Con una comunicación emitida el miércoles 21 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República requirió al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que entregue explicaciones sobre el uso de una aeronave de la Policía Nacional para transportar influenciadores afines al Gobierno a Barranquilla. Lo anterior, tras el escándalo que generó controversia en las redes sociales y los medios de comunicación, debido al uso al parecer indebido que se le habría dado a esta aeronave.
Según el documento, se solicitó que el ministro detalle los motivos que validaron la intención de trasladar a un grupo de creadores de contenido en una aeronave destinada a asuntos institucionales. De acuerdo con la solicitud del ente de control fiscal, al mando de Carlos Hernán Rodríguez, se pidió información sobre un presunto convenio o autorización para dicho uso; en medio de los señalamientos de que estarían siendo usados bienes públicos para campañas políticas.
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“Respetado señor Ministro: Solicito información relacionada con hechos recientes conocidos a través de medios de comunicación, según los cuales un grupo de influenciadores y seguidores del Gobierno nacional habría sido transportado en una aeronave de la Policía Nacional a Barranquilla. Esta situación genera dudas sobre la legalidad, justificación y respaldo administrativo de dicho traslado”, expresó la Contraloría.
Con base en lo anterior y con base en las facultades constitucionales atribuidas a la Contraloría General de la República, conforme a los artículos 267, 268 y 269 de la Constitución Política, el contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad, Luis Enrique Abadía, formuló cuatro solicitudes a Benedetti: que en una petición anterior, de la Procuraduría General de la Nación, y los contratos firmados con Rtvc para realización de eventos, no dudó en calificar esto como una “persecución”.
Las peticiones de la Contraloría que deberá responder Armando Benedetti:
- Si existe algún convenio, contrato interadministrativo o instrumento jurídico vigente entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que permita el uso de aeronaves oficiales para transportar personas distintas a funcionarios públicos, como influenciadores o particulares.
- En caso afirmativo, se requiere copia del acto administrativo o convenio suscrito, junto con los criterios de selección, alcance y justificación misional del mismo.
- Cuál fue la participación del Ministerio del Interior en la organización, logística o coordinación del vuelo que transportó al grupo a Barranquilla.
- Qué entidad asumió los costos del traslado aéreo y bajo qué rubro presupuestal se cargaron.
La controversia se gestó luego de que Barranquilla fue escenario de un cabildo abierto promovido por el Gobierno nacional, con la participación de diversos actores del Ejecutivo y simpatizantes del presidente Petro. El evento generó una polémica que se intensificó en redes sociales y sectores políticos luego de difundirse una fotografía que mostraba a funcionarios y creadores de contenido descendiendo de una aeronave de la Policía Nacional.
La imagen fue publicada por Moisés Ninco Daza, exembajador de Colombia en México, a través de sus redes sociales. En ella, aparece acompañado por colaboradores del Gobierno, entre ellos los influenciadores digitales Me dicen Wally y Celso Teté Crespo, y los creadores de contenido para portales y perfiles en redes sociales catalogados como independientes, pero que responderían a defender las propuestas del mandatario, como Hernán Muriel y Maicol Cajamarca, entre otros.
En la fotografía se observa a las personas bajando de una aeronave identificada con los emblemas de la Policía Nacional. Este hecho provocó reacciones inmediatas tanto en la oposición política como en periodistas y ciudadanos, quienes cuestionaron el uso de bienes públicos para actividades que, según ellos, no corresponden a funciones institucionales.
No obstante, y frente a la controversia, el presidente Petro fue enfático en su defensa y, con lo que sería una alusión al transporte en el gobierno anterior de cuestionados personajes, dejó en claro que sería una práctica que continuaría. “Nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales traquetos, sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí”, en respuesta a la periodista Luz María Sierra, lo que dio pie para nuevas discusiones.
Uno de los denunciantes de los montos que se estarían destinando para estos viajes fue el concejal de Bogotá Daniel Briceño, de la bancada del Centro Democrático, que en sus redes sociales señaló al ministro del Interior de destinar, solo en 2025, cerca de $7.000 millones en un contrato para estos fines; de los cuales $661 millones se han invertido en 35 horas de vuelo en aviones y helicópteros de la Policía. Y lo hizo con evidencia del documento en mención, lo que encendió la polémica.
