Organizaciones exigen al Senado revertir el veto presidencial y sancionar la ley
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización el próximo jueves 4 de septiembre frente al Palacio Legislativo, en coincidencia con la sesión de la Cámara alta donde se debatirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La convocatoria busca visibilizar la urgencia de sancionar una norma que extienda medidas de atención, financiamiento y asistencia para personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
La protesta se enmarca además en el contexto de la reciente salida del Dr. Diego Spagnuolo de la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras la difusión de grabaciones que revelan presuntos pedidos de coimas a funcionarios. Ante estos hechos, el Foro Permanente reclamó “transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos” y advirtió que la sanción de la ley es clave para restablecer la confianza en el sistema de protección social.
En paralelo, distintos grupos de personas con discapacidad y organizaciones sociales replicarán la movilización en plazas y puntos estratégicos de las principales ciudades, donde se realizarán acciones de difusión y cortes parciales de tránsito para reclamar la urgente aprobación de la normativa y la implementación de sus provisiones en materia de pensiones, prestaciones básicas y accesibilidad edilicia y laboral.
La iniciativa llega en momentos en que el interbloque opositor en el Senado negocia la inclusión de la insistencia del proyecto de emergencia en la agenda junto a la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), buscando reunir la mayoría de dos tercios necesaria para anular el veto presidencial y convertir la reforma en ley definitiva.
Los organizadores instaron a la ciudadanía y a los representantes parlamentarios a sumarse al reclamo bajo la consigna “Los derechos no se vetan”, recordando que la ley cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y requiere del aval del Senado para entrar en vigencia. El objetivo central es garantizar la continuidad y ampliación de beneficios para quienes más necesitan asistencia y evitar que queden truncas las políticas clave de protección social.
