Una reciente resolución del Ministerio del Trabajo de Colombia ha generado debate en el sector petrolero.
La medida, que obliga a empleados contratistas y subcontratistas a pagar una cuota sindical si se benefician de acuerdos colectivos, impacta de manera directa a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de la industria, y a miles de trabajadores del sector, según informó El Tiempo.
Esta disposición, vigente desde 2024, introduce un cambio sustancial en la relación entre sindicatos, empresas y empleados, y ha puesto en el centro de la discusión la autonomía sindical y el futuro de la negociación colectiva en el país.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La resolución establece que cualquier trabajador que reciba beneficios de un acuerdo colectivo, aunque no esté afiliado al sindicato que lo suscribió, deberá aportar una cuota sindical.
El Ministerio del Trabajo justificó la decisión al señalar que los empleados de empresas contratistas y subcontratistas también acceden a salarios y prestaciones pactados en negociaciones colectivas, por lo que corresponde que contribuyan económicamente al sindicato titular del acuerdo.
El monto fijado equivale al 1% del salario básico y se descontará directamente de la nómina de los beneficiarios.
Esta medida, según la USO, representa un reconocimiento al papel del sindicalismo en la defensa de los derechos laborales y la equidad en las relaciones de trabajo.
La organización, que cuenta con 23.459 afiliados y una fuerte presencia en Ecopetrol, aspira a alcanzar los 7.000 miembros en la petrolera estatal al cierre de 2024.
Actualmente, la USO agrupa a más de un tercio de los trabajadores de Ecopetrol, que a mediados de año reportó 66.052 empleados contratistas, de acuerdo con cifras recogidas por El Tiempo.
El alcance de la resolución se amplía con la exigencia de que las empresas elaboren y actualicen cada dos meses un listado de contratistas que reciban salarios y prestaciones convencionales.
Este registro, que debe incluir nombre, salario, cargo y el valor de la cuota sindical descontada, será remitido a los sindicatos correspondientes.
En este contexto, Ecopetrol firmó un acuerdo extraconvencional con la USO para garantizar que sus empresas contratistas y subcontratistas apliquen el descuento de la cuota sindical a los trabajadores beneficiados por las convenciones colectivas y extralegales.
La USO calificó este acuerdo como “histórico”, al asegurar la aplicación de la medida tanto a empleados directos como a los de empresas aliadas.
La petrolera estatal reconoció a la USO como el sindicato titular de la convención firmada en 2023, lo que implica que solo esta organización podrá recibir la cuota sindical de los trabajadores contratistas y subcontratistas, incluso si estos están afiliados a otro sindicato.
Alejandro Ospina, presidente de Utipec, señaló al medio mencionado que esta decisión beneficia de manera directa a la USO, ya que Ecopetrol no reconoce a otros sindicatos como titulares de la convención, a pesar de que organizaciones como Utipec también firmaron acuerdos en 2023.
Ospina advirtió que el impacto de la resolución no se limita al aspecto económico, pues la entrega de bases de datos de trabajadores otorga a la USO una ventaja adicional, con el riesgo de que estos datos se utilicen con fines electorales.
Desde la perspectiva de Utipec, la medida podría forzar a los trabajadores a afiliarse a la USO, incrementando su representatividad de cara a un posible decreto que el Ministerio del Trabajo planea expedir próximamente. Ospina calificó el acuerdo extraconvencional como una “maniobra” para asegurar que la USO reciba el beneficio de la cuota sindical, incluso si la resolución ministerial es revocada por una demanda.
Aunque la disposición favorece principalmente a la USO, otros sindicatos mayoritarios que hayan suscrito convenciones con empresas del sector, distintas a Ecopetrol, también podrán recibir la cuota sindical correspondiente.
En paralelo, el Ministerio del Trabajo publicó una propuesta de decreto que busca establecer la negociación colectiva sectorial como regla general, eliminando las negociaciones particulares con empresas.
Según el texto, cuando existan varias organizaciones sindicales o múltiples empleadores en un mismo ámbito, la negociación se realizará en una única mesa y con un solo pliego de peticiones. Además, los pliegos solo podrán presentarse en el primer trimestre del año y las negociaciones estarán lideradas por los sindicatos con mayor número de afiliados o representatividad.
Esta iniciativa ha sido criticada por diversas organizaciones sindicales, que en un documento recogido por El Tiempo denunciaron que el proyecto restringe la autonomía sindical al obligar a unificar los pliegos y las mesas de negociación.
Los sindicatos sostienen que la propuesta no amplía el derecho de negociación colectiva, sino que lo condiciona al limitar los plazos y prohibir la presentación de nuevos pliegos durante la vigencia de la convención.
Además, cuestionaron la legalidad de reformar el Código Sustantivo del Trabajo mediante decreto, sin pasar por el Congreso de la República. Las organizaciones sindicales advirtieron que la iniciativa del Gobierno busca concentrar la negociación colectiva en un solo sindicato o central obrera, en detrimento de los sindicatos minoritarios, lo que podría terminar favoreciendo a las empresas.
El presidente de Utipec consideró que la propuesta del Ministerio del Trabajo representa una “ventaja muy grande” para la USO, al ser el sindicato mayoritario del sector petrolero.
