FORMOSA (De una enviada especial).– Gildo Insfrán obtuvo el 67% de los votos y volvió a imponerse en Formosa. También lo hizo su maquinaria política, un engranaje aceitado por más de tres décadas que explica tanto su continuidad en el poder como la escasa gravitación de la oposición. En la provincia donde el despliegue territorial y el control del aparato estatal se traducen en votos, el gobernador logró revalidar su octavo mandato consecutivo. Y no en cualquier contexto: esta vez lo hizo bajo la sombra del fallo de la Corte Suprema, que en diciembre objetó su reelección indefinida.
La elección fue, en ese sentido, una pulseada política con un poder externo que por primera vez desde 1995 puso en jaque su continuidad. Insfrán respondió con lo que mejor conoce: poder territorial, movilización, obras y asistencia. La participación fue del 65,8%, un número por encima del promedio de las últimas elecciones provinciales en Argentina, por debajo del 60%. Ese caudal sirvió también como mensaje: una demostración de fuerza interna frente al cuestionamiento institucional de la Corte.
Una de las claves estructurales del sistema político formoseño es la Ley de Lemas. Este mecanismo, que permite acumular los votos de múltiples listas internas dentro de un mismo partido o alianza (lema), beneficia a las fuerzas con mayor capacidad de despliegue territorial y recursos para sostener una campaña masiva. En esta elección, el Partido Justicialista (PJ) inscribió 56 sublemas sobre un total de 78, saturando el cuarto oscuro con boletas de su color insignia: el azul. No importaba tanto el nombre del candidato, sino su pertenencia al engranaje oficialista. “La campaña es por colores”, resumen en la provincia. Una camioneta con pantallas recorrió la capital pidiendo el voto por “la boleta azul”. Es decir, cualquiera de las de Insfrán.
Ese despliegue requiere dinero. Desde la oposición estiman que participar de una elección provincial en Formosa demanda al menos $350 millones: $80 millones para imprimir boletas (equivalentes a dos padrones, para volantear, llenar las urnas y reponer ante el robo), $64 millones para pagar fiscales -“Insfrán los acostumbró así”, advierten-, $20 millones en cartelería, y $200 millones para sostener la estructura partidaria en los 27 municipios y diez comisiones de fomento. Esa cifra, aclaran, corresponde al sostenimiento de alrededor de diez sublemas. En el caso del oficialismo, que inscribió 56, el gasto se multiplica por cinco.
Pero además del despliegue, el oficialismo suma prácticas de clientelismo explícito. En la previa a los comicios, se registraron escenas de reparto de alimentos en plena veda electoral, promesas de bolsas de comida a cambio del voto -como la difundida por el intendente de El Colorado Mario Brignole– y entrega de boletas junto a mercadería en locales partidarios. “Un bolsón por casa. Les damos un papelito para que vayan después a retirar la mercadería. Dos cosas les vamos a pedir: el comprobante de que votó y el troquel”, decía Brignole en un video viral.
El poder territorial del gobierno se complementa con una fuerte presencia del Estado en el paisaje urbano. Según la gobernación, solo en lo que va de junio se inauguraron 22 escuelas, 6 centros de salud, 2 hospitales, 7 centros de desarrollo infantil, 3 plantas de agua potable, 3 polideportivos cubiertos, 3 estadios, 4 casas de la solidaridad y cinco oficinas públicas. Algunas de estas obras fueron financiadas en su etapa inicial por el gobierno nacional, pero ante la interrupción de los fondos, fue la administración provincial la que las concluyó con recursos propios.
Todo lleva la marca de Insfrán: el azul en los techos, la magnitud arquitectónica y la inscripción simbólica del Estado como presencia permanente. Estas obras contrastan con la precariedad de la infraestructura básica en los barrios populares, donde faltan asfaltos y sobran carteles electorales. A la vera del río Paraguay, en paralelo al avance edilicio estatal, florece el comercio informal como reflejo de la fragilidad del tejido productivo.
Ese contraste tiene explicación en los números. Formosa es una de las provincias con mayor pobreza del país: el 46,2% de las personas del aglomerado urbano vive bajo la línea de pobreza, y el 7,5% en la indigencia. El ingreso per cápita familiar promedio fue de $261.400 en el segundo semestre de 2024, frente a una media nacional de $430.266. La tasa de empleo es baja (37,9%), pero la desocupación también: 3,8%. Esa aparente paradoja se explica porque Formosa tiene la tasa de actividad más baja del país: solo el 39,5% de su población económicamente activa participa del mercado laboral.
En Formosa solo hay 22.300 asalariados registrados, según los datos de marzo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El empleo estatal absorbe una parte importante de su población ocupada, pero no garantiza estabilidad. Muchos de los trabajadores son jornalizados informales y dependen de contratos temporarios que el Poder Ejecutivo puede renovar, o no. Cristian Castellanos, un dirigente social que fue candidato de La Libertad Avanza en estas elecciones, advirtió que esa precariedad funciona como un instrumento de disciplinamiento: “Es una forma de extorsión”, señaló.
Otro de los mecanismos de control es la entrega de viviendas sin escriturar. Según Castellanos, muchas familias reciben “módulos habitacionales” que -explicó- son “pequeños ambientes de 10×22 metros” que no puede escriturarse por falta de dimensiones del lote. “Si no votás por él, te saca la casa”, denunció.
Es difícil explicar cómo se sostiene esa estructura en una provincia cuyos recursos provienen en más de un 80% de las transferencias nacionales. A diferencia de otras provincias, no califica para acceder a financiamiento del BID o el Banco Mundial. “Exigen estándares de calidad crediticia que Formosa no cumple porque genera muy pocos recursos propios”, explicó una fuente al tanto de esas negociaciones. Sí pudo acceder a un préstamo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), que en 2023 le otorgó USD 200 millones para construir un acueducto social y productivo.
