La presión del kirchnerismo sobre Axel Kicillof para que reunifique los comicios que desdobló en la provincia de Buenos Aires es la consecuencia política con impacto electoral más visible de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Carlos Bianco no descartó que el gobernador se rectifique de la medida que postula como eje rector de la estrategia para los comicios de 2025. El de Gobierno es el ministro de mayor influencia sobre Kicillof y al que se le atribuye agitar la fractura con Cristina que hasta la semana promovió Jorge Ferraresi.
Bianco no sorprendió por argumentar lo obvio: entre las facultades del gobernador está la de enmendar su decisión original. Pero sí por la cautela con la que expresó esa posibilidad, adelantada por el aparente cambio de parecer en el intendente de Avellaneda. A través de su cuenta en X, Ferraresi convocó anteayer a marchar en solidaridad con Cristina a su domicilio en Constitución. Otro intendente del conurbano graficó la mutación provocada por la Corte. “A juzgar por los nervios, el que parecía que iba a ir preso era Kicillof. Ella está serena.”
El gobernador estuvo solo 15 minutos en la vigilia montada en el PJ para Cristina. De allí se dirigió a reunirse con su gabinete en la sede del Bapro en la City. Su entorno lo justificó. No quería quedar sometido al escarnio que padeció el lunes anterior en ese ámbito, sitiado por Mayra Mendoza y Mariel Fernández. Intendentes de Quilmes y Moreno alineadas con La Cámpora, con la que no cesan las hostilidades. La perplejidad de Kicillof y Ferraresi tiene lógica. Comparten electorado con Cristina. Posicionada por los acontecimientos en el centro de la escena que atrae hacia ella no solo la atención del peronismo. Aún así, su pronóstico sobre las elecciones bonaerenses no es optimista. Teme que la de diputados nacionales no sea más que la confirmación de una eventual derrota en la de legisladores provinciales y locales. Cree que podría economizar esfuerzos y preservar el precario acuerdo de unidad con Kicillof si concentra a las dos en el 26 de octubre y se suprimen las del 7 de septiembre.
Cristian Ritondo se vería perjudicado por un nuevo cambio al calendario electoral. Sin el desdoblamiento que obliga a elegir candidatos por cada una de las ocho secciones, tal vez no tenga sentido el frente que negocia con La Libertad Avanza en nombre del Pro. Un acuerdo de por sí paradójico. La traba que le impide a Ritondo concretarlo es lo que propone como activo: los intendentes del Pro. Particularmente los ligados a Jorge Macri: Soledad Martínez (Vicente López), María José Gentiles (Nueve de Julio) y Pablo Petrecca (Junín).
El jefe del gobierno porteño guarda rencor a Ritondo y Diego Santilli por reunirse con Sebastián Pareja y Karina Milei en Casa Rosada después del desaire que sufrió de Javier Milei en el Tedeum. Cristina fue la excusa de Unión por la Patria (UxP) para abortar la sesión de ayer en la Legislatura, donde debía tratarse la reducción de algunas categorías en Ingresos Brutos prometidas en campaña por el jefe del gobierno porteño. El problema es que La Libertad Avanza amenazó con votar la reforma más amplia propuesta por UxP.
La expectativa es que Daniel Angelici aporte su experiencia para negociar con Juan Manuel Olmos una racionalidad que libere a la Legislatura de este atolladero. ¿Exigirá Angelici que Jorge Macri cumpla que Lucía Braccia y Lautaro García Batallan asuman a fin de año como legisladores antes de negociar con el mandamás del PJ? Para que eso ocurra, deberían renunciar dos de los electos por el Pro. La continuidad de Silvia Lospennato, despeja parcialmente ese panorama. Pero no le garantiza el éxito. Las gestiones de Angelici están condicionadas por el mal momento que atraviesan el jefe del gobierno porteño y el ex presidente.
La situación judicial de Cristina podría variar si prosperan las negociaciones de UxP con el gobierno para ampliar la Corte. De lograrlo, sepultaría la señal de imprescindible regeneración institucional implícita en el fallo en su contra, de la que no estaría exento ningún estamento judicial. El desempeño de la Justicia es aprobado solo por el 15 por ciento de los consultados en mayo por la encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés. Apenas un punto por encima del Congreso (14%) y menos de la mitad de la relativa satisfacción con el Poder Ejecutivo (33%). Una imagen a la que acaso contribuya la falta de avances significativos de juicios políticos pendientes en el Consejo de la Magistratura. Como el que se le sigue a Federico Villena. Sergio Mola apeló la falta de mérito que dictó el juez federal de Lomas de Zamora a favor de Aníbal Regueiro, exintendente de Presidente Perón. Regueiro adjudicó a la firma DOIO SRL la construcción de una ruta que jamás se realizó. Diego Luciani y Sergio Mola son los fiscales de la causa Vialidad. La de Regueiro podría demostrar que no es un hecho aislado. DOIO está sospechada de donar los terrenos sobre los que Martin Insaurralde construyó una propiedad en el barrio Fincas de San Vicente. Mola investiga al exintendente de Lomas de Zamora por enriquecimiento ilícito. Las medidas de prueba solicitadas hace dos años fueron sistemáticamente ignoradas por los jueces federales que subrogaron la causa. Primero el de La Plata, Ernesto Kreplak, y ahora el de Quilmes, Luis Armella. Sobre todo una que involucra a Villena, ante quien se auto denunció Insaurralde luego de ser sorprendido a bordo de un yate en Marbella.
Mola intenta determinar la forma en que esa presentación fue recibida por Villena. Habría evidencia suficiente para sospechar que la firma en ese escrito de Gastón Marano, su abogado defensor, difiere mucho de otras sucesivas en el expediente. Kreplak hizo dos excepciones a su costumbre de delegar las causas en el ministerio público. Retuvo la de Insaurralde y la que investiga a Villena por 13 casos de fórum shopping.
El renovado protagonismo de Cristina es una buena noticia para Sergio Massa. A su alrededor estiman que ordena la campaña. Traducido a su interés, complica el proyecto presidencial de Kicillof. Lo que no supone que beneficie la intención de Massa de volver a postularse. Quizás la razón por la que quienes estén dispuestos a perjudicarlo, hayan echado a rodar maliciosamente un rumor que lo vincularía a Julieta Makintach. La jueza federal fue suspendida por 90 días y la Corte bonaerense designó a los miembros del jurado que llevarán adelante el juicio político en su contra solicitado por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand. Makintach está acusada de participar en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona que lleva adelante el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de San Isidro. Y de autorizar el ingreso a la sala de un equipo de filmación para registrar las audiencias.
Makintach integra el TOC N°2 y subrogaba el N°3 para cubrir una vacante, luego que ninguno del TOC N°5 aceptara hacerlo a pesar de haber sido el que surgió de un sorteo previo. Makintach es sindicada por esa versión maliciosa como la elegida por Massa para ocupar una de las cuatro vacantes en la Corte bonaerense. Incluso con el previo consentimiento a Massa de Sergio Torres. En apariencias, el encargado de garantizar la excusación del TOC N° 5 y de que Makintach ocupe provisoriamente la presidencia del TOC N°3 en una audiencia. Todo para sortear la falta de conocimiento de la jueza. Un déficit para su candidatura a la Corte.
Torres es tan buen amigo de Ritondo como lo sería de Massa. Al vocal de la Corte bonaerense se le atribuye votar sistemáticamente en disidencia con los otros dos para provocar que sean convocados conjueces del Tribunal de Casación Penal. Que su voto coincida con el de Torres no es más que un hecho afortunado. A Massa se le adjudica un notable predicamento sobre ese tribunal. Seguramente se trata de habladurías sin ningún tipo de fundamento.
Y probablemente esa sea la razón por la presidente de la Corte, Hilda Kogan, haya desistido de poner en práctica una auditoría que revise los fallos de Torres y los conjueces. El consejo que le dio Daniel Soria, pero que él no puso en práctica mientras fue el presidente de la Corte. Como manda la Constitución, Kogan preside además la Junta Electoral bonaerense. El organismo que le sugirió a la Legislatura el desdoblamiento.
El kirchnerismo está seguro que Ana María Bourimborde controla la Junta, donde es su vicepresidente. Acaso un prejuicio derivado del antecedente de la titular de la Cámara Civil y Comercial N°1 de La Plata. Fue la única que aceptó presidir la comisión de Juicio Político que destituyó al exfiscal de Tigre, Claudio Scapolán. Una responsabilidad que rechazaron los tres miembros de la Corte y el pleno del Tribunal de Casación Penal.
Bourimborde mantiene un estrecho vínculo con Julio Alak. El intendente de La Plata mantiene un vínculo estrecho con Kicillof. Su actuación en el jury a Scapolán no sería más que otro capítulo del presunto duelo interminable que libra con Massa por el control de la Justicia bonaerense. Tal vez algunos de sus miembros deban hacer propia una reflexión del kirchnerismo que reverdece en estas horas. Con Cristina no alcanza. Sin ella es imposible.
