Durante las primeras horas del lunes 3 de noviembre aparecieron cientos de peces muertos o agonizantes sobre los bordes del dique Cuesta del Viento, donde desemboca el río Blanco, en San Juan. Según testificaron pobladores de la zona, con el correr de los días esos cientos se transformaron en miles que, al menos hasta ayer, continúan sumándose a los registros realizados por los preocupados habitantes. Muchos de ellos temen que sea consecuencia de una contaminación minera, pues río arriba se encuentra una de las actividades más importantes del país: Veladero. Pero análisis hechos por Barrick Gold Co., una de las dueñas de la mina, y corroborados por LA NACION ponen en jaque esa sospecha. Al menos hasta el 11 de noviembre, ninguno de los contaminantes que podrían provenir de la explotación se registra en valores peligrosos en los afluentes cercanos a la misma.
La gobernación provincial aún no aporta datos que son fundamentales para dilucidar las razones de tan extendida mortandad. En un principio, el Ejecutivo atribuyó la situación a “causas naturales”. Sin embargo, esto fue desmentido por un estudio científico de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo).
Así, la historia de la zona invita a sus pobladores a descreer de la versión oficial. Para ellos, las respuestas de la provincia han sido “engañosas”. La razón de la muerte de estos peces permanece incierta. Todas las partes coinciden en que este fenómeno no tiene precedentes allí. Como trasfondo, aparece un debate nacional por la modificación de la ley de glaciares que ampliaría la capacidad de la industria de instalarse, sobre todo en la provincia de San Juan.
Fabio Romero, uno de los pobladores más alarmados por la situación, dirige un emprendimiento de rafting y turismo en el dique y estaba fuera de la provincia aquel lunes. Se enteró por fotos y videos que le enviaron, pues él estaba en la ciudad de San Juan. “Casi vengo el día que me enteré de que quienes lo descubrieron eran turistas. Cuando detonó todo, vi a los peces en las imágenes y me sorprendí, pero no quise juzgar estando lejos”, contó. Al llegar al lugar, corroboró lo que había visto en pantalla: “Hemos visto miles de peces muertos hasta hoy… manojos de peces”.
Romero, junto a otros habitantes y visitantes frecuentes, empezó a difundir más y más registros. Todos mostraban pejerreyes juveniles, muchos dando los últimos espasmos sobre el agua. La mayoría aparecían entre las rocas de la costa, arrojados por un intenso viento que le da nombre al dique.
La situación tomó carácter de emergencia. Tanto es así que la Unidad Fiscal del Norte abrió una investigación a cargo del fiscal Sohar Aballay dos días después del primer hallazgo. Aballay explicó a LA NACION que pidió informes tanto a la Secretaría de Ambiente provincial como a la de Hidráulica. También informó que Saúl Zeballos, representante de la asamblea Jáchal No Se Vende, ya aportó pruebas, algo que el Ejecutivo concretó finalmente ayer.
Federico Ríos Yañez, secretario de Ambiente de San Juan, relató que al día siguiente del incidente enviaron una comisión al dique. “Recibimos la información de nuestros agentes ese lunes. Expertos llegaron el martes 4 e hicieron pruebas in situ”, describió. Según el funcionario, la demora en entregar la información solicitada por la fiscalía se debe a trámites administrativos.
No obstante, dos días después del primer registro, la secretaría publicó un comunicado informal que generó incredulidad entre activistas y vecinos. Resultaba inusual que, tras tan poco tiempo de análisis, se llegara a conclusiones contundentes.
“El relevamiento efectuado el 4 de noviembre determinó que la mortandad se registró en focos puntuales (…) Las evidencias indican que el evento estaría asociado a condiciones naturales del cuerpo de agua, específicamente a bajos niveles de oxígeno disuelto (…) El fenómeno es localizado y de corta duración”, concluyó el comunicado. Sin embargo, la mortandad no fue focalizada y aún continúa.
La hipótesis oficial fue entonces que los peces murieron por hipoxia: falta de oxígeno en el agua para que pudieran respirar a través de sus branquias. “Esto puede deberse a la proliferación de algas, variaciones bruscas en el nivel del agua o una sustancia externa”, agregó Ríos Yañez, aclarando que la información es preliminar y basada en la observación de los cadáveres. Pero la Universidad Nacional de Cuyo llegó a un resultado distinto.
El viernes 6, técnicos de la Uncuyo contratados por la asamblea Jáchal No Se Vende realizaron un muestreo paralelo para medir el oxígeno disuelto. Según pudo constatar LA NACION, las mediciones preliminares de este estudio variaban entre 7 y 9 miligramos por litro. En otras palabras, valores normales. Claudio Baigun, biólogo del Conicet que no participa en este caso y es consultor especializado en pesquerías de agua dulce, explicó que para que peces como el pejerrey se “empiecen a incomodar por falta de oxígeno, se deberían registrar valores inferiores a 5 mg/l”.
Este contraste alimentó el escepticismo entre los pobladores de Rodeo y Jáchal. “No confiamos en la Secretaría porque nunca hubo una mortandad así, porque en pocos días nos dijeron que era hipoxia y luego otras mediciones muestran valores normales. Hay intereses muy grandes”, sostuvo Fabián Rodrigo, habitante de San Juan que practica windsurf en el dique desde hace dos décadas.
Por intereses, Rodrigo apunta especialmente a Veladero, ubicada río arriba, junto a afluentes que confluyen también con el río Jáchal; este corre desde el dique hacia abajo. La mortandad masiva es, además de una tragedia ecológica, un indicio de que algo sucede en el agua, por causas aún inciertas. Para varios pobladores, esta situación revive el recuerdo de un derrame masivo ocurrido hace poco más de diez años, vinculado también a la mina de oro.
Ríos Yañez, cuya dependencia depende del Ministerio de Minería provincial, advirtió que es “muy apresurado” hablar de Veladero. “Estos contaminantes pueden provenir también de la agricultura”, contrastó.
Desde Barrick Gold, que posee el 50% de las acciones de la mina (Shandong Gold Group posee el otro 50%), reconocieron que el derrame de hace diez años representa un flagelo difícil de borrar en la zona; sin embargo, afirmaron que han afinado las metodologías de control para evitar nuevos incidentes. Explicaron que, ante denuncias de derrames, incluso abrieron las puertas al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en tres instancias. La empresa canadiense reconoció tres derrames –2015, 2016 y 2017–, pero planteó que solo el primero no fue contenido a tiempo. Una inspección de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos dio cuenta de que hubo daños ambientales que se mantuvieron con el tiempo, pero focalizados en las zonas cercanas a la mina.
Ríos Yañez afirmó a LA NACION que en un estudio preliminar de metales pesados impulsado por el gobierno de Marcelo Orrego tras el primer registro de muerte de peces “no se registró presencia de zinc, cobre ni cadmio”, aunque no mencionó contaminantes habituales de la minería aurífera, como mercurio o arsénico. Este medio solicitó copia del estudio, pero no la obtuvo hasta el cierre de esta nota. Desde la empresa explicaron que, de esos tres metales, el único que utilizan es zinc.
Respecto de que se trate de una contaminación procedente de la agricultura, como sugirió Ríos Yañez, el funcionario no pudo dar precisiones sobre la existencia de esa actividad cerca del río Blanco y el dique Cuesta del Viento. En un análisis de fotografías satelitales que LA NACION realizó, se pudieron identificar manchas agrícolas de baja envergadura sobre la zona ribereña arriba del embalse.
Para José Cabello Lechuga, geólogo chileno y director de Mineralium SRL, por la propia existencia de la mina río arriba, se tendría que descartar primero cualquier vínculo con ella. “Lo más obvio sería apuntar al arsénico. Sería normal descartarlo primero. Habría que revisar si está presente”, opinó. Zeballos añadió que es necesario medir los valores de mercurio también, que es un subproducto de la extracción de oro y plata. “Además, se suele usar cianuro para la separación de los metales”, añadió.
En ese sentido, circuló un estudio del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero-Industrial, que concluía que no había “presencia de cianuro, mercurio o nitritos”. Zeballos opinó que las conclusiones son “engañosas”: de los cuatro puntos de muestreo, solo en dos –ambos río arriba– se descartan esos contaminantes. Ni en el dique ni en Jáchal reportaron la ausencia de metales pesados. A pesar de estas consideraciones, cabe aclarar que los puntos que sí reporta el informe son los más cercanos a Veladero, por lo que podría asumirse que si hubiera contaminación no se registra cerca de la mina. Sin embargo, Zeballos insistió: “En ese reporte no se publican datos. Se concluye que no hay presencia de estos metales, pero no hay ninguna medición expresa”.
En el caso actual, los análisis de Barrick Gold Co. indicaron que no hubo variaciones de mercurio y arsénico hasta su última medición el 11 de noviembre. La última medición de arsénico fue el 30 de octubre, unos días antes de que iniciara la muerte de peces río abajo en el dique Cuesta del Viento. Fuentes de la empresa aseguraron que todos los residuos se mantienen dentro de la mina y no llegan a afluentes externos. Además, anunciaron que el dato faltante se actualizará en un monitoreo participativo que promueve la empresa y que se efectuará el 25 de noviembre. “No existe ningún vínculo entre los peces encontrados en el dique Cuesta del Viento y el funcionamiento de la mina”, afirmaron a LA NACION.
Por otro lado, la Municipalidad de Jáchal anunció que ayer comenzó también un análisis del agua en el dique y más abajo. “Se efectuarán mediciones de parámetros físico-químicos esenciales, como conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, pH y temperatura, indicadores que permiten lograr una primera caracterización del agua, identificar variaciones y establecer una línea base confiable para los siguientes análisis”, explicaron en un comunicado. Añadieron que analizarán también “componentes biológicos”. No mencionaron pruebas de metales pesados.
Además de la hipótesis de hipoxia desmentida por el estudio de la Uncuyo, el gobierno provincial también habló de bajo nivel de agua o “eutrofización” por exceso de algas. Pero vecinos y técnicos de la universidad señalaron que el nivel actual es superior al de años anteriores y que la temperatura no permitiría la proliferación de algas.
“Todo lo que comunicó la Secretaría [de Ambiente] es interpretativo, porque no presentan ningún valor medido de oxígeno disuelto. Solo mencionan que ‘las características de los peces hallados (…) sumadas a la descomposición de materia orgánica’ son típicas de ambientes con poco oxígeno, pero no especifican qué observaron para concluir hipoxia. Tampoco reportan niveles de materia orgánica: dicen que llevaron solo una sonda multiparamétrica, que no mide materia orgánica. No queda claro qué datos obtuvieron realmente ni cómo respaldan esa interpretación”, explicó Carolina Aronzon, especialista en ecotoxicología del Conicet, independiente de este caso. Los técnicos de la Uncuyo también detectaron presencia anómala de cloro en el agua, un químico cuya atribución también permanece incierta.
Zeballos y la asamblea Jáchal No Se Vende solicitaron el informe preliminar de la gobernación y recordaron que falta publicar los resultados sobre “mercurio y otros contaminantes provenientes de la actividad minera”. Por su parte, Barrick Gold Co. plantea que las sospechas de la organización ambientalista y los vecinos de Rodeo carecen de sustento técnico. “Rechazamos los reiterados intentos de la asamblea Jáchal No se Toca de vincular a Veladero con impactos ambientales sin fundamentos técnicos ni una interpretación responsable de la información disponible, alejándose de la realidad ambiental y geográfica del área donde opera la mina”.
