San Sebastián, 22 may (EFE).- Un funcionario de Justicia y un abogado procesados por las presuntas irregularidades en el reparto de asuntos en los Juzgados de lo Social de San Sebastián entre los años 2014 y 2018 han reconocido este jueves los hechos y han admitido penas que suman 4 años de cárcel para uno de ellos y de 3 años y 9 nueve meses para el segundo.
Esta condena es fruto de un acuerdo de conformidad de las defensas con la Fiscalía, tras la admisión de culpa por parte de los acusados: un funcionario de la administración de Justicia (sobre el que ha recaído la pena de mayor entidad) y un abogado.
Inicialmente, la Fiscalía de Gipuzkoa reclamaba diez años de prisión para ambos varones, quienes fueron detenidos por la Ertzaintza en junio de 2018 en el marco de una investigación sobre la que se decretó el secreto de sumario.
El acuerdo de conformidad ha tenido lugar este jueves en una audiencia preliminar celebrada a puerta cerrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa a petición de la defensa.
Según han informado a EFE fuentes del caso, los acusados han sido condenados por un delito continuado de cohecho y por un delito continuado de falsedad en documento público en concurso ideal con un delito de daños informáticos.
Además de las citadas penas de prisión, cuya suspensión ha sido solicitada por la defensa, ambos procesados han sido condenados a distintas penas de inhabilitación, así como al pago de diferentes multas.
Estaba previsto que el juicio por estos hechos comenzase este mismo viernes con la selección de los miembros del tribunal del jurado que iba a enjuiciar lo sucedido, aunque el acuerdo de conformidad alcanzado este jueves por las partes hará innecesaria la celebración de la vista.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, durante los cuatro años en los que se produjeron las irregularidades el funcionario procesado trabajó en la sección de Registro y Reparto del Decanato de San Sebastián, donde se presentan los distintos documentos y escritos dirigidos a los juzgados de la capital guipuzcoana.
Las demandas laborales presentadas en esta instancia eran distribuidas posteriormente mediante un sistema aleatorio de reparto entre los cinco juzgados de lo social existentes en la ciudad, «con sujeción estricta a las normas» adoptadas por la Junta de Jueces.
Por su parte, el segundo acusado, que ejercía como abogado laboralista en un despacho donostiarra solía intervenir en numerosos procedimientos de incapacidad, impugnación de altas médicas y otras reclamaciones frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El documento del Ministerio Público señala que el letrado quería que esas demandas fueran «tramitadas y resueltas» por determinados juzgados concretos, para lo que se concertó con el citado funcionario con el fin de «alterar» el reparto judicial mediante la manipulación del sistema informático, de manera que los casos que él quería fueran desviados al juzgado de «su elección». EFE
