La Justicia de los Estados Unidos congeló US$280 millones de las ganancias generadas por la venta de la criptomoneda $LIBRA, que difundió el presidente Javier Milei.
Los demandantes acusan a Hayden Davis y el resto de los involucrados en el lanzamiento de $LIBRA de promocionar falsamente a la cripto como una oportunidad de inversión en la economía argentina. Y estiman que fueron defraudados unos 75.000 inversores.
El estudio de abogados Treanor, que había pedido el congelamiento, calificó la decisión como “una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $LIBRA”, según el documento al cual accedió LA NACION.
El fallo fue informado por la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La jueza también ordenó a Circle Internet Group congelar aproximadamente $58 millones en criptomonedas USDC, de Solana, almacenados en billeteras virtuales directamente vinculadas al presunto fraude. Esta orden ya fue ejecutada por Circle.
“Este es un primer paso crucial para garantizar justicia para quienes compraron $LIBRA basándose en afirmaciones fraudulentas de que apoyaría la economía argentina”, declaró Timothy J. Treanor, director ejecutivo de Treanor Law y exfiscal federal.
El exfiscal puntualizó que la orden de congelamiento de $58 millones de dólares dictada por el Tribunal contra Circle es la mayor jamás obtenida por un particular que se aplica al emisor de una criptomoneda, lo que impide a los demandados acceder a estos fondos mientras el caso sigue su curso.
El Tribunal programó una audiencia preliminar para el 9 de junio de 2025, en caso de que los demandados intenten impugnar la orden de restricción.
La demanda colectiva que se inició en Estados Unidos por la criptomoneda $LIBRA cobró una nueva dimensión judicial. Pasó del fuero estadual al federal y, por si fuera poco, se unificó con otra demanda colectiva que por otro criptoactivo afrontan en Nueva York el “empresario” Hayden Mark Davis, su hermano, su padre y otros protagonistas del escándalo.
La reformulación tribunalicia llegó de la mano de uno de los acusados, Benjamín Chow, quien reclamó que la demanda colectiva (“class action”) por $LIBRA que tramitaba ante la Corte Suprema del estado de Nueva York pasara al fuero federal, con asiento en el Distrito Sur de Nueva York. Lo logró, basado en el principio de la “eficiencia judicial”. Es decir, evitar que los tribunales duplicaran los esfuerzos.
La jueza federal Jennifer Rochon admitió el planteo de Chow, le ordenó a la Corte estadual que paralizara su proceso y le remitiera las actuaciones, y quedó así a cargo de controlar las dos demandas colectivas que Davis, su familia y Chow, entre otros, afrontan por las llamadas “memecoins” $LIBRA y $M3M3, por cientos de millones de dólares.
Rochon asumió como propios varios de los argumentos para unificar las demandas. Convalidó que ambos reclamos deben avanzar juntos porque varios de los acusados son los mismos, el estudio jurídico que presentó ambas demandas es el mismo –Burwick Law- y porque la metodología cuestionada es, en principio, idéntica o muy similar.
En ambos casos, Burwick Law centró sus reclamos en los derechos afectados de los consumidores en base a engaños e incluyó al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol y a las plataformas Júpiter y Meteora entre los demandados; y en el caso de $LIBRA excluyó al presidente Javier Milei.
El estudio Burwick excluyó también de manera deliberada entre los demandados por $LIBRA a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros protagonistas argentinos. Entre ellos, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy, al colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros. ¿Por qué? Para evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.
Presentada a mediados de marzo, la demanda colectiva por $LIBRA apunta contra lo que calificó como un “lanzamiento engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto” de la criptomoneda. También identificó a Milei como una figura decisiva en las maniobras “fraudulentas” que desarrollaron Davis y otros para captar inversionistas, y mencionaron al jefe de Estado, por su nombre, en seis ocasiones a lo largo de las 45 carillas. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, sostuvieron las demandantes en el segundo punto de su presentación, “lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”.
De acuerdo a la demanda, los compradores de $LIBRA fueron engañados por Davis, Peh, Chow y sus empresas, que “implementaron una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora, utilizando fondos de liquidez unilaterales en la plataforma de intercambio descentralizado Meteora”. Y eso, a su vez, “infló artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”.
Cinco semanas después, en tanto, el estudio Burwick presentó una segunda demanda colectiva contra varios de esos mismos acusados –los Davis, Kelsier Ventures, Chow y Meteora-, pero por un criptoactivo anterior, llamado $M3M3, que lanzaron el 4 de diciembre pasado y que, al igual que ocurrió con $LIBRA, también colapsó, lo que dejó como saldo a unos pocos beneficiarios por montos millonarios y miles de perjudicados.
