras estructurales para su estabilización.
En contraste con el aumento del desplazamiento interno, la migración irregular por la selva del Darién experimentó una caída significativa en 2025. Mientras en 2023 cerca de 500.000 personas cruzaron por esta peligrosa ruta, este año la cifra se desplomó en un 98%, con solo 3.000 personas registradas.
El cambio trae consigo un efecto colateral, al menos 9.000 personas retornaron a Colombia desde Centroamérica, muchas con secuelas graves. Se trata de migrantes que no lograron continuar su travesía hacia el norte y que regresan marcados por experiencias de violencia, abuso y condiciones extremas.
Más del 60% de los desplazados forzados a nivel global no cruzan fronteras. Se trata de una realidad poco reconocida, pero clave para entender la magnitud del fenómeno. En América Latina, la violencia, ya sea por pandillas en Haití o por conflicto armado en Colombia, sigue siendo uno de los principales motores del desplazamiento.
José Samaniego, director regional de Acnur para las Américas, hizo un llamado a no subestimar el impacto regional: “Estos procesos tienen implicaciones relevantes para la estabilidad regional, pero también subrayó que varios países del continente han adoptado políticas de apertura y han logrado avances importantes en integración, protección y estabilización”.
En ese sentido, América Latina juega un papel clave en la acogida de población forzada. El 67% de las personas refugiadas se queda en países vecinos y el 73% reside en naciones de ingresos bajos y medios, lo que desmiente la creencia de que el mayor peso migratorio recae en los países desarrollados.
La fotografía que traza el informe de Acnur sobre Colombia y la región no es solo una estadística global, es el reflejo de vidas fracturadas, territorios en riesgo y una institucionalidad que todavía lucha por responder. El país carga con un desafío humanitario de grandes proporciones, que no se resuelve únicamente con cifras o legislación.
