El sistema de salud argentino es un paciente grave examinado en múltiples ateneos médicos. Los especialistas coinciden en el diagnóstico: segmentación (de la responsabilidad y la financiación), fragmentación (de los cuidados) e inequidad (en acceso y resultados). Sin embargo, persiste el disenso respecto del tratamiento adecuado para curar al paciente.
Quienes priorizan el problema de la segmentación proponen un sistema único. Se trata de una solución a la brasileña, a la inglesa o a la española. En esos países se optó por sistemas públicos hegemónicos de comando descentralizado (regiones en Inglaterra, estados y municipios en Brasil y autonomías provinciales en España). El efecto colateral de ese tratamiento es la “lista de espera”. Nigel Lawson, exministro de Economía británico, ironizaba que en su país mueren más esperando ser atendidos que dentro de los hospitales.
Otros priorizan el problema de la fragmentación de los cuidados y proponen un sistema integrado. Se trata de una salida uruguaya. Porque en el país vecino (de forma similar a otros varios de la región) se construyó el Sistema Nacional Integrado de Salud, en el que las personas se dividen en dos regímenes: uno contributivo y otro subsidiado. En el primero, los ciudadanos pueden elegir la entidad responsable de brindarles cuidados (una mutual o una entidad privada). En el segundo, es el Estado el que les brinda las mismas protecciones, pero a través de los servicios de salud pública.
Esa integración debería implementarse en la Argentina, donde persiste un modelo de coberturas concéntricas. Todos (incluidos los ciudadanos de países vecinos) tienen acceso a los servicios de salud pública. Los trabajadores en relación de dependencia y sus familias tienen acceso a las obras sociales. Y quienes cuentan con recursos suficientes contratan, además, prepagas.
Hay un conjunto de subsidios cruzados que agravan las inequidades. Cuando los pacientes con obra social se atienden en un hospital público, hay un subsidio indirecto desde las provincias a los gremios. También, cuando las prepagas cubren a un paciente con obra social, los gremios se benefician. Pero cuando un paciente con prepaga requiere un medicamento caro, suele recurrir a la obra social para obtener un subsidio del Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades.
Implementar seguros provinciales eliminaría dobles coberturas y permitiría que todos los ciudadanos cuenten con un responsable identificado que brinde y financie su salud. Más que un carnet, debe ser una historia clínica única, en la cual se constate que recibió los cuidados y las prestaciones claves para cada sexo y edad. El Ministerio de Salud debería verificar el desempeño, incentivar los logros en salud y compensar las desigualdades en la financiación. La totalidad de las atenciones generaría una factura, y dichas facturas deberían ser pagadas por algún financiador (una obra social, una prepaga u otro seguro provincial). Todos los servicios pueden ser autónomos para contratar personal, pagar salarios y adquirir insumos.
Quienes resisten a esta propuesta promueven dos mitos. El primero es que los seguros públicos reducirían derechos, ya que los hospitales solo prestarían atención a sus afiliados. Esto no es verdad; los afiliados a obras sociales y prepagas podrían continuar usando los servicios públicos. La diferencia es que estas deberán pagar por las prestaciones que se brinden a sus afiliados (hoy más del 40% de las atenciones son para quienes tienen cobertura, pero menos del 5% genera cobros).
El segundo mito es que los seguros provinciales privatizarían la atención porque terminarían contratando clínicas privadas en lugar de hospitales públicos. Cuesta imaginar que un gobernador pueda resistir los reclamos sociales si decide cerrar un hospital público. La Argentina tiene condiciones para integrar su sistema de salud con eje en los servicios públicos, organizados en seguros provinciales. El desafío no es ni técnico ni económico, sino político. Este es el momento de curar al sistema argentino de salud de sus males crónicos.
Asesor de Financiamiento para el desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
