Las acusaciones contra el representante David Racero, del Pacto Histórico, por presuntamente actuar de manera clientelista para que le sean entregados algunos puestos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a cuotas suyas, tuvo efectos que podrían sepultar sus aspiraciones de cara al proceso electoral legislativo de 2026.
Luego de dos meses de que el Consejo de Estado admitiera una demanda por perdida de investidura o “muerte política” contra el congresista, fue fijada la fecha de la audiencia pública con la que iniciará formalmente el proceso que retiraría de la Cámara de Representantes a uno de los alfiles más relevantes del Gobierno nacional en esa corporación.
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La diligencia judicial se desarrollará de manera remota el 8 de octubre de 2025 a las 3:00 p. m. y con la presencia de los cinco miembros de la Sala 19 Especial de Decisión, quienes serán los responsables definir si Racero puede continuar con su gestión legislativa en el Capitolio Nacional.
Durante la audiencia, las partes presentarán sus alegatos finales y se conocerán las solicitudes para acceder o no a las pretensiones de la demanda, por lo que si el alto tribunal falla en contra del congresista, su carrera política se podría en jaque por cuenta de que en 2026, el representante busca dar el salto al Senado de la República de la mano de la colectividad que llevó al presidente Gustavo Petro al poder.
De confirmarse la muerte política de Racero, el representante quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que tampoco podría aspirar por un periodo determinado a cargos de elección popular como el que desempeña en el Congreso de la República.
El proceso se registró por presunto clientelismo en el Sena
La demanda que podría quitarle la curul al representante Racero fue instaurada por Samuel Ortiz, un estudiante de Derecho que, en declaraciones a Semana, explicó que la acción judicial se fundamenta en la causal de tráfico de influencias, que estaría debidamente sustentado en los audios por los que estalló el escándalo.
En sintonía, el origen del proceso se remonta a la revelación de audios y conversaciones que comprometen tanto a Racero como a Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director del Sena, en las que se sugiere la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de personal dentro de la entidad.
El escándalo estalló luego de que se denunciara el intento de manipulación del concurso público para favorecer determinados nombramientos, una práctica que la Procuraduría General de la Nación calificó como un intento de “amañar” la designación de funcionarios.
Por el caso, el ente de control abrió indagación disciplinaria contra Racero, por lo que actualmente el congresista enfrenta dos procesos que podrían terminar por dilapidar su paso por el Legislativo y sentenciar un duro golpe para el Pacto Histórico, que perdería una sus figuras con mayor exposición.
No obstante, el Ministerio Público ya fue notificado con la decisión de la institución judicial para que emita su respectivo concepto y nutra el proceso con la información que reposa en esa entidad. En este sentido, si ambos procesos se alimentan mutuamente, se podría esperar que cuando se emitan los respectivos fallos, estos vayan en la misma dirección.
El proceso se suma a una lista de escándalos que involucran al representante por, presuntamente, involucrar a colaboradores y familiares del congresista, con transferencias y depósitos a cuentas personales, incluido un depósito de más de $5 millones en su cuenta desde un colaborador de su equipo legislativo, investigación que es adelantada por la Corte Suprema de Justicia.
A la par, los señalamientos incluyen el uso de empleados de su unidad legislativa para realizar actividades privadas y pedirles parte de sus salarios. Sin embargo, pese a las denuncias y procesos disciplinarios y judiciales, el congresista se ha encargado de negar los hechos argumentando que se trata de campañas políticas para desprestigiarlo y minar la confianza en el Pacto Histórico antes de las elecciones.
