El sistema impositivo argentino está basado sobre cuatro grandes pilares (en realidad cuatro grandes escándalos): una alta participación de impuestos distorsivos; altos incentivos y tolerancia a la evasión; gran complejidad del sistema; y el incumplimiento a la Constitución de sancionar una nueva ley de coparticipación federal.
En respuesta, cada vez gana más consenso que la Argentina necesita una reforma tributaria integral que resuelva el actual dislate y reduzca la presión fiscal, amplíe la base de contribuyentes y aumente la transparencia del sistema. Pero esta discusión no está completa si no se abordan los criterios actuales de distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.
La discusión sobre la Coparticipación Federal, incumplida desde la reforma constitucional de 1994, es clave para construir un sistema más equitativo y eficiente. El régimen vigente se basa en reglas fijas, desactualizadas y sin fundamentos claros, lo que genera desigualdades entre regiones.
Por ejemplo, las provincias más productivas —como Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe— concentran cerca del 70% del PBI nacional, pero reciben una proporción considerablemente menor de los recursos coparticipables, lo que evidencia la disparidad entre lo que aportan y lo que reciben.
Esto limita la inversión en infraestructura y servicios en zonas altamente productivas, mientras otras provincias reciben más recursos de los que generan sin rendir cuentas claras sobre sus resultados en términos de desarrollo.
En este contexto, una competencia fiscal bien diseñada entre provincias puede ser una herramienta positiva, siempre que promueva innovación, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública, y se realice con coordinación y reglas claras para no agravar desigualdades entre jurisdicciones.
En el último tiempo, casos concretos mostraron cómo las políticas impositivas locales inciden cada vez más en las decisiones de inversión privada. Un marco legal a esta situación puede impulsar a cada jurisdicción a buscar un mejor equilibrio entre sus recursos y su esquema tributario.
Recientemente, Fundar publicó un exhaustivo informe que analiza el funcionamiento del sistema y destaca la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación. Una ley que establezca criterios claros y razonables para la asignación y distribución de recursos, que incorpore flexibilidad para adaptarse a contextos cambiantes y que pueda sostenerse en el tiempo.
La nueva Ley de Coparticipación también debería incorporar un sistema de incentivos y sanciones: premiar a las provincias que cumplen con criterios de eficiencia, transparencia y buena gestión, y condicionar la distribución de recursos a quienes no lo hagan. Se debería pensar en un mecanismo donde las transferencias a provincias y municipios sean calculadas según necesidades y capacidad de recaudación, asegurando que las jurisdicciones con menos recursos puedan sostener servicios básicos.
Generar incentivos a “recaudar bien” es clave: si las provincias aumentan su eficiencia recaudatoria, conservan más recursos propios; si no, dependen más de los fondos de igualación, que ceden el resto de las jurisdicciones. Esto motivaría a los gobiernos locales a administrar correctamente sus tributos y fortalecería la institucionalidad del federalismo fiscal.
Fundar también destaca la necesidad de un nuevo organismo fiscal federal, que centralice funciones dispersas entre organismos, como controlar el cumplimiento de la ley de Coparticipación, sancionar a las jurisdicciones que incumplan, supervisar reglas macrofiscales, construir indicadores para respaldar la distribución y armonizar regímenes de retención.
Desde IDEA venimos sosteniendo, desde hace varios Coloquios, que avanzar con esta ley es urgente, no sólo para ordenar el entramado fiscal federal y dar respuesta a las demandas recurrentes de modificaciones tributarias, sino también para iniciar un cambio más profundo. La discusión no puede limitarse a cuánto pagamos en impuestos: también debemos garantizar transparencia sobre hacia dónde se dirige ese esfuerzo y qué tan justo es su reparto.
La falta de transparencia y las reglas desactualizadas de Coparticipación desincentivan la inversión y castigan a quienes producen y cumplen. Transparentar el sistema, exigir eficiencia en el gasto y actualizar los criterios de distribución son pasos indispensables para reconstruir la confianza, fomentar el desarrollo y poner en marcha un federalismo fiscal que funcione.
El autor es presidente de IDEA y socio de PwC Argentina
