Cuando faltan poco más de 60 días de la fecha fijada para el inicio del juicio oral de la causa Cuadernos, un importante grupo de imputados está dispuesto a entregar una millonaria suma de dinero a cambio de terminar con el proceso.
Ayer, 28 imputados manifestaron a la Justicia que pretenden una reparación integral, es decir, compensar el supuesto daño con acciones concretas y además, entregar una suma de dinero. A cambio, el Tribunal deberá entregar un sobreseimiento definitivo en el caso donde se investiga el supuesto pago de coimas.
Además de esos 28 que pidieron el sistema, hay otros 8 más que solicitaron estar en la audiencia donde se defina esta solución pero no manifestaron si están dispuestos a pagar una indemnización. Así las cosas, 36 de algo más de los 80 imputados que serán parte de esta primera etapa del juicio han manifestado que prefieren esta forma de terminación del juicio.
¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Esa es la pregunta que nadie se atreve a contestar pero, según un abogado que oficia como una suerte de coordinador de la estrategia, la suma estaría entre 30 y 40 millones de dólares, una suma módica si se toma en cuenta el dinero que transitó por los circuitos de la obra pública, las concesiones y los contrato con el Estado en épocas kirchneristas.
Como se dijo, y a diferencia de otros institutos jurídicos que implican reconocer los hechos, pues en la reparación integral no es necesaria esa condición. O sea, después de pagar lo que viene es sobreseimiento. Es como decir: acá no ha pasado nada y ya no hay más posibilidades de juzgar esos hechos.
La cuestión es algo que se habla en el proceso desde hace tiempo. Sin embargo, en la última semana empezaron los movimientos de algunas de las defensas de los empresarios acusados de pagar coimas.
La causa, que empezó hace poco más de siete años después de que este cronista hizo una investigación periodística y luego, denunció a la Justicia, se motivó en los cuadernos que escribía Oscar Centeno, un chofer que llevaba y traía funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido. Desde aquel agosto de 2018, todo el procedimiento convivió con la intención de muchos imputados que intentaron la manera de terminar con el proceso.
Se sucedieron centenares de planteos procesales para dar por tierra la llamada causa Cuadernos, además de iniciar otra causa paralela, en la que se intentó abrir el celular de este cronista y conseguir los videos de las cámaras de seguridad de la zona donde se localiza LA NACION. La última gran puerta que se intentó abrir para evadir el juicio oral fue el planteo que llevaron adelante los empresarios Ángelo Calcaterra y Armando Loson, entre otros, para que el expediente pase al fuero electoral y de esa manera, encuadrar los supuestos sobornos como meros aportes de campaña.
Tras el fracaso de una y otra estrategia, el tribunal oral compuesto por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli determinó que el 6 de noviembre se inicie el proceso oral y público que, según el último informe cuantitativo que presentó la fiscal Fabiana León, tiene 170 procesados, 26 encuadres jurídicos, 540 delitos cometidos y 899 testigos ofrecidos, 13 pericias solicitadas y que llevó a la fiscalía a realizar 376 presentaciones.
En la recta final hacia el juicio, los abogados del ingeniero civil Roberto Juan Orazi, de la constructora Hidraco, se presentó a pedir la “reparación integral”, en los términos que establece el artículo 59, inciso “6” del Código Penal. “La acción penal se extinguirá (…) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”, dice la norma.
Ante esta iniciativa se corrió vista a la fiscal León, que estableció que era conveniente correr traslado a todos los imputados dada la proximidad del inicio del juicio. “considerando útil al proceso concentrar las presentaciones de esta misma naturaleza se requiere conocer previamente la posición [de las partes]. Máxime, cuando ya con anterioridad inquietudes de este mismo tenor fueron traídas por múltiples defensas a la Fiscalía”, dice el despacho judicial. Entonces, otorgó un plazo de 24 horas para conocer quiénes estaban accederían a una solución de este tipo.
Como se dijo, el intento de cambiar dinero por un sobreseimiento estuvo presente en todo el proceso y, de hecho, la fiscal León lo reconoce en su escrito. Sin embargo, jamás se mostró con intenciones de favorecer la terminación del juicio de esta manera.
Pero, de regreso a esta parte de proceso, lo que sucedió posteriormente es que el Tribunal Oral tomó el pedido de Orazi y la respuesta de León y otorgó un plazo mayor que venció en estas horas.
Pasado el tiempo, 28 imputados, siempre a través de sus abogados, manifestaron la intención de la terminación del juicio tras la negociación de una reparación integral. La gran mayoría de ellos proponen pagar el monto del embargo que se les trabó entonces, obviamente, actualizado por tasa activa del Banco Nación.
Hay otro universo más ya que 8 imputados, entre los que hay exfuncionarios, se anotaron para participar de una audiencia en la que se debería tratar el asunto. Otros, en cambio, pidieron prórroga ya que consideran que son decisiones patrimoniales que deben pasar por el directorio de sus compañías.
En los despachos por donde pasó este expediente, sean los juzgados o en las oficinas del Ministerio Público Fiscal -en la causa intervinieron Carlos Stornelli y Fabiana León-, están convencidos que agotadas todas las instancias y ante la proximidad del juicio oral, este intento de evitar sentarse en el banquillo de los acusados podría ser una más de varias medidas dilatorias.
Ya se intentó todo lo que se pudo. Durante años abrieron causas paralelas, tacharon de falsas las fotocopias y los cuadernos, intentaron correr a los fiscales, y hasta lograron un fallo, que luego se revirtió, para que todo pase a la justicia electoral. Hace un par de semanas se terminó la pericia sobre los cuadernos originales, y entonces, después de siete años, terminó la discusión. Ahora queda el juicio y entonces, aparecen las billeteras.
Formalmente, conocida la voluntad de los imputados, podría fijarse una audiencia para conocer el sistema de reparación que cada uno ofrece. Luego, la fiscal León y también la Unidad de Información Financiera, que maneja Paul Starc, y que también es querellante, deberán sentar posición respecto de cuál es su postura.
En caso de que se opte por cambiar reparación por impunidad, hay que recordar que no se reconocen los hechos como sí sucede en el juicio abreviado, pues llegará el tiempo de cuantificar el monto que cada uno debería pagar, además de establecer algunas otras cuestiones como si el dinero tendría alguna afectación específica.
La iniciativa, seguramente, despertará el debate. ¿Puede ser suficiente una reparación integral a cambio de un sobreseimiento? ¿Es posible comprar impunidad con dinero, incluso en el extremo que lo que se aporta bien podría ser producto de los actos corruptos que se terminan de sobreseer? ¿Puede terminar el juicio de corrupción más importante de los últimos años con un acuerdo millonario?
Muchas sociedades modernas finalizan sus entreveros judiciales con pactos de este tipo pero, en general, se reconoce el hecho que determina la indemnización.
