Una ciudadana colombiana identificada como Jenny Ibáñez Barragán permanece privada de la libertad en Perú desde mayo de 2022, tras ser capturada por su presunta implicación en un intento de robo y secuestro ocurrido en el distrito de La Molina, en Lima. Sin embargo, este 30 de abril de 2025, a través de publicaciones en redes sociales, la mujer afirmó que es víctima de una injusticia y solicitó públicamente la intervención de las autoridades colombianas, incluyendo al presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la Cancillería de Colombia, encabezada por Laura Sarabia.
El caso que involucra a Ibáñez se originó cuando, según informes policiales y de medios locales peruanos, un grupo de personas ingresó de manera violenta a una vivienda en el mencionado distrito limeño con la aparente intención de cometer un robo y secuestrar a los ocupantes del inmueble, una familia dedicada a la compra y venta de vehículos. Al ser alertada por los vecinos, la Policía Nacional del Perú acudió al lugar, donde se presentó un enfrentamiento armado que culminó con la muerte de uno de los presuntos asaltantes, de nacionalidad venezolana.
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Jenny Ibáñez Barragán, ciudadana colombiana de casi 30 años, fue detenida en compañía de otros dos individuos, uno de nacionalidad peruana y otro ecuatoriano, cuando, según los reportes, intentaban huir del lugar en una camioneta.
Las autoridades peruanas indicaron que ella habría desempeñado un papel relevante en el suceso. Incluso, un familiar de las víctimas señaló que la mujer sería la esposa de uno de los involucrados en la planificación del delito y que dentro de la vivienda se encontraba grabando videos, lo que llevó a las autoridades a considerar una posible intención de extorsión.
Tras su detención, Ibáñez fue imputada por los delitos de robo agravado y secuestro, además de otros cargos conexos. En enero de 2024 se programó una lectura de sentencia en su contra, como parte del proceso judicial que se adelanta en su contra en territorio peruano.
No obstante, en medio del desarrollo del caso, surgieron denuncias directas desde la cuenta personal de Instagram de Jenny Ibáñez o de su entorno familiar, en las que se expone un testimonio diferente. Allí, la ciudadana colombiana niega cualquier implicación en los hechos y afirma haber sido víctima de un abuso de poder por parte del sistema judicial peruano.
En una de sus publicaciones, la mujer compartió una imagen con su familia y escribió: “Una de las últimas cenas en un restaurante con mi hijo, el cual cree que lo abandoné, no sabe de injusticias, ya que eso no se hace en mi familia. 3 años sin ver a su madre porque un fiscal corrupto así lo quiso”. En ese mismo mensaje, añadió: “3 años sin ver a mis hijos y cuando los llamo creen que los abandoné. Ya no me quieren hablar por la injusta justicia de Perú”.
De acuerdo con su denuncia, la detención obedecería a la necesidad de las autoridades de encontrar un culpable y cerrar el caso de manera apresurada. La mujer asegura que fue víctima de una construcción judicial sin pruebas sólidas y que su relación familiar con uno de los acusados fue malinterpretada y utilizada en su contra.
En sus propias palabras, expresó: “Madre, tía, esposa, nuera, empresaria colombiana gitana y aparte presa política en un país extranjero llamado Perú. Soy una madre colombiana gitana empresaria privada de libertad injustamente por el gobierno de Perú por órdenes de altos funcionarios. Sean mi voz, ya que no la tengo. Los abogados que contrata mi familia solo nos estafan, entre ellos un ex contralor general de Perú”.
Ibáñez también manifestó que ha enfrentado múltiples obstáculos para acceder a una defensa jurídica efectiva. Afirmó que algunos abogados contratados por su familia no solo no ofrecieron garantías de representación legal, sino que, según su versión, incurrieron en irregularidades y promesas incumplidas, lo que ha agravado su situación.
En otra de las publicaciones, hizo un llamado directo a las principales autoridades del Gobierno colombiano: “Etiqueten al presidente @gustavopetrourrego y a la vicepresidenta de Colombia como a la Cancillería por favor @franciamarquezm @cancilleriacol ayúdenme por favor. Dios los va a bendecir a todos. Necesitaban culpar a alguien para no hacer justicia con policías corruptos y fiscal corrupto y de ahí salí yo como anillo al dedo para ellos”.
En su testimonio también se refiere a una disputa familiar que, según relata, habría sido manipulada durante el proceso judicial. “Mi misma prima, con la que discutí, fue a declarar a mi favor y cada día iba a Fiscalía a decir que es una discusión familiar”, dijo en una de sus historias.
Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales del Gobierno colombiano respecto al caso de Jenny Ibáñez Barragán. Tampoco se ha confirmado si la Cancillería tendría intenciones de iniciar alguna gestión consular o seguimiento formal al proceso que se adelanta en Perú.
Sin embargo, los llamados reiterados desde redes sociales, que apelan al acompañamiento del Estado colombiano en esta situación, han empezado a generar atención entre usuarios que se solidarizan con su caso.
Por ahora, la ciudadana continúa a la espera del resultado judicial en su contra, mientras su defensa insiste en la falta de pruebas concluyentes y en las supuestas irregularidades que habrían afectado la legalidad del proceso.
