La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra los empresarios Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano por tentativa de peculado al haber intentado acceder de manera irregular a subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
El argumento de la Corte es que su desistimiento de recibir los fondos no fue voluntario, sino motivado por el escándalo mediático generado tras la publicación de una investigación periodística en 2009.
La Sala Penal, con apoyo de conjueces, destacó que la renuncia de los Dávila a los beneficios ocurrió “gracias al escándalo denunciado por la revista Cambio en su edición del 23 de septiembre de 2009”, destacando así el papel de la prensa en la protección del erario.
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La decisión judicial se dio a conocer este martes 22 de julio, después de que el caso pasara por varias instancias judiciales.
La defensa de los Dávila había argumentado que el proceso debía declararse prescrito y que el retiro del subsidio se realizó antes de que se desembolsara el dinero, por lo que no habría delito.
Sin embargo, la Corte enfatizó que el plazo procesal permitía decidir hasta el 24 de julio de 2025; la Sala tomó la resolución definitiva el 18 de julio y comunicó su determinación antes del vencimiento del término.
Además, insistió en que el desistimiento de los beneficios se produjo únicamente como respuesta a la presión mediática y social, no por un acto autónomo de los procesados.
La ponencia inicial, presentada por el magistrado Hugo Quintero, había propuesto absolver a los Dávila indicando que existía voluntad en el desistimiento y que, por tanto, no se configuraba el delito.
Esa postura no prosperó, puesto que la mayoría de la Sala Penal consideró que los hallazgos de la investigación periodística resultaron decisivos y constituyeron el verdadero motivo para que los empresarios renunciaran al beneficio, desestimando así el argumento de espontaneidad defendido por la defensa y por uno de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que, previamente, había salvado su voto en ese mismo sentido.
El caso provocó amplio debate público por la manera en que los subsidios del programa AIS, creado en 2007 para combatir la desigualdad en áreas rurales, también beneficiaron a grupos empresariales y no solo a los pequeños y medianos productores.
Según la información revelada en su momento por la revista Cambio, los Dávila Abondano, entonces gerentes y miembros de la junta directiva de la empresa CI Tequendama, celebraron contratos ficticios para fragmentar la finca Tequendama, en Aracataca, Magdalena y presentarla como dos proyectos independientes, denominados ‘Finca Tequendama – El Salado I’ y ‘Finca Tequendama – El Salado II’, en la convocatoria AIS de 2009.
De esa forma, buscaron acceder a varios subsidios a pesar de no cumplir con los requisitos estipulados para pequeños y medianos productores.
El artículo titulado Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza puso en el centro del debate nacional el destino de los recursos públicos y sirvió como catalizador para las investigaciones administrativas y judiciales que siguieron.
La Fiscalía sostuvo durante todo el proceso que los hermanos Dávila adelantaron acciones irregulares para acceder a los fondos y que solo el trabajo periodístico permitió evitar que se consumara el desembolso.
El 25 de enero de 2012, la Fiscalía imputó a los Dávila los delitos de peculado por apropiación, agravado y tentado y falsedad en documento privado.
Posteriormente, en abril de ese año, los acusó formalmente y, cuando la audiencia preparatoria de juicio estaba a punto de comenzar en mayo de 2015, los empresarios optaron por buscar un preacuerdo con el ente investigador.
Los Dávila reconocieron el delito de peculado por apropiación, agravado y tentado, con la expectativa de una rebaja de la tercera parte de la pena, preacuerdo que un juez avaló en agosto de 2018.
En diciembre de 2018, un juez los condenó, aunque la sanción de inhabilidad política general no especificó los años de duración. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la condena, aunque suprimió la sanción de inhabilidad, y uno de los magistrados presentó voto aparte al considerar que los hechos no constituían delito.
Los Dávila acudieron entonces a la Corte Suprema, que ratificó la condena recogiendo el argumento de que su desistimiento fue resultado del escándalo público, confirmando que “el proceso no había prescrito” porque la decisión se tomó dentro de los términos legales.
