El Congreso de la República no alcanzó este miércoles los votos necesarios para aprobar la inhabilitación por 10 años de la exprimera ministra Betssy Chávez, quienes procesada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue sustentado por Jorge Montoya (Honor y Democracia) y registró solo 63 votos a favor (tres menos de los requeridos), por lo que fue remitido al archivo, según anunció Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso.
Montoya indicó que Chávez, beneficiaria de asilo político otorgado por México y a la espera del salvoconducto para viajar a ese país, fue notificada válidamente el 30 de julio de 2024 de esta sanción y se le otorgó un plazo reglamentario de cinco días para ejercer su derecho a la defensa y presentar descargos; no obstante, no cumplió con este trámite de acuerdo con el reglamento.
“Ante la ausencia de descargos, el trámite se tuvo por absuelto. Los hechos probados acreditan que la señora Chávez Chino, en su alta función como jefa de la PCM, participó en el quebrantamiento del orden constitucional, impugnando grave y reiteradamente los deberes fundamentales establecidos en la Carta Magna”, enfatizó.
El abogado Raúl Noblecilla, representante legal de la exjefa de Gabinete, señaló que Castillo y su defendida son “perseguidos políticos”, sostuvo que existe temor ante su presencia en procesos electorales y cuestionó la labor de los legisladores.
Tras conocerse la decisión, se presentaron al menos tres pedidos de reconsideración, lo que abre la posibilidad de que el resultado sea sometido nuevamente a debate.
Para aplicar la sanción se requerían dos tercios del total de congresistas, excluyendo a los miembros de la comisión acusadora. Si hubiera prosperado la inhabilitación, Chávez no podría presentarse en las elecciones de 2026, ya que manifestó antes su interés en postular por Juntos por el Perú.
Existe otro informe final contra ella vinculado al fallido autogolpe, que también recomienda impedir su acceso a cargos públicos durante diez años.
La expremier enfrenta acusaciones por coordinar con funcionarios la elaboración y difusión del mensaje que anunciaba la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y la instauración de un “gobierno de excepción”.
En desarrollo.
