El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) tiene previsto dar comienzo este jueves el juicio contra Francesco Arcuri, procesado por la presunta comisión de «maltrato físico y psicológico habitual» a sus hijos, según ha informado este jueves el equipo jurídico de Juana Rivas en una nota de prensa en que se ha mostrado confiado en que «se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana».
La vista oral abre de este modo un proceso en paralelo al cual continuará en España la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra la madre de Maracena (Granada) por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del niño menor, que regresaba a Italia con el progenitor, que tiene la custodia, el pasado 25 de julio tras permanecer en España con Rivas desde las fechas navideñas anteriores.
«El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos», han agregado este miércoles sus abogados, que han apuntado que se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada «considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia», ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.
La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia por lo que la investigación se reabría.
De este modo una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial, a la misma hora y en el mismo sitio que, el 22 de septiembre, se cita a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante.
JUICIO EN ITALIA
Sobre el juicio en Cagliari, el equipo jurídico de Rivas ha lamentado en nota de prensa que comienza «con la gravísima anomalía jurídica y social de tener bajo su control a una de sus principales víctimas y testigos del caso, su hijo pequeño», tras ser, han precisado los letrados de la madre, «obligado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada a volver a convivir con su presunto maltratador».
«Pese a la terrible situación que desde hace años llevan sufriendo» la vecina de Maracena y sus hijos, confían en que, «por fin, prevalezca la problemática central» del caso Juana Rivas, que no es «ni mucho menos un conflicto sobre custodia», ni una «madre manipuladora» que «pretende arrebatarle sus hijos» a un «buen padre», sino «un gravísimo caso de violencia de género».
Esto último, indica la nota de prensa del equipo de Rivas, en «su manifestación cruel de violencia vicaria, en el que, dado que el maltrato continuado a los menores ha tenido lugar en Carloforte (Italia), será en dicho país donde tales hechos se juzguen».
VUELTA SUSPENDIDA DE ENERO A JULIO
El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara «el terror» de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.
La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre, un proceso en el marco del cual se señalaba la vista de este jueves.
En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.
Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.
