La Contraloría General de la República, en comunicación firmada por el titular del órgano de control, Carlos Hernán Rodríguez, pidió al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, esclarecer la adquisición de 17 aviones Gripen a la firma sueca Saab, por una cifra que, según se ha conocido, asciende a 16,5 billones de pesos. El requerimiento se debe, según se dio a conocer, a la necesidad de esclarecer la manera en que se adelantó esta negociación.
El requerimiento exigió al jefe de la cartera la entrega de toda la documentación contractual, los informes de las opciones evaluadas y los soportes técnicos, legales y económicos que justificaron la selección de los aviones Gripen; así como los contratos con las firmas asesoras involucradas, con el fin de establecer si dicha adquisición, con la que se pretenden reemplazar los aviones Kfir, sí se ajustó a lo que se determina en materia de contratación estatal.
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A su vez, enfatizó la obligatoriedad de la entrega de información. “La reserva de información o documentación no es oponible a la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones de control fiscal”, afirmó en la misiva que dirigió al ministro Sánchez. Y recordó que el control preventivo y concomitante debe realizarse en tiempo real, con seguimiento a la ejecución y contratación de los recursos públicos, según el artículo 267 de la Constitución Política.
Ministro de Defensa entregó parte de tranquilidad frente al controversial negocio de las aeronaves Gripen
Frente a las dudas y cuestionamientos surgidos en la opinión pública, el ministro Sánchez defendió la legalidad y apertura del proceso. “Puedo decirles con toda la tranquilidad, fue un proceso totalmente transparente, donde se involucraron más de un centenar de militares de la FAC, de civiles, del Ministerio de Defensa”, aseguró el titular de esta dependencia, a la salida del Congreso de la República, en donde atendió el debate de control político.
Sánchez detalló que la operación contó con la participación de una firma especializada de abogados, así como de comités técnicos, económicos y jurídicos, y la intervención directa de la empresa Saab y del gobierno sueco. Y, del mismo modo, abordó la naturaleza reservada de ciertos aspectos del contrato, que -como era de esperarse- causó una fuerte reacción en los sectores de oposición; motivada por las críticas que, en su momento, recibió el expresidente Iván Duque.
“Aquí hay total transparencia, pero transparencia también entendiendo en un proceso que goza de reserva porque se trata de seguridad y defensa nacional”, sostuvo Sánchez. Y, en línea con la instrucción presidencial, expresó su disposición a facilitar el acceso a la información a los órganos de control y extendió la invitación a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para que conozcan los detalles del proceso, respetando protocolos de confidencialidad.
Del mismo modo, en cuanto a los montos involucrados, el ministro fue enfático. “El contrato fue por 3.135 millones de euros y se destinaron $16,5 billones”, explicó Sánchez, que remarcó que el valor en euros, al tipo de cambio actual, representa una cifra inferior a lo dispuesto, pero al hacerse el pago en un plazo de siete años es necesario tener algunas consideraciones frente a este sentido, por lo que se apropió una cifra superior al valor de estas aeronaves.
En esta negociación se estableció que se espera que la entrega se efectúe en un plazo de siete años, entre 2026 y 2032; en un acuerdo que incluye equipamiento, armamento, entrenamiento y servicios relacionados. Además, el jefe de Estado mencionó que la negociación contempla la transferencia tecnológica, como la producción de paneles solares de alta tecnología en Colombia, en regiones como La Guajira: siendo esta una región prioritaria en el negocio.
