La problemática de la facturación apócrifa centra la atención en el mundo tributario. ¿Hasta dónde debe responder el contribuyente por la autenticidad de los comprobantes que recibe?
“La carga de la prueba no puede recaer íntegramente sobre el administrado, especialmente cuando este ha actuado de buena fe demostrando debida diligencia a través de la implementación de procesos y controles internos efectivos”, explicó la contadora púbica Noelia Lordi, socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Cono Sur.
La reciente doctrina de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en el caso CHS de Argentina S.A. c/ AFIP-DGI (Sala II), reforzó este criterio al remarcar el valor de las acciones preventivas.
“Los programas de compliance tributario permiten generar evidencia y trazabilidad para respaldar la defensa en juicio, pero también contribuyen a prevenir operaciones en donde se utilice facturación apócrifa mediante la implementación de procesos de control inteligente”, enfatizó la ejecutiva.
Cabe destacar que el término compliance refiere al conjunto de prácticas que una organización implementa para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y la integridad en sus actividades.
El impacto económico y el rol preventivo
“La utilización de facturas apócrifas constituye una de las problemáticas más relevantes en el ámbito tributario argentino e internacional. No solo impacta en la recaudación fiscal, en la equidad entre los contribuyentes y la competencia de mercado, sino que además afecta la confianza institucional en los mecanismos de control y en la previsibilidad de las relaciones económicas”, aseguró la socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Cono Sur.
Entre las causas de este fenómeno, Lordi identificó la presión fiscal, la baja percepción del riesgo de detección, las deficiencias en la educación tributaria y la efectividad limitada de algunos controles.
Para enfrentar estos problemas, consideró indispensable la incorporación de mecanismos de compliance con alto grado de automatización, capaces de asegurar trazabilidad documental, fortalecer la prevención y demostrar la debida diligencia por parte de los contribuyentes que obran de buena fe.
Responsabilidad y pruebas en la facturación apócrifa
En la Argentina, la justicia ya abordó la dificultad de determinar la responsabilidad de quienes, actuando correctamente, resultan implicados en operaciones con comprobantes, luego calificados como apócrifos. “El problema jurídico central radica en la imputación prácticamente automática de responsabilidades, que genera tensiones con ciertos principios constitucionales como la legalidad, la defensa en juicio y la presunción de inocencia”, detalló Lordi.
El fallo “CHS de Argentina S.A. c/ AFIP-DGI” y otros antecedentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmaron que no corresponde trasladar íntegramente al administrado las falencias del sistema de detección cuando se acreditan acciones de verificación previas y razonables.
“Esto reafirma la necesidad de promover mecanismos internos de compliance y control automatizado que permitan a las empresas documentar su diligencia y reducir la exposición a contingencias tributarias”, analizó Lordi.
Jurisprudencia clave
Sobre los antecedentes, la experta remarcó: “En CSJN Bildown S.A. c/ Fisco Nacional 27/12/2011, la Procuración General señaló que las facultades de verificación y fiscalización no se deben trasladar al contribuyente, sino que lo debe realizar el organismo fiscal”. “La Corte consideró que debía confirmarse la sentencia de la Cámara (favorable al contribuyente), dado que solo se identificaron defectos u omisiones formales, pero no se avanzó sobre la veracidad de las operaciones”, añadió.
Según la contadora pública, estos antecedentes fortalecen la posición del contribuyente que obra de buena fe de manera diligente y limitan la responsabilidad objetiva en materia de facturación apócrifa.
Compliance digital: de lo reactivo a lo preventivo
“El caso CHS de Argentina S.A. c/ AFIP-DGI constituye una advertencia tanto para el fisco como para los contribuyentes. Por un lado, impide que se traslade de manera automática al administrado la responsabilidad por falencias estructurales en los controles estatales. No obstante, al mismo tiempo, refuerza la necesidad de que las empresas cuenten con sistemas de compliance capaces de acreditar su debida diligencia”, aseveró Lordi.
No alcanza solo con controles manuales. La socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Cono Sur recomendó la implementación de procesos clave automatizados y trazables, integrando tecnologías en compras, pagos y registros contables. A modo de guía, destacó los siguientes controles sugeridos por el fisco:
- Consultar la constancia de inscripción cada 30 días y actualizar la condición tributaria de los proveedores.
- Validar los comprobantes recibidos en bases oficiales como ARCA.
- Solicitar el módulo de gestión de riesgo “Capacidad Económica Financiera” y chequear el “Sistema de Perfil de Riesgo” (SIPER).
- Controlar la correspondencia entre actividad denunciada fiscalmente y los hechos económicos.
- Analizar los padrones impositivos de los proveedores.
- Verificar el estado administrativo del CUIT y las bases de contribuyentes no confiables.
- Corroborar el tipo de comprobantes habilitados y la CBU declarada.
- Revisar el Registro Único Tributario y el reporte “Mis Comprobantes Recibidos”.
- Confirmar el Certificado Fiscal para Contratar en proveedores del Estado.
“Estos controles permiten demostrar la buena fe del contribuyente. El compliance automatizado es una herramienta estratégica para la defensa jurídica, la reputación organizacional, la reducción de riesgos tributarios y, también, para elevar la percepción social de riesgo y disuadir el uso de facturación apócrifa”, sostuvo Lordi.
Un desafío institucional y social
La profesional de Deloitte también indicó que el delito de evasión mediante el uso de facturación apócrifa se convirtió en un problema de enorme relevancia. Recordó también que la legislación se endureció tanto en la Argentina como en otros países de la región. Sin embargo, subrayó que el verdadero desafío radica en lograr detecciones oportunas y controles inteligentes que eleven la percepción de riesgo.
“La jurisprudencia reciente confirma que el contribuyente de buena fe no puede ser tratado como garante de las omisiones de sus proveedores, aunque sí debe acreditar diligencia mediante procesos y controles internos efectivos. En este sentido, los procesos de auditoría recurrentes y los programas de compliance automatizado resultan esenciales: permiten generar prueba, prevenir operaciones irregulares y robustecer la transparencia fiscal”, enfatizó.
Para Lordi, la problemática trasciende fronteras y se enlaza con los principios de la OCDE en materia de lucha contra los delitos fiscales. De hecho, constituye una amenaza directa a la confianza ciudadana en el sistema fiscal.
“El cumplimiento tributario digitalizado busca aportar herramientas prácticas para los contribuyentes de buena fe. Sin embargo, el cumplimiento voluntario y responsable solo podrá consolidarse en un marco de cooperación equilibrada, donde Estado y contribuyentes trabajen juntos hacia un sistema tributario más justo, eficiente y legitimado socialmente”, cerró la especialista.
