El gobierno de Francia no logrará aprobar los Presupuestos Generales de 2026 antes de que finalice el año, tras el fracaso de las últimas negociaciones parlamentarias celebradas este viernes, un nuevo síntoma de la profunda fragmentación política que atraviesa el país. El bloqueo supone un duro revés para el Ejecutivo y abre un nuevo foco de inestabilidad en un momento de elevada tensión institucional.
Ante este escenario, el primer ministro, Sébastien Lecornu, puso en marcha los mecanismos para una prórroga parcial de los presupuestos de 2025, una solución transitoria con la que busca ganar margen de maniobra e intentar aprobar las nuevas cuentas en los primeros meses de 2026. Aunque el Gobierno sí consiguió sacar adelante el presupuesto de la Seguridad Social, Lecornu ya había advertido de las mayores dificultades para consensuar las cuentas generales del Estado.
El principal obstáculo fue la comisión mixta paritaria, integrada por siete senadores y siete diputados, encargada de consensuar un texto común entre el Senado —dominado por el centro-derecha— y la Asamblea Nacional, mucho más fragmentada y con una izquierda influyente. La reunión concluyó en apenas 35 minutos sin acuerdo, dejando sin margen real al Gobierno para aprobar el presupuesto antes del cierre del año.
Ante la urgencia de la situación, Lecornu convocó a los principales líderes parlamentarios a una nueva reunión el próximo lunes con el objetivo de relanzar las negociaciones. Según estimaciones del Banco de Francia, cada día sin un nuevo presupuesto agrava la situación financiera del país.
El precedente más cercano se remonta a 2024, cuando el entonces primer ministro François Bayrou se vio obligado a prorrogar parcialmente las cuentas antes de lograr la aprobación del presupuesto de 2025 en febrero. La ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, recordó que aquel retraso supuso un coste de unos 12.000 millones de euros para las finanzas públicas.
Lecornu se mostró especialmente crítico con la “falta de voluntad” de algunos grupos políticos para alcanzar un acuerdo y advirtió de que “serán los ciudadanos quienes paguen las consecuencias”.
Una supervivencia política en juego
La continuidad del primer ministro queda ahora en entredicho. Sin presupuesto aprobado, su permanencia en el cargo se complica y muchos lo consideran el último recurso del presidente Emmanuel Macron ante la inestabilidad política actual. Una eventual caída de Lecornu podría forzar a Macron a convocar un nuevo adelanto electoral, apenas un año antes del final de su mandato, tras el ya celebrado en julio de 2024.
Mientras tanto, los distintos bloques políticos se cruzan reproches. Desde el Senado, la derecha acusó tanto al Gobierno como a la izquierda de sabotear las negociaciones. El líder conservador Bruno Retailleau afirmó que el proyecto presupuestario del Ejecutivo “estrellaría al país contra el muro de la deuda” e instó a Lecornu a aprobar las cuentas sin votación parlamentaria.
Esta opción está prevista constitucionalmente, pero implicaría someterse a una moción de censura, un mecanismo que ya provocó la caída de sus dos predecesores: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.
Desde la izquierda, los socialistas —que facilitaron la aprobación del presupuesto de la Seguridad Social tras obtener concesiones clave, como la derogación de la reforma de las pensiones de 2023— responsabilizaron a la derecha del bloqueo. Su líder, Olivier Faure, aseguró que “desde el primer momento cerraron la puerta a cualquier acuerdo”.
La ecuación política para Lecornu es especialmente compleja: debe equilibrar las demandas de una izquierda que apuesta por subir impuestos y reforzar el gasto social, con las exigencias de una derecha partidaria de la austeridad y contraria a nuevas cargas fiscales. A ello se suman las primeras fisuras dentro de la propia coalición macronista, dividida entre quienes prefieren pactar con la izquierda y quienes apuestan por acuerdos con la derecha.
Como telón de fondo, los dos grupos más numerosos de la Asamblea Nacional —la extrema derecha de Marine Le Pen y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon— rechazan cualquier compromiso y reclaman nuevas elecciones.
Las futuras negociaciones, previstas para los primeros meses de 2026, se desarrollarán además en plena campaña para las elecciones municipales de marzo, un contexto que previsiblemente reducirá aún más el margen de maniobra política.
(Con información de EFE)
