El Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) garantizar el abastecimiento y entrega gratuita de los medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH: Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir.
La decisión, emitida por el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, marca un hito en la defensa del derecho a la salud y la vida de miles de personas que dependen de estos fármacos para sobrevivir.
Denuncias por desabastecimiento durante tres años
El proceso judicial se inició tras años de denuncias sobre el desabastecimiento crónico de antirretrovirales en establecimientos públicos. Activistas y organizaciones como el Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR), Promsex y Aids Healthcare Foundation (AISP) respaldaron la demanda, señalando que esta situación ponía en riesgo directo a más de 90 mil personas que viven con VIH en el país.
En el expediente se presentaron pruebas de que los pacientes recibían dosis incompletas, eran obligados a cambiar de esquemas por falta de stock o, en el peor de los casos, abandonaban el tratamiento. Según los informes de GIVAR, en 2023 hubo al menos 179 denuncias por desabastecimiento y, en 2024, otras 98.
“El cambio de esquema es una mala práctica médica que se hace siempre. No hay medicamentos, entonces no te doy lo que necesitas, o sino te doy lo que hay”, declaró Marlon Castillo, coordinador de GIVAR a Infobae Perú, a finales de agosto de este año. Además, mencionó las consecuencias que ello puede conllevar.
“Esto perjudica a la persona porque puede generar resistencia terapéutica o, abandona el tratamiento, porque son personas que reinician el tratamiento con otros medicamentos y de repente o no les caen bien, les hace efectos adversos o quizás la situación misma le genera ansiedad”, añadió.
El problema abarca zonas rurales y urbanas. En Lima Metropolitana se reportaron establecimientos con hasta 40% de déficit de medicamentos. En regiones como Loreto, la situación fue crítica, puesto que más de 120 centros llegaron a tener 90% de desabastecimiento en pleno 2024.
En mayo de 2024, pacientes con VIH denunciaron en redes sociales la escasez de fármacos como Lopinavir, Ritonavir y Raltegravir. Algunos recibieron cantidades insuficientes, como 10 pastillas en lugar de 90, lo que llevó a interrupciones en los tratamientos. Una nota informativa compartida por el SIS en junio de ese mismo año, detalla que en regiones como Amazonas, en la provincia de Utcubamba, solo se entregaron 3.248.103 de 32.566.950 medicamentos prescritos en 2023.
Falta de planificación y evidencias del incumplimiento
El expediente revisado por la jueza revela que, pese a compras millonarias y planes de contingencia, hubo brechas persistentes en el suministro. Por ejemplo, para el primer trimestre de 2025, el déficit de estos medicamentos de primera línea alcanzó casi 40% respecto a lo programado, lo que obligó a redistribuciones de emergencia y compras apresuradas.
Según la propia información proporcionada por la entidad demandada, se pudo advertir que durante enero, febrero y marzo del 2025, no hubo ingresos.
El tribunal subrayó que la obligación del Estado no puede depender de excusas presupuestales o logísticas, la norma técnica es clara al establecer que el suministro debe ser oportuno y continuo.
“Si bien no se advierte que trate de negligencia absoluta; sin embargo, si se evidencia una gestión insuficiente originada por la falta de planificación adecuada”, se señala en el documento emitido por el Poder Judicial.
La respuesta del Poder Judicial
La jueza Sara Milka Meza Soria concluyó que el Minsa no había cumplido de manera eficaz con su obligación de garantizar el suministro. En su fallo, precisó que no basta con responder formalmente a los pedidos o prometer compras futuras, sino que se debe asegurar la entrega oportuna y completa de los fármacos, tal como lo exige la Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA, que regula la atención integral de adultos con VIH.
La magistrada advirtió que se trataba de un «cumplimiento parcial y deficiente“, lo cual constituye una vulneración directa del derecho a la salud y a la vida. Por ello, dispuso que el Minsa garantice de inmediato la entrega gratuita de Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir en todo el país.
Además, el fallo ordena que la cartera de Salud asuma los costos del proceso, al considerar que su conducta renuente obligó a las organizaciones a acudir a los tribunales.
Organizaciones se pronuncian ante el fallo
Para los colectivos que impulsaron la demanda, esta resolución judicial es un reconocimiento al derecho fundamental de acceder a un tratamiento continuo y seguro.
“Este fallo marca un precedente histórico en la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH”, declaró Promsex.
El VIH, nos recuerdan, no es una condena de muerte siempre que exista acceso a los medicamentos adecuados.
“Llamamos a las autoridades del sector salud, al Poder Ejecutivo y a todas las instancias competentes a actuar con responsabilidad, transparencia y urgencia, para que ninguna persona que vive con VIH vea interrumpido su tratamiento ni comprometido su derecho a la vida y a la salud”, añadió Promsex a través de sus redes sociales.
