A casi un mes de los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la Justicia estableció que las tres jóvenes fueron asesinadas porque una banda, cuyos integrantes no fueron identificados, le robó una cantidad de droga no determinada a la organización de la que formaban parte 14 sospechosos, entre los que figuran los nueve detenidos por el triple crimen, tres prófugos y otro imputado cuya identidad no se estableció todavía.
El robo de la droga, según la nueva descripción del hecho realizada por la fiscalía, después de casi un mes de investigación, ocurrió entre el 6 septiembre a las 22 y el 19 de septiembre a las 21.29.
A partir de la reformulación del cargo por el hallazgo de nuevas pruebas, el fiscal Carlos Adrián Arribas decidió que Víctor Sotacuro Lázaro, Florencia Ibáñez, Celeste Magalí González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Andrés Parra, Matías Agustín Ozorio y Ariel Jiménez sean trasladados mañana a las 6, a la fiscalía de San Justo para ser indagados nuevamente.
Morena, Benda y Lara fueron asesinadas entre el 19 de septiembre a las 21.29 y el 20 de septiembre a las 5, en la casa situada en la esquina de Chañar y Río Jáchal, en Florencio Varela. Sus familias hicieron la denuncia por averiguación de paradero el 20 de septiembre a las 20 y los cuerpos fueron hallados, enterrados en la mencionada vivienda, el 24 de septiembre.
Gastón Duplaá, el primer fiscal del caso, indagó a los acusados por su presunta responsabilidad en el femicidio de las tres jóvenes, al considerar que las mataron en el contexto de violencia de género.
Pero, cuando la investigación pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del mencionado Arribas, el representante del Ministerio Público incorporó la hipótesis de que el móvil del triple femicidio fue una venganza por el robo de drogas.
Dicha presunción se fundó en que Celeste Magalí González Guerrero, poseedora de la casa en la que mataron a las víctimas, afirmó que un narco conocido como Pequeño J, alias de Tony Janzen Valverde, que fue detenido en Perú; Victoriano, Matías Ozorio; su pareja, Villanueva Silva, y otros acusados asesinaron a las tres jóvenes porque se habían quedado con droga y agregó que uno de los sospechosos hizo una transmisión en vivo para que el jefe observara las torturas y los homicidios.
La hipótesis del robo de drogas se reforzó cuando Florencia Ibáñez señaló a Alex Ydone Castillo, como dueño de una parte de la cocaína. En tanto que Celeste acusó a Sotacuro Lázaro como “El Duro”, otro de los propietarios de la droga.
Al ser indagados por el fiscal Arribas, tanto Ibáñez, Sotacuro como González Guerrero, aportaron versiones opuestas sobre los autores materiales de los asesinatos de Lara, Brenda y Morena, pero se colocaron fuera de la escena del triple crimen en el momento en que las víctimas eran asesinadas.
En el caso de González Guerrero, esta dijo que se fue a una parada de colectivos situada a cuadras de la casa a vender drogas. Agregó que Ozorio se encargaba de juntar el dinero de venta de cocaína y se la entregaba a Pequeño J.
Si bien en ninguno de los allanamientos que terminaron con las detenciones de los nueve acusados se secuestró droga, la presencia de la venta de estupefacientes fue constante en el sumario.
Por ejemplo, Ydone Castillo, uno de los prófugos, de nacionalidad peruana, tiene tres causas por venta de drogas en la Argentina y tenía un pedido de extradición de la Justicia de Perú por traficar 51 kilos de cocaína.
Pequeño J y sus tíos Manuel David Valverde Rodríguez y Luis Alan Valverde Rodríguez pertenecen a una familia de Trujillo, Perú, dedicada, entre otros delitos, a la venta de cocaína.
“Tras producirse el robo de drogas cuyos autores eran, presumiblemente, allegados o conocidos de Morena, Lara y Brenda, los detenidos, mediante maniobras de engaño aprovechándose de la especial condición de vulnerabilidad de las víctimas, lograron establecer un vínculo de confianza con las nombradas y las llevaron a la vivienda de Florencio Varela, donde las torturaron y las mataron”, explicó una fuente de la investigación que está al tanto del nuevo cargo que que se les imputará a los detenidos en las indagatorias.
Pequeño J, preso en una cárcel de Perú, con un pedido de extradición pendiente, los tres prófugos y un cuarto sospechoso identificado por una de las acusadas como “el canoso de la Glock”, son los únicos que no serán indagados.
Después de las nuevas indagatorias, el fiscal pedirá que se dicten las prisiones preventivas para todos los detenidos y declinará la competencia en la Justicia Federal para que investigue el caso como un triple homicidio cometido en el contexto de una guerra entre bandas de narcos.
