Las investigaciones sobre el presunto desfalco al Instituto Nacional de Vías (Invías) sumaron un nuevo capítulo con la posible colaboración de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Según informó La FM, Benavides estaría en conversaciones con la Fiscalía para acceder a beneficios judiciales, siempre que aporte datos relevantes sobre el desvío de recursos tanto en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) como en el Invías.
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En este contexto, la Corte Suprema de Justicia citó a Benavides para que rinda testimonio el martes 14 de octubre.
Esta diligencia se da en medio del proceso que involucra a al menos 28 congresistas señalados como presuntos implicados en el escándalo de contratos irregulares en el Invías.
La comparecencia de la exasesora ante el alto tribunal podría resultar determinante para esclarecer la magnitud de la red de corrupción y la participación de funcionarios públicos en el manejo de los contratos.
La estrategia de Benavides de negociar con la Fiscalía busca no solo reducir su eventual responsabilidad penal, sino contribuir con información que permita desentrañar el esquema de saqueo que afecta a entidades clave del Estado.
La expectativa se centra en el alcance de los datos que pueda entregar y en el impacto que estos tengan sobre el avance de las investigaciones en curso.
El avance de la investigación sobre el presunto direccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) puso bajo la lupa a 28 congresistas, que ahora enfrentan un proceso judicial que podría derivar en la apertura de una investigación formal por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, se convirtió en una figura central al ofrecer su testimonio en desarrollo de un principio de oportunidad negociado con la Fiscalía General de la Nación, en el que se comprometió a colaborar para esclarecer el entramado de corrupción que también involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El acuerdo de colaboración, presentado por la Fiscalía ante un juez el 22 de julio, establece que Benavides declarará en contra del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, así como de los parlamentarios presuntamente beneficiados por el esquema.
La exfuncionaria, imputada por tráfico de influencias, ha sostenido en declaraciones previas que su rol como enlace con los congresistas obedeció a instrucciones directas de Bonilla, aunque aseguró desconocer los detalles específicos de las negociaciones. Su testimonio es considerado clave para vincular los escándalos de la Ungrd y el Invías, donde se sospecha que operó un mecanismo similar de favorecimiento político.
Las pesquisas han revelado que la red de corrupción funcionaba mediante la asignación de contratos de obra pública a legisladores, en particular a quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp). A cambio de la adjudicación de proyectos en sus regiones, los congresistas habrían emitido conceptos favorables para operaciones de crédito solicitadas por el Ejecutivo.
Por su parte, la Fiscalía detalló que Benavides, que trabajó estrechamente con Bonilla hasta marzo de 2024, habría intervenido directamente en la asignación de al menos tres contratos por un total de $92.000 millones, destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos fondos, gestionados a través de la Ungrd, habrían servido como moneda de cambio para asegurar respaldo político y votos en el Congreso.
En su colaboración con las autoridades, Benavides entregó una matriz que detalla la asignación de obras y los nombres de los parlamentarios que habrían recibido los beneficios. Este documento constituye una de las piezas más relevantes para la investigación en curso.
La Corte Suprema no solo ha escuchado el testimonio de Benavides. El 21 de julio, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, también compareció ante el alto tribunal. Reyes señaló directamente a Bonilla como responsable de gestionar los llamados “cupos indicativos” y afirmó que las denuncias en su contra por el recaudo fiscal formaban parte de una campaña de desprestigio impulsada por Bonilla para desviar la atención.
Además, Reyes presentó su propia lista con cerca de 30 nombres de congresistas y excongresistas que, según él, habrían mostrado interés irregular en los contratos.
El 6 de marzo, funcionarios de la Corte Suprema realizaron una inspección sorpresa en las oficinas del Invías para recopilar documentos y registros relacionados con la adjudicación de contratos. Esta diligencia coincidió con la renuncia de Juan Carlos Montenegro, entonces director del instituto, que dejó el cargo en medio de cuestionamientos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) por retrasos en pagos a contratistas que ascendían a cerca de un billón de pesos.
El Invías confirmó la visita judicial mediante un comunicado y reiteró su disposición a colaborar plenamente con las autoridades, subrayando su compromiso con la transparencia.
La compulsa de copias enviada por la Fiscalía a la Corte Suprema el 28 de febrero incluyó una lista detallada de los congresistas actualmente bajo indagación preliminar. La Sala de Instrucción del alto tribunal deberá decidir si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal contra los señalados.
Diversos medios de comunicación han revelado los nombres de los senadores implicados, entre los que se encuentran Juan Diego Echavarría Sánchez, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Efraín José Cepeda Sarabia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Maya, José Alfredo Gnecco Zuleta, Liliana Esther Bitar Castilla y Karina Espinosa Oliver. En la Cámara de Representantes, la lista incluye a Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez Nieto, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Wilmer Jair Castellanos Hernández, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero Rivera, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Viviana Aristizábal Saleg, Kelyn Johanna González Duarte, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Wilmer Yesid Guerrero Avendaño.
