Una avalancha de críticas provocó el sábado 21 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que en el evento que lideró en la icónica plaza de La Alpujarra de Medellín fueran trasladados desde la cárcel de Itagüí nueve jefes de bandas criminales que se encuentran en un proceso de cese de la violencia dentro de la política de paz total del Gobierno nacional.
Por ese hecho el concejal Andrés Tobón envió un derecho de petición al director de la cárcel de Itagüí para exigir explicaciones sobre la salida de varios reclusos, identificados como cabecillas de grupos delincuenciales, quienes asistieron a la concentración convocada por el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, informaron en el noticiero de la televisión antioqueña Telemedellín.
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La controversia surgió durante el mencionado evento que se denominó ‘Pacto por la Paz Urbana’ en el que se evidenció la presencia de vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Estos vehículos habrían transportado a un grupo de internos de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí hasta el lugar de la concentración, según la información divulgada por Telemedellín.
El concejal Andrés Felipe Tobón Villada formalizó su inquietud mediante un derecho de petición dirigido a Armando Rafael Amaya Pardo, director del centro penitenciario, solicitando detalles sobre la autorización que permitió la salida de los reclusos.
En el documento, Tobón el cabildante preguntó de manera específica cuáles reclusos privados de la libertad en la Cárcel La Paz de Itagüí recibieron autorización para salir del establecimiento y asistir al evento.
Además, solicitó que se le informe en qué normativa del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) se fundamentó la decisión de permitir la salida de los internos. El concejal también pidió que se le indique el motivo o la razón legal o administrativa que justificó tal autorización, según reiteró Telemedellín.
La lista de reclusos que habrían salido del penal para asistir al evento incluye a figuras reconocidas dentro del mundo criminal de Medellín.
Entre ellos se encuentran José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”; Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo”; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias “El Indio”; Wálter Alonso Román Jiménez, alias “El Tigre” o “Ramón Chaqueta”; Juan Camilo Rendón Castro, alias “El Saya”; Alber Antonio Henao Acevedo, alias “Albert”; y Juan Fernando Álvarez, alias “Juan 23”.
Todos ellos han sido señalados como cabecillas de estructuras delincuenciales que operan en la ciudad recordaron en el portal IFM Noticias.
La presencia de estos reclusos en un acto público, especialmente en un evento promovido por el Gobierno Nacional y encabezado por el presidente Gustavo Petro, generó una fuerte polémica en la opinión pública y en los sectores políticos de Medellín.
El “Pacto por la Paz Urbana” buscaba reunir a diferentes actores sociales y políticos para promover acuerdos de convivencia y seguridad en la ciudad, pero la participación de personas condenadas por delitos graves encendió el debate sobre la legalidad y la pertinencia de su presencia fuera del centro penitenciario.
“Acabo de radicar ante el @INPEC_Colombia derecho de petición para que me informen sobre los trámites que se adelantaron para que estos criminales condenados pudieran salir de la cárcel, para asistir a este acto político con Petro. Ni un paso atrás contra los bandidos», afirmó en su cuenta oficial de la red social X.
El derecho de petición incluyó preguntas detalladas sobre los procedimientos seguidos para autorizar la salida de los internos.
Tobón solicitó información sobre qué reclusos privados de la libertad en la Cárcel La Paz de Itagüí fueron autorizados a salir, qué norma permitió su salida y si para ello se requirió algún tipo de autorización adicional por parte de un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, recogieron en IFM Noticias.
El concejal busca esclarecer si la decisión se ajustó a lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, que regula el régimen penitenciario y carcelario en Colombia, agregaron en ese medio de comunicación.
La inquietud de Tobón se centra en la transparencia y legalidad de las acciones del Inpec y de la dirección de la Cárcel La Paz.
