En las últimas semanas, Santa Cruz de la Sierra, la ciudad que se erige como el motor económico de Bolivia, ha sido escenario de una serie de hechos violentos que incluyen ataques armados, secuestros y enfrentamientos con la Policía. Estos incidentes, que parecen estar vinculados entre sí, revelan la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, así como las debilidades del sistema de seguridad en el país.
La reciente ola de violencia inició el 13 de agosto, cuando tres hombres extranjeros fueron hallados sin vida en una vivienda de la zona norte de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Dejanço Lazarevski, Miljan Gjekić y Vanja Milošević, nacidos en Macedonia y Serbia, y que según los primeros hallazgos de la investigación, estaban vinculados con la mafia balcánica, una organización dedicada al tráfico internacional de droga.
Una semana después, se produjo un doble asesinato también en la zona norte de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Vaca Díez y Harold Méndez, ambos fueron acribillados con más de 100 disparos dentro de una vagoneta, lo que sugiere una ejecución planificada y de alta violencia. Las víctimas tenían antecedentes penales y habían estado detenidos en la cárcel, Méndez por denuncias de estafa y Vaca Díez por acusaciones de homicidio y secuestro.
Posteriormente, el 2 de septiembre se reportó la desaparición de Lorgio Saucedo, un hombre con un extenso historial delictivo, cuyo vehículo se encontró calcinado en la zona residencial del Urubó. Una persona fue aprehendida por este caso y confesó haber asesinado a Saucedo, cuyo cuerpo habría sido enterrado en Warnes, un municipio vecino de Santa Cruz.
En búsqueda de Saucedo, la Policía llevó a cabo un operativo en un hangar de Warnes, donde inicialmente los agentes fueron atacados con armas. Tras el despliegue de refuerzos aéreos y terrestres, se logró asegurar el lugar y se encontraron siete avionetas, armas de uso militar, chalecos antibalas y caletas presuntamente destinadas a ocultar droga. Sin embargo, no se halló a la víctima buscada.
Finalmente, el 3 de septiembre de 2025, un hombre de aproximadamente 25 años fue acribillado en el barrio popular Plan 3.000. El fiscal Daniel Ortuño indicó que pudo tratarse de una confusión con un ciudadano colombiano que residía en el mismo inmueble y usaba una motocicleta similar.
A estos casos se suman una balacera en una zona comercial de la ciudad a plena luz del día, en la que un policía fue herido en un operativo en el que sus atacantes lograron escapar. En paralelo, se reportaron dos secuestros ocurridos a finales de julio que estarían vinculados con los sicariatos posteriores.
El ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos manifestó que la hipótesis inicial apunta a que los crímenes tienen que ver con ajustes de cuentas ligados al crimen organizado: “Las víctimas de estos actos violentos tenían antecedentes y vínculos con el narcotráfico, e incluso cuentas pendientes con la justicia”, señaló en conferencia de prensa.
La autoridad mencionó que hay mafias internacionales que están intentando operar en Bolivia y anunció un plan integral para reforzar la seguridad de la ciudad. “Es importante reconocer lo que está aconteciendo en el departamento de Santa Cruz como un intento de organizaciones criminales que quieren ingresar a territorio boliviano, y es un tema que no lo vamos a permitir”, declaró Ríos en conferencia de prensa. El ministro agregó que “no se descarta la presencia de grupos europeos que, a través de emisarios, buscan relacionarse con la actividad del narcotráfico”.
Posterior a sus declaraciones, el ciudadano serbio Luka Starcevic, considerado como un “embajador” de la mafia de los Balcanes en Sudamérica, fue capturado por la Policía paraguaya en un paso fronterizo en la región del Chaco, cuando intentaba ingresar a Bolivia con un documento falso, lo que probaría la teoría que maneja el Gobierno sobre la penetración de este tipo de organizaciones.
Sin embargo, la hipótesis del ministro Ríos tiene indicios más antiguos: en 2014, el asesinato de Goran Popovic en Bolivia reveló por primera vez la presencia de emisarios de la mafia balcánica en el país.
Para la criminóloga y ex directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Gabriela Reyes, la ola de violencia responde a una pugna por el control del mercado de la cocaína entre dos organizaciones criminales transnacionales. La experta ve que hay indicios de su asentamiento en Bolivia: la identificación de miembros de la mafia balcánica y otras organizaciones brasileñas en Bolivia, la relación entre los crímenes ocurridos en el último mes y los altos niveles de violencia, que incluyen tortura previa y múltiples disparos.
La experta sostiene que Santa Cruz se ha convertido en un “hub logístico” de la industria de la cocaína y que esto aumenta la inseguridad en la región. “Esto puede ser el inicio de algo mucho más fuerte, creo que vamos a seguir viendo este tipo de hechos que hasta ahora se ha mantenido entre gente vinculada al mercado de la cocaína», afirmó.
La creciente ola de sicariatos en Santa Cruz, a los que se suman otros recientes en la región cocalera de Cochabamba, ponen de manifiesto la limitada capacidad del Estado para hacer frente a estos crímenes. Entre los desafíos urgentes para el próximo Gobierno, que estará encabezado por Rodrigo Paz o Jorge Quiroga, Reyes apunta que está contener la presunta batalla que se libra entre mafias o sus facciones, y evitar éstas que echen raíces en el país; a través del apoyo de organizaciones internacionales y las agencias policiales de países que se ven afectados por el crimen organizado.
