A partir de los recortes federales impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la crisis habitacional se intensificará el próximo año en Los Ángeles, en California. Las proyecciones oficiales estiman que aproximadamente 14.500 residentes podrían quedarse sin sus viviendas subvencionadas en 2026 si no se producen cambios. En respuesta, varios condados presentaron demandas contra el gobierno federal.
Los Ángeles: por qué miles pueden perder sus viviendas subvencionadas en 2026
Más de 14.500 personas podrían perder sus hogares subvencionados a partir del próximo año, según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (Lahsa, por sus siglas en inglés). El escenario particular se debe a la decisión del gobierno federal de recortar los fondos de un programa conocido como Atención Continua. Además, expirará otra política establecida en la pandemia que también pretendía brindar asistencia a personas en situación de riesgo.

“Este no es un momento normal y no podemos tratarlo como si fuera un momento normal”, expresó al respecto la concejala de Los Ángeles, Nithya Raman. “Existe la posibilidad de que todo el sistema de servicios para personas sin hogar que hemos construido aquí se desmorone”, dijo, según Los Angeles Times.
Las estimaciones indican que alrededor de 3500 de familias en riesgo experimentan esta situación a causa de los recortes de financiación estatal. Otras 6000 podrían perder su vivienda porque una iniciativa federal de vales de unidades de emergencia lanzada en la pandemia expirará en 2026, cuatro años antes de lo previsto.
El resto, que oscila entre 5000 y 7000 hogares adicionales, se quedaría sin casa como resultado directo de los ajustes al programa de Atención Continua.
La administración Trump anunció el mes pasado que recortaría la cantidad que el mecanismo distribuiría para la vivienda permanente.
A su vez, informó que cambiaría los pagos en dólares a opciones de vivienda temporal, lo que obligaría a los beneficiarios a inscribirse en servicios como capacitación laboral y tratamiento de salud mental.
Qué hará Los Ángeles para frenar el impacto de los recortes federales
Para mitigar las consecuencias de la determinación de la administración federal, el Ayuntamiento de Los Ángeles ordenó a su personal que trabaje con el condado para lograr que los recursos que posee la administración local se utilicen para disminuir los ajustes presupuestarios que empujan a la gente a las calles.
Además, exigió la elaboración de un plan para presionar a los funcionarios federales y estatales con el propósito de “limitar las posibles reducciones de fondos”.
Pese a los intentos del gobierno local por mantener en pie el programa federal, la supervisora del condado, Lindsey Horvath, aseguró que “no hay absolutamente ninguna manera” de que el condado pueda sostener todo el financiamiento que representa el programa.

No obstante, según cita Los Angeles Times, sugirió que podrían mantener alojadas a algunas personas a través de la transferencia de los individuos en riesgo a diferentes programas administrados por el condado.
En una declaración, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, sostuvo que a pesar de los “ataques de D.C.” y la situación financiera actual, “retroceder no es una opción para el condado”. A continuación, se comprometió a trabajar para “sacar a la gente de las calles”.
California demanda al gobierno federal por los recortes a vivienda: qué puede pasar
En colaboración con la Alianza Nacional para Acabar con la Indigencia y la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, el condado de Santa Clara y el de San Francisco demandaron a la administración Trump esta semana.
Las denuncias acusan al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) de pasar ilegalmente por encima del Congreso para realizar cambios masivos en los programas que apoyan a las personas sin hogar, según informó CalMatters.

Previamente, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda por separado junto con más de 15 estados. El objetivo es detener el cambio de políticas que afecta a los ciudadanos sin vivienda.
“Quienes cuidan de nuestros vecinos sin hogar necesitan el apoyo continuo del gobierno federal. Sin intervención judicial, las acciones de la Administración Trump solo agravarían la crisis de la falta de vivienda”, manifestó el Fiscal General de California, Rob Bonta, en un comunicado de prensa.
Desde su lugar, el secretario de HUD, Scott Turner, expresó que las modificaciones apuntan a “detener el fondo ilícito de la era Biden que alimentó la crisis de las personas sin hogar, excluyó a los proveedores religiosos simplemente por sus valores e incentivó la dependencia interminable del gobierno”.
Ambas demandas alegan que los cambios en la financiación realizados por la administración Trump violan la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución. A su vez, afirman que el gobierno no siguió el protocolo adecuado antes de implementar los cambios.
El gobierno federal adelantó que no prevé comenzar a otorgar fondos del programa de Atención Continua hasta mayo. No está claro cómo podrían afectar las demandas a esta situación.
“En este momento, desconocemos cuánto durará el proceso de litigio, pero esperamos que nos lleve a una alternativa más viable”, comentó a CalMatters Lisa Bates, directora ejecutiva de Sacramento Steps Forward.
